El fallo de la Corte Suprema a favor de los genocidas y la involución en materia de políticas de memoria verdad y justicia desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia tuvo esta semana un contundente repudio de la sociedad y se instaló también más allá de las fronteras argentinas: a las presentaciones que ya se habían realizado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se sumó una nueva, de la nieta recuperada Claudia Domínguez Castro, quien advirtió que la decisión del máximo tribunal de aplicar el 2x1 a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad consagra “un indulto o conmutación de pena encubierta” y por lo tanto es violatoria de las convenciones internacionales a las cuales la Argentina adhiere. En un escenario adverso, en el cual hasta el Gobierno le soltó la mano, los supremos están recalculando y adelantaron que harán un nuevo análisis de la aplicación del beneficio en función de la ley que votó el Congreso.
Domínguez Castro es la nieta recuperada 117. Recobró su identidad en agosto de 2015 y es hija de Walter Domínguez y Gladys Castro. Su padre y su madre están “aún desaparecidos”, como ella misma destaca en su escrito a la CIDH, donde apunta que “un indulto o conmutación de pena encubierta” a los represores viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos (el Pacto de San José de Costa Rica) y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
La presentación de Castro apunta a cerrarles a los genocidas la puerta de las cárceles que Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti les abrieron con su fallo. En su caso particular busca frenar la aplicación del 2x1 en el caso de Segundo Héctor Carvajal, imputado y detenido por su apropiación y sustitución de identidad. Carvajal solicitó su excarcelación tras el fallo del máximo tribunal que benefició al represor Luis Muiña. En primera instancia se rechazó la conmutación de la pena para el apropiador de Domínguez Castro, pero el represor presentó un recurso de apelación que apunta a llegar a la Corte Suprema.
En el escrito presentado a la CIDH, la nieta recuperada recuerda que la propia CIDH “ha señalado que los Estados deben garantizar que los procesos internos tendiente a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los hechos surtan los debidos efectos. Además, deben abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad”, algo que se da de bruces con la decisión que adoptó la Corte argentina.
La presentación completa de Dominguez Castro ante la CIDH
La presentación de Domínguez Castro se suma a otras que se realizaron a partir de lo resuelto por la mayoría de la Corte. Gladis Cuervo, víctima de la patota del Hospital Posadas en la que actuó Muiña, pidió una cautelar a la CIDH para que no se aplique el 2x1 en causas de lesa humanidad mientras se dirime la cuestión de fondo. Recordó en sus escrito que el 2x1 no se pensó para juicios de derechos humanos y que en los hechos no se hubiera podido aplicar en los 90, cuando se sancionó, por la vigencia de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Otra cautelar elevada a la CIDH fue del constitucionalista Andrés Gil Domínguez, a fin de conseguir una audiencia conciliatoria con el Estado argentino “a los efectos de arribar a una solución amistosa”. Su objetivo, sostuvo Gil Domínguez, es que haya un soporte para los jueces y fiscales que en los hechos discrepan con la aplicación del fallo de la Corte Suprema y niegan el 2x1 a represores. Entre las presentaciones que se formularon ante la CIDH hasta hubo una de la diputada macrista Anabella Hers Cabral, quien requirió que le ordene al Estado argentino abstenerse de aplicar el fallo de la Corte Suprema hasta que se establezca si el mismo implica una violación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Hers Cabral expuso su posición contraria a la concesión del 2x1 a los represores durante el debate en Diputados de la ley que los excluye de ese beneficio, en la cual también se pronunció a favor de la liberación de Milagro Sala.
Los escritos presentados ante la CIDH se producen no sólo en medio de la polémica y el rechazo al 2x1 para los genocidas y reavivan la discusión que la propia Corte Suprema con su nueva conformación abrió acerca de su injerencia en las decisiones de la justicia argentina. Ese giro en materia de derechos humanos se produjo en febrero pasado, cuando los supremos fallaron en relación al caso Fontevecchia y sentenciaron que la CIDH no puede revocar sentencias del máximo tribunal argentino. Ese fallo lo firmaron el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los tres jueces que hace diez días quedaron en el ojo de la tormenta por su sentencia a favor de los genocidas. Sólo Juan Carlos Maqueda votó en disidencia.
La multitudinaria reacción de la sociedad, que el último miércoles desbordaron la Plaza de Mayo y colmaron las plazas en las principales ciudades del país, sumada a la sanción en el Congreso de la ley que deja a los represores fuera del 2x1 y a las reacciones internacionales contra el fallo llevaron a la Corte Suprema a recalcular. El máximo tribunal anticipó que hará un nuevo análisis en función de la nueva ley. Habrá un nuevo trámite, en el cual notificarán a las partes en las quince causas de lesa humanidad que maneja el tribunal, para que opinen en base a lo aprobado en el Congreso, y luego habrá una resolución. Es frecuente que una ley afecte expedientes en curso y la Corte convoque a las partes ante el cambio de escenario. Lo que resultó novedoso es que la propia Corte lo anunciara ayer en un comunicado.
