La Justicia Federal condenó al Estado y a la Policía Federal a resarcir económicamente, con 10 millones de pesos, por "daño moral y psicológico" a dos mujeres, que fueron abusadas sexualmente cuando eran menores de edad a partir de una red de explotación manejada por 6 policías federal y un agente penitenciario entre 2009 y 2011. "Los altos montos ordenados en esta sentencia para efectuar el resarcimiento no registran antecedentes similares", destacó el Ministerio Público de la Defensa (MPD) llevó adelante el patrocino de las víctimas. 

La condena indemnizatoria contra el Estado y la Policía Federal fue fijada por la jueza Federal en lo Civil y Comercial 1, Silvina Bracamonte, que además incorporó otras exigencias presentadas por la defensoría pública como la efectividad del pago en un plazo de 20 días, luego de la que sentencia quede firme, al contemplar la situación de vulnerabilidad económica que aún atraviesan las ahora jóvenes que fueron víctimas. En ese sentido, el resarcimiento también debe cubrir los gastos futuros para el tratamiento psicológico.

Otro punto destacable del fallo de la jueza Bracamonte, de acuerdo al pedido de la defensora pública Florencia Plazas, es el otorgamiento a las víctimas de una beca integral de estudios en instituciones públicas para que culminen la educación secundaria y luego la universitaria o terciaria, o cualquier otro curso de formación. Durante el periodo de estudios, ambas deberán contar también con la cobertura integral de sus gastos en transporte y material educativo.

La red de abuso sexual montada por la Federal

Entre 2009 y 2011, las víctimas atravesaban una situación económica y socioambiental precaria, condición que fue aprovechada por seis agentes de la Policía Federal y uno del Servicio Penitenciaron para inducirlas, bajo amenaza,  a mantener relaciones sexuales con otros agentes de la fuerza y otros hombres ajenos a la fuerza. Las chicas fueron abusadas en departamentos, edificios, pensiones, dependencias varias, baños y hasta en boleterías de la estación de tren de la línea San Martín, a las que los policías tenían acceso por su función pública. 

Los abusadores pagaban por mantener las relaciones sexuales, parte de ese dinero quedaba en manos de las menores de edad y otra porción iba a los bolsillos de los policías. Según lo denunciado por las víctimas y que fue confirmado en la sentencia, los policías se valieron del cargo que ocupaban para amenazarlas y utilizaron todos los elementos a su alcance para cometer el delito desde armas de fuego, intercomunicadores hasta los predios mencionados.

El rol del Estado ante los abusos 

En el fallo, la jueza Bracamonte apuntó que los peritos oficiales  fueron “absolutamente incompletos y desligados de la labor encomendada”. Además, esas pericias habían sido impugnados por la defensoría pública por no haber sido desarrollados con perspectiva de género. 

Por tal motivo, para dar por acreditado el daño psicológico de las víctimas, que fue uno de los aspectos que justificó el monto indemnizatorio, la sentencia compartió los argumentos esbozados por la licenciada Liliana Rudman y el doctor Ezequiel Mercurio, consultores técnicos de la DGN, y por los peritos que habían intervenido durante el proceso penal.

Entre otros argumentos, los consultores de la defensa sostuvieron que "el daño psíquico se detecta consolidado y es irreversible porque comprometió la identidad de las niñas". Además, según la sentencia, esos profesionales en salud mental constataron la “eficacia patógena de la esclavitud sexual en detrimento de la construcción de la identidad de las víctimas, (…) lesionando especialmente el sentimiento que cada una de ellas tiene respecto de su propia valía.”

Por eso, también como forma de reparación, el fallo condenó al Estado a implementar y cumplir, en un plazo de ocho meses, programas de capacitación sobre violencia contra las mujeres y perspectiva de género destinados a miembros de la Policía Federal.

La condena penal 

Por estos hechos aberrantes, que ahora dieron lugar a una compensación económica, en el año 2016 seis efectivos de la Policía Federal y un agente del Servicio Penitenciario Federal fueron condenados a penas de entre 7 y 16 años de prisión. 

En esa ocasión el Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación (DGN) actuó como querellante a favor de las víctimas. Esas condenas fueron confirmadas en 2019 por Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.