La defensora de víctimas de violencia familiar y de género, Liza Medrano, consideró, a raíz de la sentencia que se conoció ayer, que es importante el mensaje que las condenas por delitos sexuales dan a la sociedad y que las víctimas encuentren una respuesta estatal acorde.

La letrada fue querellante en el juicio que terminó con la condena a 12 años de prisión efectiva contra Lautaro Teruel por dos causas de abuso sexual con acceso carnal. La funcionaria actuó en representación de la víctima de la primera causa, que al momento de cometerse los abusos tenía solo 10 años. Medrano dijo que en el caso de su asistida evaluó que se le creyó, dijo que esperaba una condena para todos los imputados, esto incluye a los acusados de la segunda causa, y analizó que los abogados defensores construyeron sus estrategias en base a esteotipos de género.

 "Una sentencia que sí condena ya genera un acompañamiento a la víctima y un empoderamiento. Ahora (su representada) sabe que se le creyó y que está la respuesta: 12 años de prisión efectiva. No es una condena menor, teniendo en cuenta la jurisprudencia local", manifestó Medrano a Salta/12. 

La mamá de la víctima denunció a Teruel en marzo de 2019, después de tomar conocimiento por el relato de su hija de los abusos que había sufrido cuando tenía entre 10 y 12 años. Esos delitos se cometían, según lo relatado por la víctima, en el marco de las visitas que realizaba su abuela a la familia Teruel, ya que era amiga de la infancia de la madre del imputado. 

"Veremos si el fundamento de la sentencia es acorde a lo que yo pedía, o de la defensa y y si hay elementos para interponer un recurso de casación. Acá lo primero que se quería era que se lo declare culpable", sostuvo Medrano. "Sabemos que el proceso penal es muy tortuoso pero cuando se obtienen condenas es una respuesta positiva para poder comenzar una nueva etapa en la vida", expresó la defensora. "Hay que ver qué ha merituado el tribunal y ha llevado a que no aplique una condena más grave y en base a eso, en su momento interponer recurso de casación, quizás tuvo en cuenta el arrepentimiento porque hay una declaración que dio Teruel antes de la sentencia, pidió disculpas tanto a mi asistida, a la abuela, como a la otra víctima", señaló.

Medrano explicó que lo que ha llevado a las dos víctimas que denunciaron a Teruel y por las que se realizó este juicio, "a seguir con el proceso y a mantenerse firmes, fue decir si el agresor es condenado estoy evitando que otras víctimas sufran lo que yo sufrí". Dijo que ambas se acompañaron procesalmente sin conocerse al radicar las denuncias "después se sumó una tercera víctima que también denunció hechos (de abuso sexual) y que dijo de manera clara ‘voy a denunciar para apoyar a las otras dos chicas’". La tercera causa se encuentra en trámite en el juzgado de menores ya que es por un abuso sexual que se habría cometido cuando la víctima tenía 7 años y Teruel 16.

"Poder denunciar y tener a un agresor preso evita que otras mujeres sigan sufriendo lo que a ellas les hicieron. Máxime cuando nos encontramos con un imputado como Lautaro Teruel (cuyo informe) psicológico brindó como resultado que veía a una menor de edad como par sexual", señaló Medrano. 

La defensora valoró que el Tribunal rechazara los pedidos de nulidad planteados por el abogado de Teruel, Juan Casabella Dávalos. "Primero había planteado una nulidad de competencia material (argumentando que) los delitos habían sido cometidos cuando el imputado era menor de edad. Se volvió a rechazar", explicó. Además, indicó que la pena se apartó de la mínima.

La revocación de la prisión domiciliaria, fue pedida por las querellas y el Ministerio Público Fiscal. "En su momento hubo una oposición de la defensa porque quería que hasta tanto quede la sentencia firme, esté cumpliendo la prisión domiciliaria, eso fue rechazado por el Tribunal, fue acogida la petición de las partes acusadoras y es de manera inmediata el traslado a la unidad carcelaria", explicó Medrano.

La defensora valoró que se haya llegado a una condena ante la revictimización y los cuestionamientos a la víctima, a su madre y a su abuela. Dijo que la condena a Teruel reinvindica la palabra de la joven, respecto a que los hechos que relató haber sufrido "sí pasaron" porque lo primero que desea era que "se le crea". "Lamentablemente cuando esto tomó estado público se ha puesto en duda la palabra de la víctima", contó y dijo que la víctima había tenido que dejar el colegio ya que sufría bulling de parte de sus compañeros.

Una de las pruebas que en el juicio fueron contundentes contra Teruel son sus propias palabras, grabadas por la víctima en una conversación en que éste reconoce haberla abusado cuando era una niña, aunque después reconoció solo la figura de un abuso sexual simple y no lo que relató la víctima y correspondía con la acusación fiscal.  "Tuvo que ir frente a su agresor y grabarlo por más de una hora con todo el temor que puede significar para una víctima. Buscó una prueba, la logró obtener, aún así hasta el último momento tuvo que ser revictimizada en los alegatos del defensor técnico del imputado que no paraba de decir que eran incoherencias, que se contradecía, que eran falsas sus declaraciones", indicó Medrano.

"Ni una condena a perpetua a mí me satisface en lo personal, estoy hablando por mi asistida, la he visto llorar, sufrir. (Teruel) La dejó en varios momentos muerta en vida, ella varias veces se quiso quitar la vida, le va a costar superar esto", expresó Medrano.  

La defensora también se refirió a la segunda causa por la que llegó imputado Teruel a juicio y en la que una joven de 19 años lo denunció por haberla violado cuando ella tenía 19 años, en 2014. También estaban coimputados Silvio Rodríguez y Gonzalo Farfán, porque el fiscal Sergio Fedérico Obeid consideró que había un acuerdo entre ellos. 

"Me hubiese gustado la condena de todos los imputados", sostuvo Medrano respecto al mensaje de no impunidad que considera necesario transmitir a la sociedad.  Señaló que las defensas de los tres acusados se basaron en estereotipos de género. "Creer que hay una conducta definida para una víctima de abuso y que no entra en esa conducta volver con su abusador es un estereotipo, es ya un prejuicio y es no entender lo que es una víctima de abusos sexual", manifestó. Con ello se refirió a cuestionamientos realizados a la segunda denunciante por el hecho de que hubiera vuelto a estar con Rodríguez una vez en Córdoba, el fiscal había señalado que tanto Rodríguez como Farfán tuvieron dominio de la acción, cuando Teruel abusó de la joven, y que podrían haberlo evitado pero no lo hicieron.

"Una víctima de abuso es alguien que en su momento fue cosificada, le fue sacada su dignidad, le quitaron todos sus derechos", explicó Medrano. Precisó que cuando habla de cosificación en el nivel sexual, se refiere a que la víctima es tratada como una cosa que se usa para satisfacer a otras personas. "Cómo la mujer se reconstruye después de haber sido usada como una cosa de deseo es lo que le cuesta. No puede subsistir, lo que hace su psiquis es negar, 'no me pasó esto', callan, niegan, llega un momento en que las secuelas son terribles", sostuvo.

La defensora consideró urgente la necesidad de erradicar los estereotipos de género, de las prácticas judiciales y de la sociedad. También señaló la importancia de denunciar los abusos sexuales. "Hay conductas que van revelando un hecho de abuso, es importante hablarlo, tratarlo a tiempo para que después no se magnifiquen las secuelas, no son cosas menores, hay una respuesta estatal. No hay que callar, hay que denunciar, hay que visibilizar que esto lamentablemente es algo que pasa, de manera regular, según los datos estadísticos dicen. Callar no es bueno para la víctima, no es bueno para el entorno", expresó.

Las defensorías para víctimas de violencia familiar y de género asisten a requerimiento, es un servicio gratuito de la Defensoría General de la Provincia. Se puede solicitar de lunes a viernes, de 8 a 13 en horario de atención al público. También disponen de la línea 3874084561 que funciona de lunes a lunes de 8 a 20 horas para asesorías urgentes. Hay dos defensoras en Capital, una en Metán, una en Tartagal y otra en Orán.