La Cámara de Diputados de Salta dio la sanción definitiva al proyecto de ley para intervenir el municipio de Salvador Mazza hasta el 10 de diciembre de 2023, y así, en solo cinco días el Ejecutivo provincial consiguió que su proyecto obtenga la aprobación de la Legislatura, por lo que solo falta que ponga en funciones al nuevo interventor en reemplazo del destituido Rubén Méndez, cuyo nombre hasta ahora no trascendió.

La situación en el municipio norteño se precipitó luego de que la Justicia decidiera avanzar en la investigación de una denuncia por malversación de fondos, y ordenará 18 allanamientos en propiedades de Méndez, familiares y colaboradores municipales, que dejaron como resultado el secuestro de vehículos de alta gama y dinero en efectivo encontrado en una caja fuerte en la casa del exintendente y en viviendas de los otros involucrados, equivalente a 200 millones de pesos en billetes argentinos, dólares y euros.

A partir de ahí el Concejo Deliberante le aceptó un pedido de licencia a Méndez, por lo que actualmente gobernaba ese municipio de manera interina la presidenta del Concejo Deliberante, Esther Valdiviezo. En paralelo, el gobierno provincial ingresó un proyecto de intervención que fue llevado al Senado por el propio ministro de Gobierno, Ricardo Villada, y fue tratado sobre tablas ese mismo día por los senadores.

Ayer la presidenta de la comisión de Legislación General de Diputados, Socorro Villamayor, señaló en el recinto que “no podemos dudar de la situación de crisis y la conmoción social que existe en Salvador Mazza”, y la ejemplificó en que a los pocos días de la licencia de Méndez un grupo de personas tomó tierras que serían de su propiedad.

La diputada justificó la intervención en la situación de gravedad institucional, tal como lo especifica la Constitución provincial.

El diputado Daniel Sansone también dijo estar de acuerdo con la intervención, pero cargó la responsabilidad a la Justicia, al señalar que la Auditoría de la provincia ya venía advirtiendo sobre desmanejos en el municipio y que nada se había hecho.

El único voto negativo a la intervención fue de Claudio Del Plá, aunque aclaró que él también considera que Méndez no podía seguir como intendente, sostuvo que la rápida sanción apunta a “cerrar el tema, que no se hable más, y que asuma un interventor del palo del gobierno”. Para reafirmar sus dichos citó el ejemplo de la intervención anterior a ese municipio en 2013, cuando se lo sacó a Carlos Villalba, “sospechado de integrar una red de trata pero que después de la intervención la investigación quedó en la nada”.

El diputado del Partido Obrero señaló que su propuesta de solución son dos proyectos de declaración, uno solicitándole la renuncia a Méndez, y que se llame a elecciones para reemplazarlo. Y el segundo, para conformar una comisión investigadora parlamentaria “que pueda desarmar el entramado de corrupción que existe en Salvador Mazza”.  Ambas iniciativas fueron rechazadas para su tratamiento sobre tablas.

Réplica a los concejales

Otro punto en el que se detuvieron los diputados fue en responder a los concejales de Salvador Mazza que habían manifestado que una intervención era un avasallamiento de las instituciones del municipio.

Franco Hernández hizo un repaso de las instancias legales que pesaban sobre Méndez que incluía una destitución en el mandato anterior, e imputaciones recientes con requisitoria de elevación a juicio incluida, “pero el Concejo Deliberante no inició el proceso de juicio político, como tampoco lo hizo ahora con los hechos recientes”, reprochó.

Además, advirtió que faltan 52 días para que se renueve la composición del Concejo, por la asunción de los nuevos ediles, “que pueden hasta determinar que cambie la presidenta y por lo tanto cambiaría el intendente interino”.

Hernández subrayó que al aceptarle la licencia, lo concejales se quedaron sin la posibilidad de investigar a Méndez, “¿cómo hacen para pedirle un informe de algo si está en licencia?”, se preguntó.

El legislador de San Martín explicó que más allá de la situación legal del exintendente, “que no nos corresponde a nosotros avanzar sobre eso”, la intervención es correcta dado que “el municipio viene funcionando en una situación de suma irregularidad porque hace tres años que no se presenta un presupuesto, por lo tanto trabaja sin un previsión de gastos y por lo tanto sin posibilidad de controlarlo”.

Sin embargo, señaló que aunque la investigación de las denuncias de corrupción está a cargo de la Justicia, consideró que se debe tener en cuenta que son cuatro los integrantes del Ejecutivo imputados, lo que consideró muy grave y que hace al deterioro del orden institucional.

Finalmente, arremetió de nuevo contra los ediles al indicar que “ellos dicen que con la intervención los avasallamos porque fueron elegidos por el pueblo, los diputados también llegamos con el voto del pueblo y tenemos la misma legitimidad que los concejales”.

Por su parte, Santiago Godoy consideró que la clave de la intervención es la necesidad de "correrlos al intendente y los funcionarios imputados de los lugares en los que pueden interferir a la investigación".

Otro punto en el que puso el foco el diputado fue en describir que con la destitución del Concejo, el intendente recurre a la Corte de Justicia, que dicta una cautelar restituyendo al mandatario y la causa “cae en un saco negro, que llega a situaciones absurdas como lo que pasó en Colonia Santa Rosa, en el que la Corte confirmó la destitución luego de que el intendente haya terminado su mandato”.

Por eso pidió que la Justicia investigue rápido todas las acusaciones contra Méndez, “el nuevo procedimiento judicial con la investigación de los fiscales permite que en un año ya se esté llegando al juicio”, hasta tanto señaló que la medida que tomaría la Legislatura con la intervención garantiza la paz social.

Ese concepto fue el que rescató Ramón Villa y, en contraposición, recordó lo que pasó en Aguaray, en donde la demora en tratar la intervención generó reclamos callejeros y amenaza de toma de la municipalidad, hasta que finalmente el oficialismo habilitó el tratamiento del proyecto en la Legislatura.

Y la diputada Cristina Fiore pidió abstenerse de votar porque consideró que efectivamente Méndez no puede seguir en el cargo, pero que el proyecto enviado por el Ejecutivo “mínimamente” debía tener los fundamentos por escrito.

“No alcanza que venga Villada media hora a charlar con los senadores y a decirles que había que aprobarlo por la situación que es de público conocimiento, eso es una falta de respeto. Que tengan una mayoría que le permita aprobar el proyecto sin problemas, no es justificativo para no cumplir con enviar de forma correcta una iniciativa tan importante”, concluyó Fiore.

El proyecto tuvo 53 votos positivos, uno negativo y una abstención. Se estima que este miércoles el Ejecutivo podría promulgarlo y confirmar quien será designado interventor por los próximos dos años