Desde el Hospital de Salud Mental "Doctor Miguel Ragone", organizaron para hoy la Segunda Jornada de Sensibilización en Salud Mental, denominada “De poetas y locos todos tenemos un poco”. Será en la plaza central 9 de julio de la capital salteña e iniciará desde las 9 hasta las 14, con el objetivo de visibilizar el paradigma de salud mental propuesto por la Ley Nacional N° 26.657, de Salud Mental, y abordar la no estigmatización del padecimiento mental.
Entre los participantes, estarán los equipos de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones de la provincia de Salta. Este medio, dialogó con el psicólogo Horacio Ligoul, quien temporalmente se encuentra a cargo del organismo, ya que su titular Irma Silva, está con carpeta médica. El profesional repasó lo que significó la pandemia en Salta y cómo impactó en el estado psicosocial de las persanas.
Ligoul, sostuvo que es importante considerar a la salud mental como parte de la salud general de las personas y del sistema público. Dado que "no podemos pensar en la idea de una persona sana, si no está con la posibilidad de contar con su salud en el orden de lo mental", afirmó. Sobre todo, en un contexto social donde sigue presente la pandemia, y que en los primeros meses del 2020, mantuvo períodos de Aislamiento Social (ASPO).
Destacó que fue a causa de ese aislamiento, que se visibilizaron más los padecimientos mentales. Más allá que aún no cuentan con estadísticas cerradas, aseguró que "existió un incremento de las consultas que tienen que ver con trastornos de ansiedad", ya que su manifestación más visible son los conocidos ataques de pánico. También dijo que se dio una suba en los cuadros depresivos, provocados precisamente por una soledad obligada.
Otro padecimiento que creció fue el del temor. No sólo vinculado a la muerte, sino a la pérdida de la fuente laboral; ya que estas dos acciones lamentablemente se incrementaron a causa de la peligrosidad de la pandemia.
Esas aseveraciones por parte del psicólogo, se dieron por un aumento visible en la demanda del sistema de salud público. "Hemos visto una necesidad mayor de la gente por tener alguna instancia de contención" profesional, precisó. Ligoul, también ejerce en el ámbito privado y notó que un pequeño porcentaje de las personas usuarias de los servicios de salud mental que ya eran asistidas, agravaron su condición.
Es por eso que desde la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, implementaron todo el 2020, una línea telefónica de atención de urgencia. También dejaron una línea de atención destinada exclusivamente a los equipos de salud. En ambos casos, eran guardias con psicólogos profesionales. "Se fue trabajando para poder brindar un espacio de tele asistencia para toda la provincia", aseguró, dado que sólo se podía utilizar ese recurso por las restricciones y porque los hospitales sólo atendían consultas vinculadas a la Covid-19.
Recién este año, toda la atención telefónica se derivó a la línea 148, de atención ciudadana. Y desde julio, la atención también se retomó en los centros de salud, siendo un factor importante que mermó las consultas en línea.
Ligoul destacó que es un buen indicador que las personas se acerquen por voluntad propia porque "todo lo que tenía que con la salud mental y los consumos problemáticos, eran tabúes". Eso provocó durante mucho tiempo que las personas se resistan a la ayuda profesional. Pero señaló que en la actualidad, existe una "disminución en la estigmatización de todo lo que tiene que ver con la llamada locura".
"Hoy en día la gente está más libre para buscar una consulta y ayuda profesional", lo que lleva a que las personas ya "no estén tratando de ocultar" algún padecimiento que crean estar sufriendo.
Cambio de paradigma
Un gran aporte para esos cambios, vino de la mano de la Ley Nacional N° 26.657, promulgada en 2010; que significó un cambio de paradigma en la concepción de salud mental. Con la nueva ley, se garantiza el derecho a la protección de la salud mental con un enfoque de derechos humanos. De esta forma, se eliminó el modelo tutelar que se le asignó históricamente a las personas con padecimientos mentales, y se impulsó un abordaje integral e interdisciplinario junto al entorno de la persona afectada.
"Con la ley nacional venimos trabajando hace bastante tiempo", dijo Ligoul, aunque destacó que a 11 años de su puesta en marcha aún encuentran resistencia o discusiones. Explicó que permanentemente se ataca la legislación porque se dice que con ella, se está en contra de las internaciones. "En realidad, esto no es así", afirmó.
Señaló que en ese aspecto, juega un papel importante el preconcepto que dice que aquella persona que sufre una discapacidad psicosocial debe ser internada inmediatamente. "Se piensa que la única intervención válida es la internación, pero esa es una de las posibilidades", lo que no deja de lado, que si una persona realmente lo requiere, así se hace.
Aclaró que no todos los casos ameritan internación, ya que en ella también se implementan las restricciones a las personas. Contó que en algunos casos, los procesos de rehabilitación suelen ser largos, y que adoptar intervenciones de orden restrictivo, genera una gran dificultad en la propia reinserción social porque las personas enfrentan estigmatizaciones, que luego son trasladadas a otros escenarios, como el laboral.
Por eso, también apeló a que se comprenda que cualquier padecimiento mental puede tener origen en situaciones familiares o sociales, por lo que resulta fundamental, generar abordajes en los círculos sociales de la persona usuaria. Es por eso, que destacó el trabajo en los territorios que realizan los profesionales de la salud porque es "saludable, evita la estigmatización y que se continúen generando síntomas".
"Cuando nosotros restringimos las posibilidades de alguien, no estamos colaborando a su salud mental", expresó. Para un mayor entendimiento, el psicólogo volvió a los inicios de la pandemia, donde las personas tuvieron que dejar su actividades sociales y recreativas, provocando que empiecen a sentir problemas en su salud.
Actualmente en Salta, el hospital Ragone es el único lugar donde están permitidas las internaciones. Su director, Fernando Acuña, explicó que se dan dos modalidades en este tipo de intervención. La primera, se definen como las guardias, donde los profesionales tienen un plazo de 24 a 72 horas, para resolver cualquier situación aguda. En caso de no obtener un pronto resultado, se procede a la internación de 60 días, hasta que la situación se resuelva, y se adopten mecanismos de reinserción.
Actualmente existen 95 personas internadas y se dan 5 mil consultas mensuales en los consultorios externos. "Lo que nosotros tratamos de hacer desde el hospital es romper con las lógicas manicomiales dentro del sistema de salud y también socialmente", expresó Acuña.
Que la Justicia también se capacite
Liogul destacó que por años la Justicia jugó un papel determinante con las personas con padecimientos mentales, porque la propia sociedad recurría a este poder, ya que no conocían otro tipo de intervención. "La Justicia ordenaba a demanda de las personas una internación compulsiva", convirtiendo a los jueces en personas que definían un tratamiento cuando no están capacitado para ello.
En ese sentido, dijo que en muchos casos, esas resoluciones de internación no resultaban efectivas por la carencia de un diagnóstico previo. Por su parte, Acuña dijo que ya no se debe discutir la Ley de Salud Mental, sino que es necesario pensar en una mejor implementación. Por eso, señaló que lo que debería hacer el Poder Judicial antes de emitir alguna sentencia, es pedir una evaluación a los equipos de salud.
"La Justicia es la misma que intenta romper con la Ley de Salud Mental porque todavía quedan algunos jueces que disponen de internaciones", reclamó. Si bien, dijo que esas acciones disminuyeron en la Capital, no se da lo mismo en localidades del Interior. Por lo que, insistió en que los letrados deben pedir una evaluación y saber si es o no necesaria algún tipo de internación.
En ese aspecto, señaló que avanzaron bastante con los jueces de Ejecución y Sentencia, ya que trabajan de forma conjunta con el Ministerio de Seguridad de la provincia por las personas que son sentenciadas y declaradas inimputables. Acuña expresó que se debe apelar a una medida de seguridad curativa, que involucra que "hay que buscar la reinserción de la persona".
También aseguró que de la misma manera se debe avanzar en el interior de la Capital, porque las derivaciones se continúan realizando al hospital Ragone. Aseguró que para trabajar en pos del paciente, lo primero es saber que "no todo se resuelve en el Ragone"; y segundo, que "no se puede lograr un efectivo tratamiento" si únicamente se trabaja con la persona involucrada, dejando por fuera todo su ámbito familiar y social.
Por eso indicó que un objetivo próximo es lograr la descentralización los consultorios externos y llevarlos a los centros de primer nivel de atención, que son los centros de salud. A modo de acción, sostuvo que ya es innimente que se instalen cuatro consultorios externos en la ciudad de Salta, dos, en zona sur; y dos, en zona norte.
Explicó que con los consultorios externos en los barrios se puede dar un tratamiento de manera ambulatoria y además, se hace más accesible para las personas, evitando que vayan al hospital. Muchas veces, la sola asistencia en el lugar refuerza el estigma en las personas que asisten, como en la propia institución. Por eso, destacó los trabajos comunitarios que se vienen dando en cumplimiento de la Ley Nacional, como es el Centro de Día, que hoy tiene 26 pacientes.