Hace 48 horas, ni en sus pensamientos más pesimistas Rubén Méndez hubiese imaginado la complicada situación en la que se encuentra inmerso, tanto desde lo judicial, como desde lo político, y que se desencadenó por una denuncia anónima acusándolo de enriquecimiento ilícito, lo que derivó en 18 allanamientos que dejaron de resultado 200 millones de pesos (en dólares, euros y billetes argentinos) y autos de alta gama secuestrados.

Ayer, en un trámite express, ingresó en el Senado salteño un proyecto de intervención a la intendencia de Salvador Mazza enviado por el Ejecutivo provincial, y que horas más tarde obtendría media sanción.

El accionar sorprendió incluso a los legisladores, quienes ya estaban sesionando y debieron solicitar un cuarto intermedio para recibir al ministro de Gobierno, Ricardo Villada, quien en una reunión de alrededor de media hora fundamentó la iniciativa.

Al regreso del receso, Manuel Pailler, como representante del departamento San Martín, donde se encuentra la localidad de Salvador Mazza, fue quien justificó la intervención y lo hizo apuntando a las imputaciones que pesan contra el jefe comunal de aquella localidad. “Esto ya viene de hace varios años”, sostuvo y recordó que ya en el 2017, él había presentado un proyecto de intervención de ese municipio, pero en aquel momento la Cámara no lo había acompañado con dictamen positivo.

También rememoró que Méndez había afrontado un juicio político en ese mismo año y enumeró las denuncias que pesan en su contra, así como todos los incumplimientos a la Carta Orgánica por parte del mandatario, como no contestar los pedidos de informe y no rendir cuentas al Concejo Deliberante.

El proyecto fue aprobado por unanimidad, y seguramente el próximo martes obtendrá la sanción en la Cámara de Diputados, en donde también se presentó una iniciativa similar firmada por Ramón Villa y Santiago Godoy. Una vez en vigencia, el municipio quedará intervenido hasta el 10 de diciembre de 2023. Ese año, en las elecciones provinciales, se elegirá un nuevo mandatario.

Villada explicó que lo que pretenden es salir de la crisis que se generó, “siempre respetando las autonomías municipales”, por eso aclaró que solo se intervendrá el Ejecutivo y no así el Concejo, que está funcionando correctamente. Pero subrayó que no están haciendo valoraciones sobre la conducta personal de Méndez y cree en el accionar de la Justicia, a la que le pidió celeridad, “solo hacemos una valoración del tipo institucional y creemos que hay que intervenir para que el municipio funcione normalmente”.

“Está vigente una Ley que declara la emergencia socio sanitaria para tres departamentos del Norte, más la pandemia, y es inminente la reapertura de las fronteras, por lo que se requiere de una conducción municipal que preste atención a todas estas situaciones”, agregó el funcionario.

Sobre quién podría ocupar el lugar de Méndez, nadie se animó a adelantar nombres, desde la Secretaría General de la Gobernación informaron que será el gobernador Gustavo Sáenz quien en los próximos días lo designe. 

Licencia e interinato

Ayer por la mañana el Concejo deliberante de la ciudad fronteriza de Salvador Mazza decidió aceptar el pedido de licencia que presentó el intendente Rubén Méndez, un rato antes de que se conociesen las 12 imputaciones que incluyen al propio jefe comunal, sus familiares y allegados.

De esa manera, el cuerpo de ediles decidió, siguiendo lo estipulado por la Carta Orgánica municipal, que la intendenta interina será la presidenta del Concejo, Marisa Valdiviezo, una de las más acérrimas opositoras y una de las que sostuvo las acusaciones permanentemente contra Méndez y su gestión.

Luego del fuerte operativo realizado en el día de ayer, en el que se incautaron un total de 854.178 dólares, más de 9.000 euros y 34.342.350 pesos, más dos automóviles BMW de alta gama, dos camionetas Ford Raptor, celulares, tarjetas prepagas de celular, documentación y un arma con municiones, los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, y Pablo Cabot, de la Fiscalía Penal de Tartagal, decidieron imputar al intendente junto a once personas de su entorno.

Durante la audiencia, los imputados se presentaron con abogados particulares, según informaron desde el Ministerio Público Fiscal. Todos se abstuvieron de declarar, menos el jefe comunal, quien lo hizo brevemente sin aceptar preguntas.

Doce imputados

El mandatario comunal de Salvador Mazza fue imputado por enriquecimiento ilícito; peculado, en tres hechos en calidad de coautor; peculado de servicios y trabajos en calidad de coautor; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales; incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

Con él, 11 personas más son acusadas por la fiscalía, entre ellos sus hijos, Ivanna Irene Méndez y Roque Maximiliano Méndez. Su ex pareja, Susana Angelita Palacio; la actual, Ángela Paola Beatriz Gijena; su hermano, Juan Marco Méndez. También un sobrino, Jesús José Antonio Reinoso Méndez, y hasta el hermano de la pareja actual, Jesús Manuel Gijena.

Mientras que también hay varios funcionarios implicados, como su secretario Privado, Oscar Rodolfo Gutiérrez; el secretario de Hacienda, Roberto Justo Balverdi; Roberto Orellana, secretario de Obras Públicas, y una contadora de la cual no dieron su nombre pero sería imputada hoy en la Ciudad Judicial de Salta.

A Rubén Méndez Salazar se lo acusa de enriquecimiento Ilícito, ya que aumentó considerablemente su patrimonio desde que asumió como intendente de Salvador Mazza, algo que no respaldan sus ingresos legales.

Adquirió a título propio un inmueble y cuatro vehículos: un BMW, modelo X6 XDRIVE 40I, a su nombre; una camioneta Ford Ranger Raptor 2.0L BIT 4×4 10AT, a nombre de su hija; un BMW, modelo M340I XDRIVE, a nombre de su hijo, y otra camioneta Ford Ranger Raptor a nombre de su expareja, Susana Angelita Palacio. Desde la fiscalía destacaron que ninguno de sus familiares “tienen capacidad patrimonial y financiera para realizar dichas erogaciones”.

Pero también se lo acusa de peculado junto a familiares y funcionarios, por sustraer caudales públicos percibidos en el puesto denominado Vove, en el que se cobra el pago a cuenta de contribución por las actividades comerciales, industriales o de servicios; y en el puesto denominado Guandacarenda, en el cual se percibe el pago de la Tasa de Reconstrucción de Pavimento por el Transporte de cargas. Méndez no presentó las rendiciones de cuentas de 2020 y tampoco del primer semestre de 2021.

A su vez, nunca presentó sus declaraciones juradas, ni tampoco las ejecuciones presupuestarias de 2020 y 2021. En cuanto a la imputación por negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, le imputan que hubo confusión de intereses públicos y privados. El intendente emitió la resolución Nº 31/20, que autoriza el funcionamiento de la asociación de transporte de carga denominada Asociación de Fleteros, Transportistas y Afines Emanuel, la cual está integrada con rodados de propiedad del mismo Méndez, que actúa como parte interesada por su actividad comercial particular en la distribución de bebidas.

El descargo

El abogado de los funcionarios, Roberto Moya, realizó declaraciones en el medio local La Cruda, en donde sostuvo que existen elementos más que suficientes para demostrar que sus asistidos “no tienen nada que ver con el delito, y que ellos no tienen autoría ni material ni intelectual”. “Todo se secuestró al intendente y sus familiares”, agregó.

“Es una presunción nada más y no poseen nada de valor como para culparlos”, dijo el abogado, y aseguró que tendrán que ser apartados del proceso. Pero también afirmó que Méndez podrá demostrar su inocencia debido a que puede justificar esas ganancias a través de su actividad privada. Tiene la representación de la firma Coca Cola en aquella ciudad.

“Detrás de esto hay una cuestión política, una mano negra que va a salir a la luz muy pronto, hay un intendente que está haciendo bien las cosas y un Concejo Deliberante que tiene ambiciones desmedidas”, manifestó Moya.

Méndez, por su parte, manifestó: “Estoy en perfectas condiciones de justificar todos mis bienes”, ya que aseguró que es un comerciante de frontera desde hace 35 años “y esos son los volúmenes de dinero que se maneja en el comercio internacional”, añadió. Más adelante acotó que en su actividad privada trabajó muy bien en los últimos tiempos “donde muchos empresarios nos vimos favorecidos cuando veníamos a Bolivia por el tipo de cambio”.

El jefe comunal, ahora en licencia y a punto de ser excluido de su cargo, tiene la exclusividad en la distribución de las gaseosas Coca Cola en el norte, así como la de varias marcas de cervezas.