El presidente Maurizio Macrì reconoció ayer durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro de Canadá Justin Trudeau que el Estado argentino asume su responsabilidad ante la Organización de las Naciones Unidas por la detención arbitraria de la dirigente barrial Milagro Sala. Lo hizo a su manera: dijo que había invitado a visitar la Argentina al Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que verificara in situ el respeto por las leyes y por los derechos humanos que se practica en la provincia de Jujuy. En esa misma jerigonza Macrì había explicado antes que la inflación se reduce duplicándola y que un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. No hay foniatra que pueda extirpar la papa en el cerebro de quien así se expresa, pero si en vez de las palabras se observan los datos reales, el gobierno se resigna a ponerse a derecho (internacional).
El Grupo de Trabajo es uno de los órganos de aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del que la Argentina es signatario. A fines de octubre el Grupo de Trabajo declaró que la detención de Milagro Sala era arbitraria porque violaba el derecho a ser juzgada por un tribunal independiente y solicitó al Estado argentino su libertad inmediata. Luego de un intento inicial de presentar este documento taxativo como una mera opinión cuyo cumplimiento no es obligatorio y diferir la cuestión al gobierno provincial del contador Gerardo Morales (quien pretendió que la decisión fue de la justicia, que es un poder independiente), el gobierno nacional se vio obligado a tomar conciencia de la realidad. Como dice la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, quienes los firman son los jefes de estado o de gobierno y no las jurisdicciones subnacionales, sus gobernadores provinciales ni sus jueces. Además el propio Grupo sentenció que esos jueces y fiscales “fueron seleccionados [por el gobierno jujeño] e iniciaron funciones para delitos que no se ajustan a los criterios de urgencia o que pudieran haber esperado a que concluyera la feria judicial”. También dice que la responsabilidad internacional sólo corresponde al Poder Ejecutivo Nacional como representante del Estado argentino ante la comunidad de las Naciones. Esa Convención, que desde 1994 tiene además rango constitucional, es decir superior a las leyes y códigos nacionales o provinciales, también dice que los estados tienen la obligación de cumplir de buena fe los compromisos que han asumido, que no pueden “invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”, que es obligatorio en “la totalidad de su territorio”. Eso es lo que confirmó ayer Trudeau, cuando dijo sin dudar que le planteó la cuestión a Macrì, que confiaba que se tratara en forma abierta, responsable, y en cumplimiento del Estado de derecho, tal como hace Canadá. Amnesty había puesto el tema a consideración de Trudeau.
La única vez que el Grupo de Trabajo aceptó el pedido de revisión de un Estado miembro, luego confirmó la decisión previa. Si la visita es realizada por el grupo de trabajo (y también por la Comisión Interamericana de Derechos humanos, ante la que el CELS, Amnesty y Andhes pidieron una medida cautelar y a la que el gobierno también invitó) será la oportunidad para que Macrì haga entender al contador Morales y sus jueces que deben acatar la solicitud. Cualquier tentativa de dilación o la fantasía de revertir la resolución recién firmada, como si al Grupo le hubiera faltado conocimiento de los hechos, sólo agravaría la situación. También Videla, Massera & Cia fantasearon hace cuatro décadas que cuando la CIDH viniera al país descubriría que en realidad los argentinos eran derechos y humanos y se disiparía la campaña antiargentina. Cualquier visitante futuro o aquellos gobernantes que reciban a Macrì en sus países, traerían el tema en su agenda. A Macrì no le queda mucho tiempo. El Grupo de Trabajo dijo “de inmediato”.