El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia sentenció que la jura de Jeanine Áñez tras el golpe de Estado contra Evo Morales fue inconstitucional ya que "nunca hubo vacío de poder ni sucesión constitucional" que justificara la autoproclamación, que fue avalada entonces por la oposición y la jerarquía de la Iglesia. La resolución del TCP se respaldó en un fallo anterior en el que sostenía que "el reemplazo temporal no significa que el reemplazante se inviste el cargo de presidente o presidenta". 

La particularidad del fallo del TCP es que choca con otra sentencia anterior del mismo tribunal, cuando en medio del golpe a Morales validó la proclamación de Áñez, a pesar de no haber reunido quórum necesario aquel 12 de noviembre de 2019, cuando se consumó el golpe de Estado en Bolivia.  Entonces, el TCP consideró válida la proclamación de Áñez al considerar que "el funcionamiento del órgano ejecutivo de forma integral no debe verse suspendido" y que la línea sucesoria asume "ipso facto" la presidencia.

Ahora, Áñez se encuentra en prisión preventiva desde marzo acusada de "sedición, terrorismo, conspiración y genocidio", entre otros delitos relacionados con la represión de manifestaciones ocurridas en los días de la salida de Morales y su asunción. Y el TCP decidió modificar su posición respecto de la validez de su mandato al respaldarse en otra sentencia relacionada a los días del golpe. 

Se trata de un causa que enfrentó a Susana Rivero y Margarita Fernández Claure, quienes en noviembre de 2019 eran respectivamente vicepresidentas primera y segunda de la Cámara de Diputados, cuya jefatura había quedado vacante. Para ese momento, ya habían renunciado, además de Morales, el vice Álvaro García Linera, la titular del Senado, Adriana Salvatierra, y el de Diputados, Víctor Borda. 

En la controversia entre Rivero y Fernández Claure, el TCP falló a fines de septiembre que "el reemplazo temporal no significa que el reemplazante se inviste el cargo de presidente o presidenta". Para el máximo tribunal, entonces, Rivero conservaba su condición de responsable de Diputados, porque su renuncia nunca fue tratada por el pleno.

Áñez asumió la Presidencia de Bolivia tras ser proclamada sin quórum en un acto en el Senado el 12 de noviembre de 2019, horas después de que Morales abandonara el país en medio de fuertes presiones de la oposición y las cúpulas de las Fuerzas Armadas y la Policía. La mandataria de facto gobernó hasta el 8 de noviembre de 2020, cuando asumió el ahora presidente Luis Arce, correligionario de Morales y ganador de las elecciones del 18 de octubre de ese año.

El cargo que Áñez enfrenta por genocidio surge de la denuncia de familiares de las víctimas de la represión el 15 de noviembre de 2019 en el poblado de Sacaba, cercano a la ciudad central de Cochabamba, y el 19 de noviembre en la planta de gas de Senkata en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz. 

En un informe presentado el 18 de agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contabilizó que fueron 22 los muertos en ambos incidentes, a los que calificó de "masacres". 

También hay otros dos juicios en curso, aunque por la vía penal y ordinaria: uno por supuestos delitos de sedición, terrorismo y conspiración y el otro por incumplimiento de deberes públicos.