La audiencia pública por el barrio de torres de lujo que el Grupo IRSA busca construir en Costanera Sur comenzó este viernes con un contundente rechazo de especialistas, comuneros y agrupaciones vecinales de la Ciudad. Especulación inmobiliaria, acceso al río excluyente, déficit habitacional, privatización de espacios verdes, impacto ambiental en zona de humedales y sobre el Barrio Rodrigo Bueno fueron algunos de los puntos denunciados por la ciudadanía que respondió los argumentos de los funcionarios del GCBA. En el segmento destinado exclusivamente a los vecinos y vecinas, que en total alcanzan casi 2600 inscriptos, el rechazo fue unánime y la discusión por el destino de las 71 hectáreas costeras de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors continuará el lunes.
La audiencia comenzó con la palabra de Alvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano porteño. Al igual que en el tratamiento en comisiones de la Legislatura, el funcionario presentó la propuesta de IRSA como una "recuperación costera". "IRSA le tiene que ceder a la Ciudad 48 hectáreas que se van a convertir en un gran espacio público sobre el Río de la Plata. La Ciudad ganará el 67 por ciento para un parque público", dijo García Resta, en un discurso que replicó en Twitter.
Lo curioso es que, acto seguido, tomó la palabra el arquitecto Miguel Mc Cormack, del estudio encargado del Plan Maestro de "Costa Urbana", quien presentó por primera vez a la ciudadanía los planos del proyecto: 50,9 por ciento para parque público y 49,1 para área edificable, se veía en las imágenes que contradecían a García Resta y mostraban que el parque prometido bajaba de 48 a 36,4 hectáreas. "En la mitad superior un parque público, en la otra un área a desarrollar con mixtura de usos", indicó el arquitecto. Cabe recordar que la cesión del 50 por ciento ya está prevista por el Código Urbanístico para los emprendimientos inmobiliarios privados que superan 1,5 hectáreas.
Como informó este diario, las imágenes mostraban que buena parte de lo que en teoría será parque no es más que agua del Río de la Plata, incluso del canal de la Reserva. "Hacen mención a un espejo de agua que es del río. ¿Un privado le cede a la Ciudad una parte del río? Es increíble que los legisladores vayan en contra de las leyes", respondió Ignacio Alvarez, presidente de la Junta Comunal N°4, en la que se encuentra el predio. El resto de lo "cedido" se compone de lo que Mc Cormack calificó como el "principal espacio público de las ciudades": calles.
"La Comuna 4 tiene el déficit habitacional más alto de la Ciudad. Me parece muy canalla andar contando plata adelante de los pobres, no hay un solo vecino de la Comuna 4 que pueda acceder a esos departamentos de lujo", agregó Alvarez sobre la Comuna en que se encuentra la Villa 21 - 24, el barrio popular más grande de la Ciudad. "Este proyecto no se va a integrar con las necesidades de la Comuna, no genera ningún beneficio y no tiene nada que ver con sus tradiciones", añadió el comunero del Frente de Todos (FdT). "El gran problema de la Ciudad es el déficit habitacional y Larreta prioriza los negocios inmobiliarios", coincidió Luciana Grossi, de la Comuna 1.
"No hay créditos ni plan de construcción de viviendas por parte del Estado porteño, acá no se están defendiendo los intereses de la gente que vive, trabaja y estudia en la Ciudad", sostuvo Amanda Martín, del Frente de Izquierda, única diputada porteña que tomó la palabra. En el Salón San Martín de la Legislatura estuvieron presentes varios de los legisladores del FdT, como María Rosa Muiños, Matías Barroetaveña, Javier Andrade, Juan Manuel Valdés, Claudia Neira, Lucía Cámpora y Claudio Ferreño.
"Más de 2500 vecinos y vecinas se inscribieron para decirle al GCBA y a Larreta que la Ciudad necesita mas espacios verdes y acceso público al río", señaló Barroetaveña antes de la audiencia, mientras que Andrade, vicepresidente de la Comisión de Planeamiento, agregó que esperaba que "todos los porteños y porteñas podamos definir la ciudad en que vivimos y que no sean los grandes desarrolladores inmobiliarios quienes la planifican".
A su turno, Marcela Millán, titular del Ministerio Público de la Defensa de CABA, se preguntó por el impacto de las torres de hasta 145 metros en el Barrio Rodrigo Bueno: "Con este mega proyecto, ¿cómo se piensa adecuar la infraestructura para los servicios públicos? ¿Cómo se garantiza el horizonte de integración y que el barrio no ingrese en un proceso de gentrificación?". Además, advirtió que los humedales de la Costanera, protegidos internacionalmente por la Convención Ramsar, son "críticos y esenciales". En este sentido, Emilio Rivoira, presidente del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, dijo que antes de aprobar el convenio, correspondería "dotarlo de estudios que analicen sus impactos, su factibilidad y costos sobre las infraestructuras de saneamiento, de energía y de soporte vial con el resto de la ciudad".
Tras la palabra de funcionarios, comuneros y especialistas, comenzaron a exponer los primeros de los 2593 vecinos y vecinas inscriptos. "Estamos viviendo una gravedad institucional inédita. En el tratamiento VIP de este proyecto volvieron a acumular severas irregularidades: firmaron el convenio sin los estudios de impacto y sin instancias de participación previas, votaron la primera lectura con mayorías inferiores a las que exige la Constitución. Ahora quieren que analicemos un nuevo barrio entero al lado de la Reserva con un informe técnico de 18 páginas, una verdadera impunidad", comenzó Jonatan Baldiviezo, titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), integrante de la Campaña Costanera Verde y Pública que presentó un proyecto de ley para expandir la Reserva Ecológica en el predio.
Baldiviezo, quien calificó a la política del GCBA como "plan sistemático de saqueo de lo público", agregó que "la Ciudad no necesita un nuevo Puerto Madero". Es que, minutos antes, Pablo Bereciartúa, secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri, había defendido el proyecto en nombre de la "experiencia Puerto Madero". Al igual que Bereciartúa, García Resta dijo que, con la pandemia, el sector privado quedó "muy golpeado" por lo que es necesario "ofrecerles las condiciones para que se desarrolle, potenciar su inversión".
"Eso
no se arregla regalándole plata a IRSA, no es justamente el pequeño comerciante porteño que quedó golpeado por la pandemia, todo lo contrario", respondió Julián Cappa, de la Junta Comunal 7. Con el cambio de usos deportivos a inmobiliarios que propone el proyecto, el predio de la ex Ciudad Deportiva, comprado por IRSA en 1997 por la módica suma de 50 millones de dólares, pasará a valer más de mil millones de dólares, a razón de 6 mil dólares el metro cuadrado. Solo con el dictamen de comisiones del proyecto, las acciones del grupo empresarial de Eduardo Elsztain aumentaron un 28 por ciento.
A su turno, Myriam Godoy, también del ODC, enumeró el listado de privatizaciones en la Ciudad: "Hay que pagar para entrar al Parque Sarmiento, Costa Salguero concesionada a cinco pesos el metro cuadrado, Plaza Houssay, el Tiro Federal que se vendió, el Ecoparque, los parquímetros, las grúas, la VTV, el subte, la limpieza de calles, el retiro de la basura, la Ecobici, todo está tercerizado", alertó Godoy. De los 70 vecinos y vecinas anotados para exponer este viernes, solo llegaron a hacerlo 45: todos se manifestaron en contra del proyecto. El resto de las exposiciones fueron postergadas para la próxima jornada a realizarse el lunes. El cronograma original de la audiencia estipula catorce jornadas hasta el 8 de noviembre.
