La primera jornada del juicio oral por la detención y el homicidio de Calixto Salazar, cometido en septiembre de 1976, duró apenas minutos. Por este hecho están acusados, en calidad de autores mediatos, los ex jefes policiales Virtom Modesto Mendíaz, Joaquín Guil, Roberto Arredes y José Manuel Reinoso. 

La audiencia fue parte virtual y parte presencial. Solo se permitió el ingreso de doce personas en la sala del Tribunal Oral en lo Federal Criminal 1, la presencia de la prensa fue limitada y tampoco se posibilitó la presencia de integrantes de organizaciones de derechos humanos, con lo que la familia de la víctima estuvo sola. 

Tras la lectura de una síntesis de la acusación fiscal, en una audiencia caracterizada por la frialdad que impone la comunicación a distancia, lo más destacable fue un nuevo planteo de las defensas para que se declare prescripta la causa, aduciendo que se trató de un crimen común, no comprendido en los actos de terrorismo llevados a cabo por el aparato estatal en manos de las Fuerzas Armadas que atentaron contra el poder institucional el 24 de marzo de 1976. 

Calixto Salazar era un humilde habitante de la ciudad de Salta que realizaba changas en el Matadero Municipal y colaboraba con comercios de la zona. Se sabe que era peronista, pero no se logró determinar todavía con certeza si tenía una militancia activa, aunque hay relatos que lo ubican en la organización de trabajadores del Matadero. 

Su cuerpo fue encontrado el 6 de septiembre en un terraplén a la vera del río en Villa Primavera, en el oeste de la ciudad de Salta. Se pudo establecer en ese momento que había recibido un golpe mortal en la nuca, con la culata de un arma. Los asesinos lo habían envuelto en una bandera argentina y tenía una ametralladora en su mano. “Días antes de su deceso fue visto en la Comisaría Cuarta", aseguró ayer la Fiscalía. Y señaló directamente al policía Hugo Roberto Astigueta (fallecido) como autor de este golpe. Ya se sabe que en la Comisaría Cuarta funcionó un centro clandestino de detención y torturas. 

La Fiscalía destacó asimismo que los hijos de Calixto, Andrés Salazar y José Silvestre Salazar, se enteraron de su muerte por la Policía. Pero los mensajeros llevaron algo más que la noticia del hallazgo del cuerpo sin vida de su padre: los amenazaron para que no preguntaran sobre el hecho y "dejaran las cosas como estaban, caso contrario ellos y sus familias correrían la misma suerte".

Aunque el autor material ya falleció, la investigación siguió sobre la cadena de mando de la fuerza policial salteña. Por aquel entonces Reinoso era subcomisario y cumplía funciones en la Comisaría Cuarta. Arredes era director de Personal de la Policía, Guil era jefe del área de Seguridad y Mendíaz, militar, era el subjefe de la Policía. Quien por entonces era jefe, el militar Miguel Raúl Gentil, estuvo acusado pero fue sobreseído por fallecimiento, igual que el comisario Antonio Saravia. 

Desde la fila del medio para abajo, Méndez, Arredes, Reinoso (de barbijo negro) y Guil. 

Reinoso es el único que enfrenta una causa penal por actos de terrorismo estatal. Guil y Mendíaz ya cargan con condenas a prisión perpetua, y Arredes enfrenta otros procesos penales.  

Primero, el debate

Ayer en la audiencia, que casi toda virtual, ni bien el presidente del Tribunal Oral en lo Federal Criminal 1, Marcelo Juárez Almaraz, preguntó si había alguna cuestión preliminar que las partes quisieran exponer, el defensor oficial Federico Petrina, interpuso una "excepción de incompetencia y prescripción", es decir, planteó que este hecho no está comprendido entre los delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, ya se agotó el tiempo en que es posible perseguirlo penalmente. 

Petrina señaló que tiene presente la decisión de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, que dijo que es prematuro declarar ahora la incompetencia de la justicia federal, lo que implicaría que se declara este hecho como un delito común, y consideró que esa decisión debía tomarse en este proceso. El defensor dijo que por eso hizo el planteo en este momento y propuso dar los fundamentos en la etapa de alegatos, atendiendo a que Casación dispuso “que debemos investigar primero y después determinar” si es un delito imprescriptible o no.

Casación “ha resuelto que se realice el juicio oral y público”, insistió a modo de respuesta el federal Carlos Amad, que participa junto al fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila. Amad reprochó que sin haber avanzado en este proceso ya la defensa esté planteando de nuevo la prescripción. “Tenemos que estar a lo que resolvió el superior jerárquico, y en virtud de eso, hacer el debate y después ver”, concluyó. 

El abogado particular Marcelo Arancibia, que defiende a Reinoso, adhirió al planteo de Petrina. “Considero que los delitos (…) no se encuentran circunscriptos en el contexto de delitos de lesa humanidad”. Hay un caso de “incompetencia material” de este tribunal, sostuvo.

El presidente del Tribunal aclaró se va a producir la prueba, y luego, antes de los alegatos, “vamos evaluar” lo que diga la defensa y “recién le vamos a correr vista a los señores fiscales y al querellante” para que expresen sus posiciones respecto al planteo de incompetencia de la Justicia Federal y de prescripción de la causa. En este proceso es querellante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, representada por el abogado Gastón Casabella. 

Tras esa aclaración, y luego de que los acusados informen que no declararán “por el momento”, el debate pasó a un cuarto intermedio hasta el 21 de octubre a las 8.15, día para que se prevé que declaren tres testigos, entre ellos, los dos hijos de Calixto Salazar. 

El tribunal que entiende en este proceso está integrado también por la jueza Marta Liliana Snopek y el juez Federico Díaz, y la cuarta jueza, Gabriela Catalano. 

Este debate por delitos de lesa humanidad es el primero en dos años, luego de que en septiembre de 2019 finalizara el juicio oral al ex juez federal Ricardo Lona.