La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Jujuy, Clara Langhe de Falcone, aseguró que la líder de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, "no es una presa política, sino una política presa". La afirmación se conoció incluso después de que la dirigente social y política denunciara que fue sometida a torturas en la cárcel donde está encerrada desde hace 17 meses. Por otra parte, la jueza consideró que la misión de la ONU, que visitó la provincia por el caso Sala, "vino con una opinión formada y no les interesa lo que le podamos decir".
En una rueda de prensa, Falcone se refirió a la reunión que la Comisión de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU mantuvo con jueces provinciales en referencia al caso Sala: “Ellos ya tienen una decisión tomada, que no es la que Jujuy merece. Yo les digo que los jueces de Jujuy son impecables. Han actuado a derecho, ni siquiera fueron nombrados por el gobernador Morales”, aseguró olvidando que ella misma fue diputada provincial que votó la ampliación de la Corte provincial para luego renunciar y así poder jurar como integrante del Supremo Tribunal.
El otro dato que no tuvo en cuenta la magistrada jujeña es que la Comisión de la ONU ya estudió el caso Sala y pidió la liberación de la dirigente. La visita a la provincia es al solo efecto de responder a una invitación del gobierno nacional que no modificará la resolución adoptada.
Más allá de ello, y contradiciendo sus propias afirmaciones, "Titina”, como la conocen a la presidenta de la Corte jujeña, es suegra de Gastón Mercau, uno de los jueces que entiende en las causas contra Sala. Haciendo caso omiso a ese detalle, Falcone estimó que la Comisión “vino con una opinión previa y no le interesa lo que le podamos decir”, y manifestó que “no coincido en lo doctrinario” con Raúl Zaffaroni, que sostiene la inocencia de la dirigente social.
Además, se manifestó crítica con el CELS, al que acusó de haber “pre-armado” a la Comisión. “El CELS” no está con nosotros”, dijo, y cerró su rueda de prensa prejuzgando: “Lo digo no como presidenta del Tribunal, sino como abogada con 52 años de carrera, Milagro Sala no es una presa política, sino una política presa”.