A 45 años de la Masacre de San Patricio, el colectivo Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia le solicitó al juez Ariel Lijo que cite a declarar el comisario retirado Víctor Hugo Randazzo, quien según el escrito “podría ser penalmente responsable de los delitos de encubrimiento, complicidad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de los de falsedad ideológica y violación de sellos y documentos”.

En la madrugada del 4 de julio de 1976 un grupo de tareas asesinó en la parroquia de San Patricio a los sacerdotes Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y Pedro Dufau, y a los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti. “Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal. Viva la Patria”, firmaron los asesinos, en referencia a la bomba en Superintendencia que había explotado tres días antes. El ex guardia Armando Lucchina contó en 2008 ante la Justicia que sus camaradas de la Policía Federal discutieron cómo vengarse, que “triunfó la posición más belicosa” y que luego los escuchó atribuirse la masacre.

La investigación judicial, sin embargo, se enmarca en la megacausa ESMA a partir de testimonios de sobrevivientes que escucharon al marino Antonio Pernías jactarse de haber participado. El ex juez federal Sergio Torres --a quien hoy subroga el juez Ariel Lijo-- llegó a procesar a Pernías y a otra docena de represores por crímenes que incluían los de San Patricio, pero la Cámara de Casación revirtió esa resolución y les dictó la falta de mérito. El único condenado por la masacre fue paradójicamente Eduardo Kimel, el periodista –ya fallecido– que reconstruyó esa historia.

El pedido para que se cite al ex comisario Randazzo lo formuló Ramiro Varela, a quien el juez Casanello aceptó en julio último como amicus curiae por ser integrante del colectivo Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia. 

Randazzo era en 1976 oficial principal en la Comisaría 37ª, sospechada cuanto menos de liberar la zona, y firmó junto con el comisario de esa seccional, Rafael Fensore, el acta policial con el que se inicia el proceso burocrático del Estado terrorista. Se retiró de la Policía Federal en 1986 y se presenta como un “prestigioso y conocido investigador profesional” y un “analista internacional en inteligencia”.

Según el escrito, en ese acta hace constar que “siendo la hora 7.55 de la fecha se recibe por el aparato telefónico del Estado 51-3333 un llamado telefónico anónimo que dice: ‘En la finca de Estomba 1942, se produjo un grave hecho de sangre’”. “Lo expresado en dicho documento entra en franca contradicción con lo relatado por Rolando Savino, el testigo que encontró los cinco cuerpos en la primera planta de la casa parroquial de San Patricio, quien en reiteradas oportunidades manifestó que realizó la denuncia personalmente en la Comisaría 37ª pasadas las ocho de la mañana en compañía de la señora Celia Harper”, añade Varela.

La presentación expresa que “esta es solamente una de toda una serie de irregularidades que minaron el procedimiento desde el inicio” y concluye que, así como en los casos del comisario Fensore y del oficial principal Miguel Ángel Romano, conductor del patrullero que se acercó a identificar a los miembros del grupo de tareas luego de una denuncia radicada por el testigo Julio Martínez y omitida deliberadamente en el expediente por el propio Fensore, “Randazzo podría ser penalmente responsable de los delitos de encubrimiento, complicidad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de los de falsedad ideológica y violación de sellos y documentos”.