Dos jueces de la Cámara Federal de Casación Penal avalaron que su colega Gustavo Hornos, uno de los visitantes asiduos de Mauricio Macri a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, siga interviniendo en una causa donde el propio expresidente está imputado. Se trata del expediente en el que María Servini investiga amenazas y extorsiones a los accionistas del Grupo Indalo, y que tiene como prófugo al exoperador judicial Fabián "Pepín" Rodríguez Simón. En una decisión de clara protección corporativa los camaristas Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi señalaron que no hay motivos suficientes para sostener que "la intervención" de su compañero de tribunal "pueda vulnerar la garantía de imparcialidad". Una semana atrás el Tribunal Oral Federal 8 (TOF8) cuestionó con dureza tanto a Hornos como Mariano Borinsky al resolver en la causa Memorándum al considerar, a raíz de sus contactos con Macri, que no había dudas de su falta de imparcialidad al menos en ese emblemático expediente. 

Hornos mismo se había excusado en la causa por "motivos graves de decoro y delicadeza". Como es conocido ya, este juez visitó a Macri al menos ocho veces durante su gobierno y cuando debía tomar decisiones judiciales sobre las que el propio exmandatario mostraba públicamente interés. Ahora debe decidir asuntos en los que directamente está involucrado. 

Mauricio Macri en el centro de la causa

En el expediente en juego son investigados Macri y otros exfuncionarios como su exjefe de asesores José Torello, el exvicejefe de gabinete, Mario Quintana, los extitulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli, los empresarios Ignacio Rosner y Orlando Terranova, entre otros. Rodríguez Simón pidió refugio político en Uruguay cuando debía presentarse a la indagatoria y se quedó, en rebeldía, en el país vecino, con una orden de captura y un pedido de extradición que debe ser resuelto allí. 

El eje de la causa es la persecución a Cristóbal López y Fabián De Sousa, a través de presiones y del intento de desapoderarlos de sus medios de comunicación (como C5N y Radio10) durante el gobierno de Macri, utilizando dependencias públicas con fines privados. La causa tiene un procesado ya, que es Sebastián Paladino, exsubdirector de recaudación de AFIP: se le atribuyó abuso de autoridad por haber creado una herramienta informática para controlar específicamente a las empresas de López y De Sousa, a las que se impusieron restricciones y exigencias impositivas diferenciadas para ir debilitando a sus empresas. 

Gemignani y Riggi: para qué están los amigos

Los colegas de Hornos, Gemignani y Riggi,  consideraron que "las razones que el magistrado invoca en su informe no brindan sustento al apartamiento solicitado, pues no resultan suficientes para sostener que su intervención en autos pueda vulnerar la garantía de imparcialidad". "...No se advierte --sostuvieron-- la existencia de elementos objetivos que abonen un temor de parcialidad...". 

Invocaron para eso un antecedente de la Corte Suprema que rechazó excusaciones con el argumento de que  por "la integridad de espíritu de los magistrados, la elevada conciencia de su misión y el sentido de la responsabilidad que es dable exigirles, pueden colocarlos por encima de cualquier sospechas de parcialidad y, en defensa del deber cumplir con la función encomendada, conducirlos a no aceptar las sospechas...". La querella de De Sousa y López lo recusará. 

La opinión contraria del Tribunal Oral 8

Los jueces que analizaron la actuación de Hornos y de Borinsky en el caso Memorándum se pararon en otro ángulo. El voto de la jueza María Gabriela López Iñíguez --con el que estuvieron alineados sus colegas Daniel Obligado y Juan Michilini-- decía que a partir de que se conocieron las visitas a Macri, que fueron señaladas en esa causa por las defensas, que ya habían recusado a los casadores, "se consolida el temor de parcialidad que vienen padeciendo y planteando", "sustentado principalmente en la sospecha de la existencia de alguna clase de influencia o injerencia del Poder Ejecutivo Nacional, ejercido en ese momento por Mauricio Macri, sobre algunos miembros del Poder Judicial, en relación con causas penales que involucraban a rivales políticos del primero". 

La pérdida de imparcialidad para el tribunal está fuera de discusión. Hornos y Borinsky son investigados, además, por el Consejo de la Magistratura y en una causa penal. El aval a Hornos de sus compañeros sólo parece un gesto protector que, a la hora de las decisiones en la causa, tal vez tenga un impacto dilatorio.