La Policía de Salta llevó a cabo ayer un impresionante operativo de represión de vendedores ambulantes que luego de tres días de impedimentos para instalar sus mantas y productos en las calles céntricas y en la zona del Parque San Martín de la ciudad de Salta, intentaban aprovechar la víspera del día de la madre. 

Las restricciones a la venta ambulante fueron dispuestas por la Municipalidad de la ciudad de Salta luego del asesinato del joven Nahuel Vilte en un enfrentamiento en el Parque San Martín. Fue una derivación por lo menos llamativa, que parece cargar la responsabilidad sobre las personas que venden en la calle, a pesar de que es el municipio el que debe controlar la instalación de feriantes en esa zona; y además, según denuncian los vendedores, el día de los incidentes la Policía no respondió a sus reiteradas llamadas al Sistema de Emergencias 911. 

La represión más fuerte se dio a las 15 en la intersección de la avenida San Martín y la peatonal Florida, para despejar un corte que realizaban los vendedores en protesta luego de que la misma Policía los corriera del Parque San Martín.  

Las limitaciones y la represión de parte de parte de dos poderes del Ejecutivo se complementaron ayer con la acción del Poder Judicial. La jueza de Garantías Ada Zunino dispuso que las personas detenidas sigan en esa condición durante todo el día de hoy y les atribuyó el delito de "desobediencia funcional", no obedecer una orden dada por la Policía. Para el abogado Santiago Pedroza, que asiste a gran parte de los trabajadores, quedaron "casi en carácter de rehenes" como "moneda de canje" para garantizar que no haya más protestas. Mañana a las 9 se hará la audiencia de control de legalidad de las detenciones y luego será la audiencia de imputación por parte de la fiscala María Eugenia Guzmán. 

Pedroza afirmó que "fue un procedimiento policial escandalosamente improlijo", y de hecho, provocó un caos en la ciudad. No solo hubo dificultades para transitar por el centro y macrocentro, sino que se exacerbaron ciertas broncas. De un lado, vendedores que cuentan con locales, nucleados en Comerciantes Unidos, y en la Cámara de Comercio; del otro, las (y los, pero son mayoría de mujeres) que venden al pasar, en cualquier vereda que esté libre. 

Quince de estas vendedoras pasarán el día de la madre detenidas, igual que entre 40 y 50 varones. De las mujeres, dos son menores de edad y una de ellas está embarazada; en este caso, en vez de entregarlas a sus familiares, la jueza dispuso que queden en un hogar de tránsito, lo que Pedroza calificó de "una exageración tremenda". Lo mismo se determinó respecto del chico de 16 años. 

Los hombres fueron alojados en la Alcaidía de la Ciudad Judicial mientras que las mujeres fueron llevadas en recorrida por distintos de la ciudad hasta que finalmente las dejaron en la Subcomisaría de la localidad de Vaqueros, vecina a la ciudad de Salta. Anoche se decía que iban a ser llevadas a la Alcaidía. Y pasadas las 22 sacaron a las dos adolescentes por la puerta de atrás, sin informar a la madre de una de ellas, que esperaba en la puerta principal. La delegada local de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, María Martínez Morales Miy, estuvo ayer en la Subcomisaría visitando a las detenidas. 

"No somos delincuentes"

Entre las detenidas está la secretaria general del Sindicato de Vendedores Ambulantes (Sivara), Rosa Girón. "Fuimos muy golpeadas", dijo Mabel del Milagro Sarmiento, integrante de la directiva de este gremio, que asumió la vocería en la detención de la titular. La represión fue, dijo, "solamente porque nosotros queremos trabajar, no somos delincuentes, queremos trabajar para pdoer pasar un día domingo tranquilo con algo que poner en la mesa".  

Sarmiento responsabilizó por la violencia a la secretaria de Gobierno municipal, Frida Fonseca; al subsecretario de Espacios Públicos de la ciudad, Vicente Cordeiro, y a Comerciantes Unidos. Y le habló particularmente a la presidenjta de esta organización, Carol Ramos: "señora, nosotros no somos la competencia de los comerciantes". En los últimos días creció notablemente la cantidad de personas que tratan de vender todo tipo de artículos en el centro de la ciudad, y casa por casa en los barrios, y esto se debe, dijo Sarmiento, a la alta tasa de desocupación, "hay mucha necesidad pero es por culpa de la economía por todo lo que está pasando".  

Pedroza presentó ayer una denuncia penal contra el personal policial y funcionarios, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, apremios ilegales, vejaciones agravadas, lesiones. Hay personas "muy golpeadas", "hay gente con pérdida de piezas dentarias". "La represión ha sido realmente excesiva en todos los aspectos", aseguró. También presentó un habeas corpus pidiendo la libertad de los detenidos. 

Los relatos de los manteros son elocuentes: “Vinieron y reprimieron a todos, a un nenito así (chiquito) también le pegaron con balas de goma”, contó un joven que recibió disparos. “Ellos (los policías) venían corriendo, pateando, rompiendo” la mercadería. “Con qué derecho vienen a quitarle la mercadería de la gente, por qué le pegan”, añadió una vendedora. "Ha venido la policía y la han pateado a una menor de edad embarazada” y de los pelos la cargaron en el móvil, narró otra.

Se calcula que más de 300 policías participaron del operativo, casi todos hombres, frente a una mayoría de manifestantes mujeres. Como había cámaras y celulares de periodistas y otras personas registrando los sucesos, trataron de mantener las apariencias en la aprehensión de las mujeres, del forcejeo participaba alguna que otra mujer policía, pero de todos modos casi en todos los casos uniformados varones terminaron reduciendo a mujeres, como se ve en la imagen. 

Pedroza destacó que hay muchos videos "que acreditan que lo que estamos denunciando es verdad". Y adelantó que se presentarán como querellantes en esta causa. En la denuncia se describe especialmente el caso de una mujer embarazada que fue arrojada al piso y cayó sobre su panza, y también el terror de una anciana en silla de ruedas que quedó en medio de la represión y cuya hija, que empujaba su silla, fue detenida, a pesar de que no participaba de la protesta y de que está enferma, contó la mujer en medio del llanto. 

Después de los golpes, las corridas y las balas de goma, hubo un momento en el que pareció que iba a primar el diálogo y cuando aún se pensaba que los entonces demorados iban a recuperar su libertad, se había acordado que el lunes habría una reunión con funcionarios municipales para acordar cómo seguirá la venta ambulante. "Pero en este contexto qué reunión puede haber", cuando la gente es de suponer que la gente se concentrará en la Ciudad Judicial para pedir la libertad de sus compañeros, señaló Pedroza. 

"Mataron a mi hija, ahí no estaba la Policía"

La presencia de vendedores ambulantes o informales en la ciudad viene de larga data, si bien se incrementó en el último tiempo por los efectos de la pandemia y la crisis económica. Ayer las críticas se dispararon contra la intendenta Bettina Romero, pero tampoco su antecesor, el actual gobernador Gustavo Sáenz, encontró un camino para conciliar la necesidad de trabajo de este sector con los reclamos de los comerciantes con locales y también eligió el camino de la represión a la hora de tratar con sectores populares, como ocurrió con los carreros. Y tampoco le dio una solución el anterior intendente, Miguel Isa. 

Las expresiones de las manteras ayer dieron cuenta de este abandono del Estado, que aparece a la hora de reprimir. El caso más palmario fue el de una mujer cuya hija fue asesinada: “Mataron a mi hija hace tres meses, y ahí no estaba la Policía”, sostuvo. Contó que tres nietos quedaron a su cargo y trabaja para darles de comer, porque tampoco recibe ayuda estatal. 

“Para nosotros los trabajadores hay policías, pero para evitar la muerte del chico este Nahuel Vilte no hubo policías, desde las 6 de la tarde hubo llamados y no fueron”, agregó otra. Y otra: “Por qué la Policía no va a los barrios donde venden droga”.

Otras dijeron que ante la falta de fuentes laborales solo les queda “Salir a mantear, salir a vender lo que tenga en la mano”. “Somos mujeres, mamás con hijos, mujeres embarazadas, madres solteras”. Una mujer que contó que desde que su padre fuera despedido en la década del 80 ningún integrante de su familia tuvo trabajo formal, dijo que si la intendenta los quiere sacar de la calle debe darles "trabajo genuino para 300 personas”. 

La represión mereció el repudio de organizaciones sociales y partidos políticos, que exigieron la libertad de los detenidos. Tras recordar que el ministro de Seguridad de la provincia es el coronel retirado negacionista Juan Manuel Pulleiro, las abogadas del Instituto de Género, con la adhesión de otras organizaciones, afirmaron que hubo "una clara violación de los Derechos Humanos", y aseguraron que la "arbitraria" orden de detención dada por la jueza, "no hace más que criminalizar a las trabajadoras y a los trabajadores precarizados que son víctimas de un sistema económico social, politico que no las y los incluye".

La UTEP habló de una "feroz cacería contra trabajadores de la economía popular". El Partido de la Liberación de Salta recordó que en la ciudad la desocupación llega al 10,4%. "Salta es una provincia con uno de los índices más altos del país de desocupación y trabajo informal, con un empobrecimiento exponencial de las familias trabajadoras", sostuvo el PO. "Así trata a las madres trabajadoras el gobierno de los Romero/Sáenz en Salta", como si fueran "ciudadanos de segunda", aseguró el Frente de Liberación Nacional y Social.