Una comisión del Congreso de El Salvador archivó una propuesta para reformar un artículo del Código Penal para despenalizar el aborto en el país, donde el aborto está totalmente prohibido, incluso en casos de violación, incesto o peligro para la vida de la mujer por malformación del feto.
La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, donde la mayoría de los miembros integran la bancada del partido oficialista Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, archivó la Reforma Beatriz, el documento elaborado por asociaciones de mujeres y colectivos feministas.
La iniciativa conocida como Reforma Beatriz, planteaba la reforma al Artículo 133 del Código Penal de El Salvador para declarar no punibles la interrupción voluntaria del embarazo en los casos de riesgo de salud y vida de las mujeres, cuando está diagnosticada una malformación fetal sin posibilidades de sobrevivencia fuera del útero; y cuando el embarazo es el resultado de hechos criminales de violencia sexual.
“Es una reforma a la legislación penal que no requiere cambios en la Constitución de la República, pues el Artículo 1 también protege la vida de las mujeres, tal como dictamina la Sala de lo Constitucional en su Resolución 18-98”, explica la Agrupación por la Despenalización del aborto en El Salvador en un comunicado tras conocer la decisión de los diputados y diputadas oficialistas.
“Hemos presenciado las imágenes de un pobre debate, basado en argumentos y creencias religiosas que, reflejan un profundo desconocimiento de las realidades que enfrentan las niñas que viven embarazos forzados y maternidades impuestas”, afirmó la agrupación.
Actualmente las personas gestantes que sufren complicaciones del embarazo y que
dan lugar a abortos espontáneos son habitualmente señaladas de haberse practicado un aborto y acusadas de homicidio agravado, cuya pena de
cárcel es de 30 años. Entre los años 2000 y 2014 al menos 49 mujeres fueron condenadas por
delitos relacionados con la penalización del aborto en El Salvador.
La reforma impulsada por las agrupaciones feministas lleva el nombre de Beatriz García, una mujer que en 2013 le solicitó al Estado salvadoreño autorización para interrumpir su embarazo por inviable y por poner en riesgo su vida. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional la obligó a continuar con su embarazo.
