El macrismo reflotó una denuncia de un grupo de abogados de represores contra el juez Martín Bava días antes de que Mauricio Macri deba presentarse a indagatoria por el espionaje a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan. Desde Juntos por el Cambio quieren citarlo al Consejo de la Magistratura para que dé explicaciones sobre su intervención en un juicio que concluyó el año pasado. Pese a que la iniciativa tiene pocas chances de éxito, es una muestra que desde el macrismo van a enfocar la presión sobre Bava.

El viernes, el diputado del PRO Pablo Tonelli reflotó una denuncia de un grupo de abogados de represores para buscar citar a Bava y a otro juez que integra el Tribunal Oral Federal (TOF), Roberto Falcone, por su actuación en el juicio de la Subzona 15, que terminó el año pasado con 35 condenas --28 a prisión perpetua-- y cinco absoluciones. El argumento de los defensores de los genocidas es que Bava dictó sentencia sin haber presenciado como cuarto juez las audiencias del debate. Lo que sucedió es que antes de la finalización del proceso renunció uno de los tres integrantes titulares, Alfredo Ruiz Paz, y Bava debió tomar su lugar.

Los abogados de los represores no sólo hicieron una presentación ante el Consejo de la Magistratura, sino que antes habían formulado una denuncia penal. En esa instancia, no tuvieron suerte. La fiscala Laura Mazzaferri solicitó las actas del debate y las filmaciones y, después de analizarlas, dictaminó que no había ninguna falsificación de la documentación, como alegaban las defensas. Mazzaferri también afirmó que la participación del cuarto juez era materia de lo que las defensas estaban impugnando ante la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá revisar la sentencia. El juez Santiago Inchausti convalidó lo que había sostenido la fiscalía y desestimó la denuncia, que ahora está apelada ante la Cámara Federal de Mar del Plata.

Uno de los denunciantes es Luis Cevasco, que ofició de fiscal general de la Ciudad hasta finales de 2019 y es uno de los abogados que patrocina denuncias de referentes de Juntos por el Cambio. El año pasado, Cevasco fue el letrado que representó a Fernando Iglesias, Waldo Wolff, Jorge Enríquez y Álvaro de Lamadrid cuando denunciaron a los fiscales de Lomas de Zamora que estaban investigando el espionaje durante el macrismo, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, junto a la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, por la filtración de una copia de un libro de actas de los servicios. Esa denuncia, presentada en los tribunales de Comodoro Py, sirvió para torpedear la investigación que venía llevando adelante la justicia federal de Lomas de Zamora.

En el Consejo de la Magistratura, dicen que es una iniciativa que motoriza únicamente Tonelli. Por lo que pudo averiguar Página/12 ya se habría analizado la denuncia y habría un dictamen para desestimarla, por lo que sugerían que el pedido era una maniobra para poner presión sobre el juez antes de la indagatoria.

Macri debería presentarse ante el juez el miércoles próximo, aunque aún no se sabe si efectivamente lo hará. Más allá de las declaraciones de Hernán Lombardi, hasta ahora ninguno de los asesores legales del expresidente confirma que vaya a viajar a Dolores el miércoles para declarar como imputado ante el juez Bava.

Al filo del vencimiento del plazo, Macri presentó a sus abogados, Pablo Lanusse y Jimena Pisoni, el jueves a la mañana. También apeló la prohibición de salida del país que había ordenado Bava el 1 de octubre, cuando lo convocó a indagatoria. Además, deslizó que no le reconocía competencia al juez para investigarlo: lo que preanuncia que, en algún momento, pedirá el pase de la causa a los tribunales de Comodoro Py, un terreno macrismo-friendly.

Lanusse le pidió autorización al juez que subroga en Dolores para ir a revisar el expediente recién el martes, un día antes de la indagatoria. Bava le contestó afirmativamente, pero también le dijo que podía ir desde el lunes. Es probable que Lanusse pida retrasar la declaración, alegando que no tuvo tiempo suficiente para revisar la documentación que incriminaría al expresidente con el espionaje desplegado desde la AFI. Desde una de las querellas, la que encabeza la abogada Valeria Carreras, advirtieron que avizoraban una estrategia para postergar nuevamente la indagatoria. Desde el entorno de Macri siempre dijeron que la intención era suspender todo el proceso hasta después de las elecciones de noviembre.

Bava procesó a nueve exdirectivos y agentes de la AFI por haber espiado a las familias de los submarinistas entre finales de 2017 y finales de 2018, cuando finalmente se encontró al San Juan. El juez entendió que el espionaje estuvo enfocado a anticiparle a Macri los movimientos que harían los parientes en el tema más saliente para la política nacional durante ese año. Por eso, Bava quiere que Macri dé explicaciones por haber presuntamente ordenado y posibilitado la vigilancia ilegal sobre el colectivo de familiares que reclamaba saber qué había pasado con los suyos.