En 2010, en una visita al Chaco salteño técnicos de la acual Secretaria de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCI), uno de ellos se equivocó de camino para llegar al puesto de una familia criolla que tenía una orden de desalojo. El camino delimitado bordeaba la finca El Yuto, propiedad de la familia Macri, ubicada en Dragones (departamento San Martín, en el límite con Rivadavia). “¿Cuándo viste que los caminos bien hechos son por donde están los campesinos?”, le señaló uno al que se había desorientado. Es que los caminos para llegar a los puestos son más difíciles, pues los campesinos deben hacerlos a su cargo sin fondos que le permitan contar con una buena guía de conexión hasta la asfaltada ruta nacional 81, que une al Chaco salteño con Formosa y Paraguay, y permite al comercio de granos.

“El estado argentino mantiene una deuda histórica con las familias campesinas criollas”, sostiene un comunicado de campesinos de la zona que recoge esa realidad instalada desde antes de 2010 y hasta el presente entre estos pobladores que el sábado 9 de octubre, en asamblea, decidieron este lunes, a las 18.30, se iniciará una marcha a pie por más de 360 kilómetros desde Fortin Dragones hasta Salta Capital bajo el lema “basta de desalojos contra familias campesinas”.

Como hace 11 años, los asambleístas solicitan que se ponga fin a los desalojos judiciales y extrajudiciales, que se permita el acceso a mensuras y la titularización de tierras campesinas, así como obras de acceso al agua para la producción y para uso doméstico, infraestructuras intraprediales para el mejoramiento de la producción, apoyo a la juventud campesina para favorecer el arraigo rural, innovación tecnológica para la producción campesina, acceso a la vivienda digna, energía eléctrica y conectividad.

Según se informó, el posible itinerario de la marcha será: Fortín Dragones, Hickmann, Cruce de las rutas nacionales 81 y 34, Embarcación, Pichanal, Yuto, Cruce de la 34 y la ruta provincial 1, Calilegua, Libertador General San Martín, San Pedro (en Jujuy estas tres localidades), Cruce de las rutas nacionales 34 y 66, Güemes, Cruce de las rutas nacionales 9 y 34, y Salta Capital.

Las asociaciones criollas de la zona serán acompañadas por el Frente Nacional Campesino (FNC), que organizó la asamblea en la que se encontraron el sábado de la semana pasada. En el recorrido esperan incorporar a más manifestantes.

“Están apareciendo muchos dueños”

Débora Taboada, de la Asociación Esperanza Chaqueña, tiene su puesto en paraje Los Leones, cerca de Los Blancos, en el departamento Rivadavia. Contó que durante la asamblea los campesinos criollos contaron que están apareciendo “muchos encargados que dicen que esas tierras tienen dueño”, y no los dejan trabajar como lo venían haciendo. El titular registral (que muchas veces compra los papeles de la tierra) suele ser un desconocido para los campesinos, o una sociedad anónima de la que poco se puede conocer porque cuenta con domicilios fuera de la provincia. Taboada afirmó que estas situaciones “están pasando en el sur de Los Blancos y hay mucha confusión, porque los campesinos están en esas tierras por años pero desconocen quienes son los titulares registrales”.

En 2010 hubo una arremetida de desalojos contra campesinos que logró frenarse un poco con la puesta en vigencia de la Ley Provincial 7658 que creó el Programa de Regularización Dominial y Asistencia para Pequeños Productores Agropecuarios y Familias Rurales. La ley se reglamentó mal para no ser aplicada (según denunciaron los legisladores en sesión de la Cámara de Diputados) y a 11 años solo se continúa con la sanción de la prórroga del artículo 9, que suspende los desalojos (tratamiento que suele realizarse cada 2 años). Hasta 2014 una jueza Civil y Comercial de Tartagal, Ana María de Feudis, insistió con dictar desalojos. Pero una amenaza de iniciar un jury coincidió con su jubilación como magistrada provincial, con la anuencia del exgobernador Juan Manuel Urtubey.

En las últimas notificaciones, en procesos reivindicación, aparece la firma de Griselda Nieto, jueza en lo Civil y Comercial de Tartagal, cuyo accionar parece ser el mismo que el de su antecesora, aunque Nieto salió a afirmar que los desalojos aún no están en proceso de ejecución.

Una negociación en desventaja

La decisión de los campesinos criollos tuvo como impulso la notificación de un proceso de “reivindicación” que inició Gianfranco Macri contra Ramón Segovia. Nieto terminó dando el proceso por ganado a Macri y notificó a la familia campesina sobre la “desocupación” del inmueble ocupado por al menos tres generaciones en un puesto cercano a Pluma de Pato, en Rivadavia.

A los pocos días se conoció una resolución idéntica en perjuicio de Antolín y Nicomedes Soraire, en este caso dando la razón a Ana Bracaglia.

Frente a los hechos, un equipo de la SAFCI conformado por la directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias, María José Castillo, los coordinadores zona norte y centro, Jocha Castro Videla e Ignacio Garzarón y la técnica territorial María Tolaba, recorrió el territorio campesino en la zona de Morillo y de Los Blancos en Rivadavia Banda Norte.

Castillo contó a Salta/12 que primero se hizo la reunión con la familia Soraire y allí obtuvieron la versión de que ya habría “29 sentencias de desalojo en el último año”, en perjuicio de otras tantas familias campesinas. Pero hasta el momento, dijo Castillo, el equipo pudo relevar solo algunas de estas sentencias.

Ya en Coronel Juan Solá, o Morillo, se reunieron con las familias Segovia, Burgos, Abán y Bracamonte (representantes del FNC), quienes plantearon la situación ya conocida con Gianfranco Macri y los Segovia. Pero también tomaron conocimiento de una cuestión similar con la familia Abán, aunque con un titular registral distinto.

Castillo afirmó que “es en 2017 cuando las familias quedaron sin acompañamiento” del Estado. En 2018 se concretaba un masivo despido en Agricultura Familiar, sobre todo en los sectores que acompañaban a las familias más vulnerables y en conflicto con titulares registrales en distintas zonas del país.

Las sentencias que están saliendo por reivindicación parecen indicar una nueva estrategia legal de los titulares registrales para evitar la palabra “desalojo”, y cambiarla por la “desocupación” del terreno, como resolvió la jueza Nieto, otorgando el derecho sobre la tierra a quienes tienen los papeles por sobre quienes trabajaron y vivieron desde siempre en el lugar. En la práctica, se entendió que esto opera a favor de los desalojos dado que los titulares registrales ya ganaron el juicio por reivindicación y las familias campesinas quedan en clara desventaja para negociar, pues pesa sobre ellos la posibilidad del desalojo.

Castillo, por su parte, indicó que se deberá establecer un plan de trabajo para evaluar el cumplimiento del estado provincial y nacional para con las familias campesinas, y establecer un cronograma de acciones más allá de la lucha de las organizaciones.

Además de pedir una audiencia con la jueza Nieto, indicó que se hará un relevamiento de sentencias en contra del campesinado.

También se prevé convocar a fin de mes a una mesa de diálogo a través de la Mesa de Concertación por las Tierras (impulsada en la provincia por el Ministerio Público Fiscal), con invitación a las distintas comunidades campesinas que atraviesan estos conflictos. En esa reunión se prevé poner en relieve “cómo el Poder Judicial viene fallando en contra de las familias campesinas”.