La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (Adiunsa), dio a conocer ayer que los docentes salteños no pudieron ser beneficiarios de dos programas nacionales, que surgieron con la intención de reparar la precarización salarial en el sector. En ese sentido, el gremio denunció que el motivo fue la inacción del Rectorado de la Universidad Nacional de Salta (UNSa)

Las autoridades universitarias, dijeron a este medio, que los anuncios y plazos para ser incluidos en dichos beneficios llegaron a destiempo, lo que provocó que la Universidad salteña, no pueda acceder a los fondos que ya fueron entregados a diferentes universidades del país. Por lo que desde el Rectorado, informaron que buscarán la manera de solventar económicamente a los docentes mediante el uso de fondos propios.

El lanzamiento de dichos programas estaban a cargo de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) de Nación, y surgieron como parte de la Paritaria Nacional de este año. Para acceder a ellos, cada universidad debía enviar un listado de docentes que aplicarían para dichos beneficios. Por un lado, está el Programa de Regularización de Auxiliares docentes ad honorem y contratados con funciones docentes frente a un curso; y por el otro, el Programa de Permanencia de ayudantes de primera rentados. 

El secretario general de Adiunsa, Diego Maita, afirmó a Salta/12 que ambas políticas son una "reparación histórica" al sector docente. Explicó que el Programa de Regularización, incluye a los docentes que trabajan bajo la conocida condición de "adscriptos", donde no perciben una retribución económica pero mantienen un rol docente. Con la nueva política cobrarían por el trabajo. 

Mientras que en el segundo, de Permanencia, corresponde a los trabajadores Auxiliares de Primera, "que es el cargo base que tiene la docencia universitaria". En este caso, los beneficiarios eran profesionales que ejercen hace más de 15 años como cargo único. Con el beneficio, estos docentes podían promocionar a Jefe de Trabajos Prácticos (JTP), lo que posibilitaría un 20% de aumento en el sueldo.  

En Salta existe una planta docente estimada de 2.600 profesionales, que contiene "muchos auxiliares de primera" porque simplemente no hay presupuesto para otorgar cargos nuevos, como el de JTP. "No hay vacantes", expresó la autoridad gremial, por lo que señaló que ambas disposiciones nacionales hubieran permitido "jerarquizar" la tarea docente. 

Maita contó que al enterarse que se iban a poner en funcionamiento los programas, se dirigió a las autoridades universitarias para consultar cuál iba a ser el esquema de trabajo que se adoptaría con la intención de aportar y facilitar la tarea. 

Sin embargo, afirmó que consultó a cuatro autoridades, entre las que se incluyó a la vicerrectora Graciela Morales, pero la única respuesta que obtuvo fue que "no sabían nada de estos programas y empezaron a averiguar por pedido nuestro". 

Por su parte, la vicerrectora dijo a Salta/12 que el 1 de junio, llegó la resolución dando a conocer el lanzamiento de los programas; pero en la misma disposición, se dejaba en claro que el listado debía ser enviado hasta el 15 de abril. Es decir, el aviso llegó con dos meses de atraso e impidió el envío a tiempo del listado. Como consecuencia, la UNSa quedó fuera en la distribución de los fondos. 

Ante esta situación, Morales aseguró que sacarán prontamente un comunicado y responderán a la nota que envío Adiunsa el 1 de octubre. Allí el gremio expresó su preocupación y pidió una respuesta urgente. Morales dijo que resolverán la situación con fondos propios. 

"Hay un derecho que se consiguió mediante la lucha gremial para una importante cantidad de trabajadores y la UNSa, perdió esos fondos", lamentó Maita. En ese sentido, exigió que desde la Universidad "se hagan cargo de ese perjuicio económico porque no fue culpa de los compañeros, sino un problema de (las autoridades de) la UNSa que no gestionaron los fondos". 

Además, dijo que la docencia salteña "no tiene por qué privarse de esos beneficios cuando estuvo la plata y la inacción de la Universidad" provocó la pérdida de los mismos. 

De acuerdo a las disposiciones publicadas en el Boletín Oficial Nacional, en el caso del Programa de Regularización, fueron 25 las universidades públicas beneficiadas, con un presupuesto de $149.896.195. Mientras que en el Programa de Permanencia, se constató la asignación de un presupuesto de $99.985.745, distribuido en 28 universidades del país.

Conducta anti sindical

En la misma semana, Adiunsa también denunció la proscripción en una reunión que fue convocada con las principales autoridades universitarias para evaluar el regreso a la presencialidad plena en Salta. El gremio recibió la invitación a participar de parte de la vicerrectora Graciela Morales, para un encuentro convocado a las 9, el martes último, del cuál participaría Maita, en su calidad de secretario general. 

"A las 9 pedimos admisión y no me dejaban entrar", contó Maita, por lo que inmediatamente le escribió a Morales, que le avisó que el control de admisión estaba bajo el mando del rector Víctor Claros. La vicerrectora le pidió unos minutos para solucionar el conflicto, y recién pudo "entrar" al encuentro 30 minutos después, donde vio que no estaba presente el rector. 

El secretario general estuvo sólo 10 minutos y se cortó su conexión. "Vuelvo a consultar a la vicerrectora y me señaló de forma textual que lo sentía, pero 'lo ordenó Víctor'", en referencia a Claros. Maita aseguró que su desvinculación del encuentro, "equivale a que en una reunión presencial te saquen a la fuerza", cuando fueron invitados y además, correspondía hacerlo debido a que se iban a establecer las pautas para el regreso total a la presencialidad. 

Desde Adiunsa sostienen que la actitud que se adoptó por parte del Rectorado, representó un abuso de poder, una práctica desleal y una conducta anti sindical. "Esos son delitos", precisó Maita, que adelantó que iniciarán  las acciones legales correspondientes. En tanto, Morales dijo que en el encuentro no se llegó a definiciones concretas y que por la denuncia de proscripción de Adiunsa, no emitiría opinión. 

En ese sentido, Maita manifestó su preocupación por cómo se construyen las "decisiones importantes" que involucran a toda la comunidad universitaria, dado que "no llega ningún aviso formal o comunicado" que exprese las posiciones universitarias. Contó que desde que empezó la pandemia, tuvieron sólo tres reuniones "amplias" donde existía una posibilidad de toma de decisión. 

"Hay una discontinuidad muy grande", expresó, intentando comprender si se debía a alguna decisión para "descomprimir las tensiones que se van creando hacia adentro", o, "si de verdad hay algún tipo de intención de que no participe la comunidad universitaria". Cuestionó, que en esos tres encuentros, "nunca llegamos a ninguna conversación en términos de acuerdo".