La fiscala Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, y el fiscal Pablo Cabot, de Tartagal, remitieron ayer a la Justicia Federal información sobre la causa en contra el intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, ante la posibilidad de que también haya incurrido en delitos federales. 

“Es evidente, fue evidente, sigue siendo evidente, que en ese lugar se cometen permanentemente delitos de índole federal, tanto de contrabando como de narcotráfico (y evasión fiscal). Nosotros vimos, vemos y seguimos viendo que esto ocurre, no tenemos competencia para continuar interviniendo en ese sentido, lo que sí hicimos, y ya está hecho, es comunicar oficialmente a la fiscalía federal que corresponda lo que surja de nuestros informes, lo que es evidente y lo ven continuamente todos los días, para que procedan a investigar lo que es de su competencia”, aseguró la fiscala en una conferencia de prensa convocada por el Ministerio Público Fiscal de Salta para dar detalles del procedimiento realizado el miércoles último en el pueblo que limita con Bolivia. 

El mismo jefe comunal, al tratar de justificar el cuantioso dinero que se le secuestró de su vivienda, dijo que sus ingresos provenían de la empresa familiar que tiene desde hace 35 años con la que transporta bebidas al país vecino. "Estaría reconociendo un delito federal" de contrabando, sostuvo ayer la fiscala cuando se le consultó sobre estos dichos. 

En los 18 allanamientos realizados el miércoles en domicilios de once personas involucradas en la investigación se secuestraron unos 200 millones de pesos, 854.178 en dólares estadounidenses; 9.070 en euros y 34.342.350 de pesos argentinos. Si bien en un primer momento se había informado que ese dinero se había incautado de la casa de Méndez, ayer la fiscala dijo que también hubo secuestros en viviendas de los otros imputados, parientes del jefe comunal y funcionarios de su gestión. 

Salinas Odorisio precisó que se sospecha que una de las fuentes de ese dinero sean los puntos de recaudación establecidos por el municipio en el ingreso a Salvador Mazza. "El destino de todos esos camiones termina siendo el contrabando y se cobra un porcentaje de esas cargas. Nosotros con el trabajo de las contadoras vamos a cuantificar, pero son millones por día y no ingresan al municipio. Tenemos documentado el traslado de ese dinero a los domicilios, y en ese punto necesitan quien cobre, quien busque, quien lleve, quien reparta”, sostuvo la fiscala al asegurar que la Unidad Fiscal que investiga estos hechos ya presentó al juez de Garantías interviniente un informe detallado con la función que cumplió cada uno de los imputados, a quienes se sindica como integrantes de una asociación ilícita que cometió distintos delitos.

A Méndez, que está señalado como el jefe de esta asociación, también se lo imputó por peculado, porque se determinó que "utilizaron maquinarias y personal de la municipalidad para acondicionar un camino ilegal por un paso fronterizo no controlado, que se conoce como El Chorro". Este es uno de los hechos por el que se informó a la Justicia Federal, dado que el contrabando es de esa comptencia. 

El imputado número 12 

Por otra parte la fiscala informó que "en las próximas horas" se hará la audiencia de imputación a otra persona, cuya identidad prefirió reservar por el momento. “El imputado número 12 todavía no lo vamos a dar a conocer porque no fue imputado”, indicó. Por trascendidos, se señaló a una contadora que reside en la ciudad de Salta y cumpliría funciones en la Casa de Gobierno. 

Los otros once, todos residentes en Salvador Mazza, fueron imputados formalmente en la ciudad de Tartagal. A Méndez se le atribuyen los delitos de enriquecimiento ilícito; peculado y negociaciones incompatibles con su función. 

También está acusada su hija, Ivanna Irene Méndez, y su hijo, Roque Maximiliano Méndez. Y su hermano, Juan Marco Méndez, que es empleado de la municipalidad. Y están imputados la actual pareja del intendente, Ángela Paola Beatriz Gijena; su hermano Jesús Manuel Gijena, y la expareja de Méndez, Susana Angelita Palacio. 

Y cuatro funcionarios municipales fueron imputados: Oscar Rodolfo Gutiérrez, que cumplía funciones de secretario privado del intendente; el director de Cultura y Turismo Jesús José Antonio Reinoso Méndez, que es también sobrino de Rubén Méndez; el secretario de Obras Públicas, Roberto Orellana, y el secretario de Hacienda, Roberto Justo Balverdi.

La fiscala aseguró que con los allanamientos “Se pudo corroborar in situ delitos que estamos ya en condiciones de considerar terminada la investigación”, como la utilización de bienes municipales como vehículos en provecho propio del intendente. Y se documentó "la utilización de la camioneta (del municipio) de forma particular por parte de él y de su familia", que estaba en el domicilio del intendente cuando se hizo el operativo y ya fue "entregada a los concejales para que sea devuelta para el uso municipal, que es lo que corresponde”.

En libertad

En la conferencia de prensa, de la que también participaron el director del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), Pablo Rivero; el secretario de Seguridad, Benjamín Cruz, y el jefe de Policía, José Ibarra; entre otros funcionarios, la fiscala fue insistentemente interrogada por el hecho de que la Fiscalía no requirió la detención de Méndez. 

“No tenemos ninguna sospecha de que él pueda fugarse porque todos sabemos que ejerce una función pública y eso nos permite inferir que tiene un compromiso político y pensar que no existiría este peligro de fuga”, sostuvo la fiscala, que recordó que el jefe comunal se presentó a indagatoria como prueba de que tiene la intención de responder a los requerimientos de la justicia.

“Como cualquier ciudadano que demuestre que está a derecho, no hace falta pedir la detención”, insistió. “El objetivo de la Fiscalía es eventualmente lograr una condena, una inhabilitación y que si así corresponde todos los bienes secuestrados vuelvan a la comunidad de Salvador Mazza, como corresponde”, agregó.

“En ningún momento consideramos necesario pedir la detención de ninguno de los imputados”. “Estuvieron a derecho”, ratificó. Y destacó que “hay fuertes medidas restrictivas” como la prohibición de salida del país y “la inmovilización de los bienes”.

Ahorro con empresa que da pérdidas

Respecto al dinero secuestrado y a las explicaciones que dio Méndez, la fiscala informó que en la investigación preliminar verificaron las cuentas de las personas implicadas y constataron que "no hay dinero formalizado, ni de él ni de las personas involucradas. El dinero que encontramos está totalmente fuera del circuito financiero, fuera de la formalidad y fue encontrado en los distintos domicilios que allanamos”.

Agregó que las contadoras del CIF cruzaron datos con las empresas particulares con las que el jefe comunal trabaja, con la AFIP y con los distintos organismos de información, y pudieron "establecer de manera fehaciente que no tiene capacidad económica para tener el patrimonio tanto él como las personas” que fueron imputadas.

Es más, detalló que en su actividad privada, Méndez “registra pérdidas en los periodos 2020 y 2021, que fueron el objeto de nuestra investigación”.

Además del dinero, se secuestraron cuatro vehículos de alta gama, importados, aunque fueron comprados en el país en 2020.

La fiscala también destacó que el dinero incautado en los 18 allanamientos ya fue depositado en cuentas judiciales.

Por su parte, Rivero resaltó el breve periodo en el que desarrollaron la investigación, y contó que de los procedimientos participaron 240 personas en 26 móviles. También dijo que Méndez tiene causas en la Justicia Federal desde 2018, aunque no brindó más detalles.

Y el secretario de Seguridad recordó que Salta tiene tres pasos fronterizos, y que es necesaria mayor presencia de Gendarmería y recursos tecnológicos para controlar los más de 650 kilómetros de frontera.