El Gobierno elevó al Congreso un proyecto de ley para reformar el marco regulatorio del mercado de capitales que impulsó el kirchnerismo en 2012, el cual  limita el accionar especulativo de bancos y financieras. La iniciativa es una vuelta de tuerca más de Cambiemos a su política de flexibilización del sistema financiero. La actual ley había permitido darle mayor poder de contralor a la Comisión Nacional de Valores (CNV), democratizar y federalizar el acceso a los instrumentos financieros y proteger a los accionistas minoritarios de empresas cotizantes. Los cambios que introduce el proyecto redactado por el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, implican una menor regulación de delitos económicos y una menor injerencia de la CNV en el manejo societario de las empresas. En particular, el proyecto sostiene que la Comisión había adquirido “prerrogativas excesivas”, por lo que a través de la eliminación del artículo 20 de la ley 26.831 (de Mercado de Capitales) ya no podrá intervenir en denuncias de abuso de posición dominante de accionistas mayoritarios y ante otras irregularidades que planteen los socios minoritarios. La iniciativa comenzará a tratarse el martes y podría ser incluída en sesiones extraordinarias.
Desde que asumió el macrismo, la política económica estuvo enfocada en la captación de recursos financieros vía endeudamiento, para lo cual se modificaron desde el minuto cero las regulaciones del sistema para hacerlas más amigables con los potenciales inversores que siguen sin aparecer. Luego de una serie de retoques que crearon las condiciones para la bicicleta financiera –libre flujo de capitales, de compra de divisas y altas tasas de interés– se suma ahora un paquete de medidas para aumentar la especulación bursátil. Estarían en carpeta reformas en las leyes de protección de la participación estatal en empresas privadas, que habilitaría la venta de acciones en poder de la Anses sin mediación del Congreso, y de delitos económicos, aunque ambas no fueron aún presentadas en el Congreso.
El centro neurálgico que ataca la reforma propuesta por Prat-Gay es el artículo 20, un apartado que le había dado mayor poder de acción a la CNV –pese a no utilizarlo– y que fue blanco de numerosas presentaciones judiciales por parte de las empresas. Sobre la base de este articulado, el organismo tenía facultad de intervenir en una sociedad, designar veedores con poder de veto o remover miembros si había una denuncia de abuso de posición dominante. Grandes grupos económicos lograron frenar en la Justicia la aplicación de varios de los artículos de la ley. Ahora la promesa de una política de libre mercado requiere deshacer los límites a la acción abusiva de bancos y financieras. “Se proponen varias modificaciones a las facultades incluidas en el artículo 20 a los fines de limitar las prerrogativas excesivas de la CNV”, señala el proyecto.
Tal como había adelantado el titular de la CNV, Marcos Ayerra, el otro gran cambio en la ley está vinculado con la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de paquetes accionarios y el tratamiento tributario (exenciones) para la conformación de Fideicomisos Financieros, con el objetivo de atraer fondos provenientes del blanqueo. “El proyecto sugiere la incorporación a la ley del artículo 62 bis que modifica la regulación del derecho de preferencia de la oferta pública con el objetivo de otorgar agilidad y mejorar las ofertas públicas de acciones”, detalle el mensaje del proyecto.
La flexibilización en las condiciones para las OPA dejan la puerta abierta a una menor regulación en caso de fusiones y adquisiciones. El proyecto establece tiempos más estrictos –hasta 30 días– y la posibilidad de solicitar a la CNV pronto despacho para autorización de este tipo de operaciones. No están contempladas en este punto de la ley las ofertas públicas de valores negociables emitidos por la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, los entes autárquicos, así como los organismos multilaterales de crédito de los que la Argentina fuere miembro.
El proyecto de ley, que el martes será presentado por Prat-Gay en Diputados, conlleva además reformas impositivas. “Se proponen cambios en el tratamiento impositivo de los Fondos Comunes de Inversión cerrados a los fines de gravar la renta percibida por los inversores (personas físicas y jurídicas) en la proporción en que dichas ganancias estén alcanzadas”, detalla. Esto implica que el impuesto a las Ganancias dejará de recaer en la administradora de los fondos para pasar a ser cobrado a cada inversor particular, al que además se le habilitan compensaciones en el impuesto. Lo mismo sucederá con los fideicomisos financieros y con la compraventa de acciones, siempre permitiendo a los inversores deducir el impuesto a las Ganancias.
La iniciativa incorpora también algunas modificaciones respecto al control de los diferentes agentes económicos, artículos 105 a 109, y al nuevo alcance de la fiscalización por parte de la CNV de los auditores externos y de las sociedades que hagan oferta pública. En cuanto a las sanciones aplicables, se actualizaron los montos mínimos de 5000 a 100.000 pesos y el máximo de 20 millones a 100 millones, especificando el plano dentro del cual debe abonarse. También se modifican los criterios, deberes y derechos de agentes en la operatoria de Fondos Comunes de Inversión y Obligaciones Negociables.