El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata le pidió al Servicio Penitenciario Federal (SPF) que informe cuál es la dependencia más adecuada para alojar al represor Miguel Osvaldo Etchecolatz, quien reclama que se le conceda la prisión domiciliaria. Ese reclamo recrudeció en las últimas semanas mientras la defensa del genocida alega que no están las condiciones para que continúe en prisión, por lo que el juez José Michilini, que subroga en el TOF 1 platense, requirió información con carácter de urgente.

Al menos dos veces por semestre llega un pedido de la defensa de Etchecolatz para irse a su casa en el bosque Peralta Ramos. Sin embargo, en el último mes, todo se aceleró después de que advirtieron que el represor de 92 años tenía un fuerte dolor en la espalda que le impedía la marcha, según surge de los informes de la causa. La Justicia ordenó una pericia al Cuerpo Médico Forense (CMF) con análisis completos para saber cuál es el estado de salud actual del exdirector de Investigaciones de la Policía bonaerense.

Los estudios aún no terminaron, pero a priori muestran que Etchecolatz necesita atención permanente. Desde el inicio de la pandemia, él está alojado en la Unidad 34 de Campo de Mayo. Según pudo saber Página/12, el jefe de esa dependencia respondió a la Justicia Federal de La Plata que ese “establecimiento no cuenta con la infraestructura necesaria para la cobertura médica acorde a sus patologías ni tampoco con la totalidad de los especialistas médicos”.

Las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos --que encabeza Guadalupe Godoy-- junto con la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata le reclamaron al TOF que el SPF informe en qué lugar podría alojarse Etchecolatz para ser tratado de acuerdo a sus necesidades. Durante mucho tiempo, Etchecolatz estuvo destinado al Hospital Penitenciario Central (HPC) del penal de Ezeiza, que tiene capacidad para tratar casos complejos y está cerca del Interzonal de esa localidad si llegara a necesitar una atención más específica. Las partes entendían que esa situación podría reeditarse.

El trabajo del HPC de Ezeiza estuvo enfocado en dar respuesta a los casos de covid durante la pandemia, que aún no terminó. El SPF, a cargo de María Laura Garrigós, deberá responder al oficio que salió este viernes por la tarde y dar los pormenores que consultaron desde el TOF 1. Fuentes remarcaron que en la Unidad 34 se habían hecho arreglos para que Etchecolatz pudiera desplazarse con su silla de ruedas.

Etchecolatz tiene nueve condenas por delitos de lesa humanidad en su haber y actualmente enfrenta dos juicios orales. Desde el año pasado está en el banquillo por lo sucedido en las brigadas de Lanús, Quilmes y Banfield con más de 400 víctimas y, desde el 30 de agosto, enfrenta junto a Julio César Garachico un proceso por lo sucedido con Jorge Julio López y otros seis compañeros en el llamado Pozo de Arana. Este juicio fue posible gracias a los testimonios que brindó López antes de su segunda desaparición.

El 30 de agosto, Etchecolatz participó de la apertura del proceso desde una sala de la U34. Se había colgado un cartel y un crucifijo del cuello y, al momento en que le tocó responder en la indagatoria, acusó a los jueces a grito pelado de estar violando “sádicamente” la Constitución y dijo que no los reconocía como tales por no ser sus jueces naturales. Quince días después del inicio de ese juicio, tuvieron que llevarlo a hacerse estudios al hospital por dolores en la espalda que le impedían deambular.

Etchecolatz volvió a la cárcel común en 2006, cuando el TOF 1 de La Plata le revocó la prisión domiciliaria durante el primer juicio que se llevó adelante en esa ciudad desde que la Corte declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El tribunal, presidido entonces por Carlos Rozanski, tomó esa determinación después de que Alejo Ramos Padilla, entonces abogado querellante, denunciara que el represor tenía armas en su casa, que él mismo había podido comprobarlo cuando habían ido con su padre, el juez Juan Ramos Padilla, a ejecutar un embargo y Etchecolatz apareció con un revolver diciendo que “tenía blanco”. El episodio concluyó con el actual juez federal de La Plata forcejeando con el genocida para sacarle el arma.

En diciembre de 2017, el TOF 6 de la Ciudad de Buenos Aires autorizó la salida de Etchecolatz de la cárcel y lo envió a su casa en Mar del Plata, lo que derivó en una ola de repudios. Después de 79 días que fueron una pesadilla para les vecines, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación revocó el beneficio y lo mandó nuevamente a prisión, diciendo que sus dolencias podían ser atendidas por el SPF.