Desde que Francia extraditó a Mario Alfredo Sandoval, el represor no cejó en su esfuerzo por salir en libertad y en denunciar a todos y cada uno de aquellos que intervinieron en el proceso para que pudiera ser detenido por el secuestro y la desaparición del estudiante Hernán Abriata. En Argentina, hizo, al menos, ocho reclamos judiciales y otros tantos en el Consejo de la Magistratura. Pero también llevó sus planteos a la esfera internacional. Ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) denunció al Estado argentino por tenerlo detenido junto con condenados y reclamó una indemnización de 50.000 euros. Pero las cosas no le salieron bien a “Churrasco”, como conocían al exoficial de la Policía Federal Argentina (PFA) que actuaba en el grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). La oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos comunicó la semana pasada al gobierno argentino que había decidido rechazar el planteo del represor.

Hace un año, Sandoval hizo una presentación ante el Comité de Naciones Unidas a través de William Woll, un abogado asentado en París. Decía que, desde que lo extraditaron de Francia, el Estado argentino violaba su derecho a la libertad y a la seguridad. Por ello, reclamaba el cese de la prisión preventiva y daba una serie de posibilidades para esquivar la cárcel. Sostenía que podía fijar domicilio en la casa de su madre o en la casa de su hermana. Su único límite era que tuviera un espacio amplio para hacer deportes porque hace muchos años que se dedica al running y esa práctica quedó vedada en la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde pasa sus días desde diciembre de 2019.

Nada de lo que dijo Sandoval conmovió al Comité de Derechos Humanos, que desestimó su pedido de medidas provisionales, según informó el miércoles pasado al Estado argentino después de analizar la información que le habían proporcionado la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Aún resta que el órgano de Naciones Unidas analice el fondo del planteo, pero todo indicaría que Sandoval tampoco tendrá éxito.

Sandoval cumplió 68 años el pasado 31 de agosto. Lleva menos de dos años detenido, porque, desde el fin de la dictadura, logró escabullirse de la justicia argentina. En 1985, se fue del país y se radicó en 1989 en Francia, donde obtuvo la ciudadanía en 1997. En 2008, la periodista Nora Veiras reveló que “Churrasco” se había reciclado como asesor en inteligencia económica de Nicolás Sarkozy. Ese hombre, peinado para atrás, no era otro que el que se desempeñaba como subinspector del Departamento de Asuntos Políticos de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) --antes conocida como Coordinación Federal-- y que había sido un agente operativo del grupo de tareas 3.3.2 que actuaba en la ESMA.

El 30 de octubre de 1976, Sandoval había comandado el operativo en el que una patota secuestró al estudiante de Arquitectura Hernán Abriata. Durante el allanamiento, Sandoval se presentó como tal y le exhibió su credencial de la PFA a la compañera de Abriata, Mónica Dittmar. Abriata estuvo detenido en la ESMA, más precisamente en el lugar conocido como “Capuchita”.

El 6 de marzo de 2012, el juez federal Sergio Torres ordenó su captura. El 22 de marzo de ese año, dictó su procesamiento para reclamar su extradición a Francia, que se terminó concretando el 16 de diciembre de 2019. Al día siguiente, el juez Rodolfo Canicoba Corral --que subrogó en el juzgado que quedó vacante después de que Torres jurara como integrante de la Suprema Corte bonaerense-- lo indagó y, a los tres días, le dictó el procesamiento, que fue confirmado al mes por la Cámara Federal porteña. “Churrasco” está a la espera de que el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 ponga fecha para su juicio, pero no pierde el tiempo. Hiperkinético, ya presentó al menos ocho recursos para enturbiar todo lo posible el proceso.

Lo primero que hizo fue pedir su sobreseimiento, alegando que era incapaz de enfrentar un proceso judicial, y también reclamó la prisión domiciliaria. Canicoba ordenó una serie de estudios médicos y rechazó las pretensiones del represor. Cuando se inició la pandemia, volvió a la carga con el pedido para irse a su casa. No tuvo suerte. Se contagió de Covid mientras estaba detenido pero lo pasó sin síntomas --y aun así el TOF 5 ordenó su internación en el Hospital Churruca para minimizar los riesgos--. Después solicitó la excarcelación, que se la rechazaron porque, entre otras cosas, estuvo siete años prófugo para la justicia argentina. Insistió ese año con un pedido de cese de la preventiva. Exigió después que lo declaren “preso de excepción” y armó un escándalo porque quiere tramitar su pasaporte y documento francés porque no quiere ser ciudadano argentino. Mientras tanto recusó a dos integrantes del TOF 5 que deberían juzgarlo, Daniel Obligado y Adriana Palliotti, y al fiscal Leonardo Filippini.

Cuando le queda tiempo, hace Zooms desde la cárcel que se difunden desde la web Prisionero en Argentino. Allí analiza la situación en América Latina. En otros ratitos, actualiza la página de la organización que fundó en Francia antes de su extradición, el Comité de Ayuda y Solidaridad con los Prisioneros Políticos de la Argentina (CASPPA, por su sigla en francés). Allí comparte, entre otros textos, los editoriales del diario La Nación despotricando contra la reactivación de la causa contra Carlos Pedro Tadeo Blaquier. El hiperactivo Sandoval tendrá que buscar otro entretenimiento porque en Naciones Unidas le pegaron un portazo.