El gobierno de España aprobó una reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería que facilitará la concesión de permisos de residencia y trabajo a menores extranjeros no acompañados. La medida, que podría beneficiar a unos 15 mil jóvenes, tiene como objetivo evitar que estos caigan en una situación de irregularidad al cumplir la mayoría de edad.
"Con este Real Decreto vamos a facilitar la incorporación de estas personas en el mercado de trabajo, que puedan tener una vida independiente, simplificamos la carga administrativa y se ajustan los requisitos a la realidad de nuestro país", anunció la ministra de Política Territorial y vocera del gobierno, Isabel Rodríguez. "El objetivo es evitar que los menores lleguen a la mayoría de edad sin la documentación necesaria", agregó Rodríguez durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La vocera destacó que la reforma fue diseñada en colaboración con las comunidades autónomas, que llevaban tiempo reivindicado cambios normativos, y que cuenta, para mayor "rigor jurídico", con el dictamen del Consejo de Estado. "La normativa actual provoca que muchos menores caigan en irregularidad sobrevenida al cumplir los 18 años, una situación causada por la rigidez de esa normativa que el gobierno modifica", explicó el ministerio de Inclusión en un comunicado.
La reforma homologa la normativa española con el resto de los países europeos al simplificar los procedimientos y reducir la documentación que deben aportar los menores. En concreto, aumenta el plazo para acreditar la imposibilidad de retorno al país de origen (pasa de tres a nueve meses) e incrementa el alcance de los permisos, consolidando que las autoridades de residencia también habiliten para trabajar cuando el menor alcance los 16 años.
Además se crea un régimen propio para los menores no acompañados, favoreciendo la continuidad de los permisos que tenían antes de los 18 años y reduciendo la exigencia de acreditar medios de subsistencia para quedarse en el país al cumplir la mayoría de edad. En ese caso, bastará con que acrediten ingresos similares al ingreso mínimo vital que se otorga a los hogares unipersonales (470 euros al mes actualmente), permitiendo computar tanto los ingresos provenientes del empleo como los del sistema de protección social.
Si llegan a la mayoría de edad sin documentar, podrán acceder a permisos de residencia y trabajo con los mismos requisitos, siempre que sus informes sobre esfuerzo de integración, continuidad de estudios o formación sean positivos. Rodríguez destacó que esta reforma servirá para "preservar la inversión pública" de la administración en estos menores al facilitar que hagan su vida y trabajen en España luego de llegar a la mayoría de edad.
Durante el proceso de consulta pública se recibieron 122 aportes, mientras que en el trámite de información y audiencia pública hubo otras 15 contribuciones. Además, 11 comunidades autónomas participaron activamente en los trámites y realizaron una valoración positiva de la modificación. De igual modo, el Consejo de Estado se refirió a este cambio normativo subrayando "la relevancia y el ambicioso alcance de la reforma".
Organizaciones especializadas en derechos de la infancia y juventud migrante consideran la reforma del reglamento de Extranjería como "un paso histórico hacia la inclusión de los niños y niñas que llegan solos a España", de acuerdo al portal de noticias elDiario.es. "Decenas de entidades y colectivos llevaban años denunciando las abusivas condiciones de un Reglamento que abocaba a la irregularidad administrativa y exclusión social a miles de adolescentes y jóvenes", detalla un comunicado firmado por una treintena de organizaciones, entre las que se encuentra la fundación Raíces, Save The Children y Unicef.
"Una de las cuestiones mejor valoradas por las ONG es que la Reforma contempla rescatar a miles de jóvenes que han quedado en el limbo más absoluto y que desde hace años padecen las consecuencias de una mala gestión de las distintas administraciones", agregan. Según los cálculos del Ejecutivo español, se beneficiarán de esta reforma un total de 15 mil inmigrantes, de los que ocho mil son menores no acompañados y otros siete mil extutelados de entre 18 y 23 años.
