Hacia octubre de 1821 se derrumbaba el antiguo régimen financiero en Buenos Aires, y la matriz institucional heredada del período hispánico daba paso a nuevos dispositivos para la financiación de una Hacienda naciente.

Por entonces, la deuda pública del gobierno de Buenos Aires alcanzaba la considerable suma de 1.598.224 pesos. El monto se aproximaría a los dos millones si se contemplaban “las acreencias cuyo esclarecimiento se está substanciando”, tal como lo señalaba aquel año Antonio de Dorna, encargado por la Hacienda para la elaboración de un informe sobre la deuda. Así, el Estado de Buenos Aires acumulaba deudas por un monto equiparable a la totalidad de los ingresos que la Tesorería había obtenido entre enero de 1820 y agosto de 1821, de acuerdo a las estimaciones de Tulio Halperin Donghi.

Aquella deuda se había estructurado con base en obligaciones de corto plazo resultantes de empréstitos forzosos, que desde 1813 dieron lugar a una multitud de letras negociables y admisibles en pago de derechos aduaneros. La escasez de moneda metálica en la plaza porteña, acicateada desde el inicio del conflicto revolucionario, había impulsado la monetización de dichos títulos. Pero su circulación por debajo del valor nominal estimuló su uso en la cancelación de obligaciones con la Aduana, donde eran admitidos por el total de su valor facial. De ese modo, la Tesorería aduanera -principal fuente de ingresos impositivos en Buenos Aires- se atiborraba de papeles depreciados, afectando la disponibilidad de unos recursos fiscales que urgían al gobierno.

Escasez de recursos

Entre tanto, la capacidad gubernamental para acceder a recursos por la vía compulsiva se debilitaba: en 1818 Pueyrredón comunicaba a San Martín que “aunque llene las cárceles de capitalistas” difícilmente obtendría fondos. Se advertía la necesidad de eludir la compulsión y apostar a la negociación para sostener el financiamiento de la Hacienda.

Consolidar la deuda se constituyó entonces como un objetivo prioritario para el gobierno de Buenos Aires. En 1818 se creaba la Caja Nacional de Fondos de Sud América, que recibiría en depósito aquellos títulos pagando intereses a los depositantes, para evitar su presentación en la Aduana. Así se procuraba transformar la deuda del gobierno en el “crédito de la nación”. 

Pero los tenedores de títulos -vinculados mayormente al comercio externo- no encontraron atractivas las tasas ofrecidas (aun cuando compensaban parcialmente la depreciación de los papeles). Para continuar accediendo a recursos financieros eludiendo la compulsión, la Hacienda debía adecuar su racionalidad a las expectativas cortoplacistas de los actores mercantiles.

Tras la caída del Directorio en 1820, el naciente Estado de Buenos Aires formaba un gobierno dispuesto a reconfigurar la matriz financiera para adecuarla a las expectativas del mercado. A instancias del ministro de Hacienda, Manuel José García, el gobierno bonaerense recogía una iniciativa de reestructuración firmada por Santiago Wilde, en base a la cual proponía a la Junta de Representantes un plan para consolidar la deuda mediante su amortización, promulgado finalmente el 30 de octubre de 1821.

Acreedores

Se creaba entonces la oficina de Crédito Público que reconocería los montos adeudados por el gobierno entregando a sus acreedores títulos conocidos como “billetes de fondos públicos”: papeles negociables que reportaban intereses pagaderos trimestralmente y que, a diferencia de los títulos preexistentes, eran redimibles. 

A su vez, se abría una Caja de Amortización, cuyo patrimonio (compuesto de aquellos “fondos públicos” emitidos, ingresos por ventas inmobiliarias de la provincia y recursos de la Aduana) se destinaría al pago trimestral de aquellos intereses y a la compra mensual de títulos, para extinguir la deuda. Entre tanto, las deudas asumidas y por asumir quedaban garantizadas por los bienes mobiliarios e inmobiliarios del gobierno, su recaudación fiscal y los créditos a su favor.

Se emitieron inicialmente “billetes de fondos” por cinco millones de pesos, con los que se esperaba no sólo consolidar la deuda preexistente, sino rescatar sus títulos y extinguirla en el mediano plazo. Pero estos billetes experimentarían un devenir conocido: su monetización en la plaza local comenzaba depreciarse, y a fines de 1823 corrían al 40 por ciento de su valor facial, tal como lo explicase detalladamente Samuel Amaral.

Librecambio

Su tasa de descuento, sin embargo, ahora operaba como barómetro del crédito detentado por el gobierno ante el público. En efecto, la cotización de los “billetes de fondos” era informada por el periódico El Argos de Buenos Aires. Reflotar su cotización resultaba urgente, y el gobierno destinó a la consolidación de dichos títulos una porción del empréstito externo contratado con Baring Brothers & Co., originalmente destinado a inversiones en infraestructura. La cotización repuntó. Pero también reforzó prácticas especulativas, y algunos tenedores comenzaron a acaparar títulos aguardando su alza en el mercado.

A fines de 1824 sólo se había amortizado el 10 por ciento de una deuda interna que por entonces, y según el estudio de Nicolau, ascendía a 7.100.000 pesos. Y tras nuevas emisiones, ya hacia 1827 el Crédito Público dejaba orientarse a la extinción de la deuda, transformándose en una vía regular de financiamiento dinamizada por la especulación de sus inversores.

Si el antiguo régimen se caracterizaba, entre otras cosas, por una difusa demarcación entre la dimensión pública y la órbita privada, la creación del Crédito Público hacia 1821 señala un hito en la construcción de un nuevo orden financiero en Buenos Aires, signado por el tenor librecambista de su política económica. 

La aparición de la banca rioplatense, en 1822, terminaría por delinear la nueva matriz institucional, procurando resolver la crisis monetaria de una soberanía endeble mediante el reemplazo de aquella monetización de la deuda pública por una monetización del crédito privado.

La distinción entre lo público y lo privado, abierta desde entonces, habilitó la adecuación de las finanzas públicas y de sus dispositivos institucionales a la racionalidad de un temprano sector externo, cuyos intereses hallaron en la Hacienda un inigualable campo de acción.

* Doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires e Investigador del Conicet.