La comisión investigadora sobre la pandemia del Senado de Brasil acusará formalmente con denuncias ante la Justicia brasileña al presidente Jair Bolsonaro por once delitos, entre ellos el genocidio de los pueblos indígenas, crímenes de lesa humanidad y el desvío de dinero público para comprar remedios sin eficacia contra el covid-19.

El anuncio lo hizo este viernes, el senador Renan Calheiros, relator de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI). Según detalló el funcionario, el próximo martes presentará su trabajo final con once acusaciones contra Bolsonaro además de decenas de funcionarios, exfuncionarios y aliados del Gobierno que según también habrían participado en el manejo legal e ilegal de las políticas públicas contra la pandemia.

"Estas acusaciones significan que el presidente no cumplió con su deber legal de evitar la muerte de miles de brasileños durante la pandemia. Por ejemplo, no hay dudas de que hubo un genocidio contra los indígenas en el manejo de la pandemia", dijo Calheiros a la radio CBN.

Los cargos contra el presidente deben ser elevados al Procurador General de la República y al Supremo Tribunal Federal mientras que personas sin fueros deberán ser acusadas por el Senado -que tiene poder de policía investigador- ante la justicia federal de primera instancia.

La comisión reveló -en base a testimonios públicos- un plan de un gabinete paralelo sanitario integrado por médicos negacionistas, que apoyaban a los médicos para que prescriban hidroxicloroquina y otros remedios supuestamente preventivos sin eficacia para tratar el nuevo coronavirus con el objetivo de combatir las cuarentenas y mantener la economía funcionando.

Calheiros aseguró que además de Bolsonaro también presentarán acusaciones a al menos otras 40 personas implicadas en la gestión de la pandemia de covid-19. Entre ellos está el general y exministro de Salud, Eduardo Pazuello, y su mano derecha en el ministerio, el coronel Elcio Franco.

El general Eduardo Pazuello, será también acusado por su rol en Manaos, estado de Amazonas, enviando remedios sin eficacia en diciembre y enero, cuando colapsó el sistema por la falta de oxígeno en los hospitales, causando muertes de pacientes por asfixia.

Según afirmó Calheiros al diario O Globo, el pedido de imputación a Pazuello no debería generar ningún tipo de roce con el Ejército. "El general Pazuello no fue investigado en ningún caso como militar, como general, como representante del Ejército brasileño". "Fue investigado como ministro de Salud", aseguró al matutino brasileño. "Una cosa es el Ministerio de Salud y otra el Ejército brasileño", añadió.

Brasil alcanzó el viernes pasado los 600.000 muertos por la pandemia. Actualmente los contagios se encuentran en los niveles más bajos por el avance de la vacunación, con el 46 por ciento de la población con el esquema completo y más del 70 con la primera dosis.

Bolsonaro no se vacunó ni se vacunará

El miércoles, Bolsonaro dijo que no se vacunará contra el coronavirus argumentando -falsamente según los médicos- que está inmunizado por los anticuerpos que posee tras haber contraído el virus en agosto de 2020. El mandatario firmó un decreto para mantener por secreto durante 100 años su cartilla de vacunación personal.

Según Calheiros, los delitos de Bolsonaro que deberá presentar la CPI son: crimen de epidemia con resultado de muerte, crimen de infracción a las medidas sanitarias preventivas (luchar contra el barbijo y aglomerar), empleo irregular de dinero público, incitación al delito, falsificación de documentos, prevaricato, genocidio de indígenas, crimen contra la humanidad, crimen de responsabilidad del cargo y crimen por homicidio por omisión durante el enfrentamiento a la pandemia.

Este viernes la Asociación de Víctimas y Familiares de Víctimas de la Covid (Avico), creada en abril para presionar al gobierno de Bolsonaro. La organización colocó 600 banderas blancas frente al Congreso brasileño en memoria de las más de 600 mil muertes asociadas al coronavirus desde que comenzó la pandemia."Este acto representa gran parte del dolor de cada una de estas familias y nuestra indignación por el desprecio del Gobierno por estas víctimas", afirmó Antonieta Alves, una de las participantes.

El próximo lunes familiares y víctimas de la covid-19 testificarán ante la comisión parlamentaria sobre su experiencia con la enfermedad. El martes el informe deberá ser leído en el Senado luego de casi cinco meses de investigación de la comisión, que el miércoles deberá votarlo.