La Corte de Justicia de Catamarca hizo lugar al recurso de amparo presentado por Shirli Cordero, quien denunció penalmente al intendente de la comuna de Bañado de Ovanta, Epidio Guaraz por acosarla sexualmente. La joven había solicitado que se declare la nulidad del decreto comunal que inhabilitaba a su comercio para poder trabajar, aduciendo que fue clausurado como represalia por no acceder a las propuestas amorosas del funcionario.

El fallo de la Corte fue dado el 13 de octubre y establece "declarar la nulidad del decreto N°23 del 26 de mayo de este año mediante el cual se ordena la clausura del establecimiento San Antonio Bar Hospedaje”, propiedad de Cordero.

En ese decreto, emitido irregularmente y mediante el cual "se vulneró el derecho de defensa de la joven", se imponía una multa por la supuesta falta de pago de la habilitación y la intimaba a abonar la suma adeudada.

El comercio, ubicado en la localidad de Bañado de Ovanta, había sido habilitado en octubre de 2020 por un lapso de 4 años por la suma 38 mil pesos. Sin embargo, y aunque estuvo la intensión de pago, el intendente Guaraz, frente a testigos, le condonó la deuda a la joven

No obstante, en febrero de 2021, comenzó a enviarle mensajes amorosos, y ante la negativa de Cordero de acceder a sus propuestas, en abril de 2021 recibió una notificación intimándola al pago de la deuda bajo pena de dar de baja la habilitación. La joven intentó pagar, pero no pudo hacerlo por la negativa del cobrador del municipio. En mayo, y al ver que Cordero no aceptaría sus propuestas, Guaraz clausuró el negocio, pero sin dejar de insistir con sus propuestas sexuales.

Ante esta situación, Cordero denunció penalmente al Intendente por acoso sexual y coacción y paralelamente presentó el recurso de amparo en la Corte de Justicia para poder seguir trabajando.

Natalia Páez, abogada de la joven, explicó que además de hacer lugar al recurso de amparo presentado para que se le devuelva el derecho a trabajar a su pupila, “la Corte fijó una clara postura sobre el hecho asegurando podría constituir un delito de violencia de género y piden remisión de copias a la justicia penal. Con esto, creo que la fiscal Antonella Kranevitter no puede dejar de imputar en forma inmediata a Guaraz”, dijo.

La causa penal lleva cuatro meses estancada en la fiscalía. Hasta la semana pasada estuvo en manos del fiscal Ezequiel Walther, pero ahora ocupará su cargo Kranevitteñr.

Pericias

Guaraz, había sido denunciado un día antes que Cordero por otra joven. En este caso, la acusación fue por privación ilegítima de libertad con fines sexuales y violencia de género. Sin embargo, y aunque ley provincial 5434 de erradicación de la violencia contra las mujeres establece que los plazos debes ser sumarísimos en estos casos, las pericias psicológicas se concretaron recién hace dos semanas.

Por estas demoras, la víctima había publicado un escrito en sus redes sociales en donde interpelaba a la justicia: “¿Hasta cuándo debo seguir esperando para que la Justicia actúe?¿Hasta cuándo debo seguir esperando que el poder político obre según declama? O, acaso ¿La perspectiva de género sólo aparece en las redes sociales? ¿Acaso tengo que pensar que mi agresor está, como en otros tiempos 'comprando' con dinero del pueblo, a la justicia?, dijo en su momento.

El Intendente, quien cosechó más de una docena de denuncias penales desde que asumió y es reelegido como líder de su comuna desde el año 2007, aún tiene dos causas abiertas, una por abuso de autoridad y usurpación (2015) y otra del año 2012 por Fraude en Perjuicio de la Administración Pública. Pese a esto, siguió postulándose y fue avalado por el partido que representa.