Tan terrible era la situación de la joven con retraso madurativo explotada por el matrimonio ahora imputado, que un cliente de servicios sexuales fue quien realizó la denuncia en el Polo Integral de las Mujeres de Salta y dio origen así a la investigación que confluyó en la detención de la pareja explotadora, el pasado 14 de octubre.
El fiscal general federal Eduardo Villalba presentó la acusación el pasado viernes, en la audiencia de formalización de la investigación penal, de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal de la Nación que se aplica en Salta y Jujuy, ante el juez federal de Garantías Julio Bavio.
El magistrado dispuso que las dos personas acusadas queden en prisión preventiva. Ambas fueron detenidas el jueves 14 de octubre en el marco de dos allanamientos realizados en la ciudad capital de la provincia, uno de ellos en la vivienda de la pareja, ubicada en la zona norte.
En la audiencia la auxiliar fiscal Roxana Gual explicó que la investigación se inició en junio a partir de una denuncia realizada por un cliente de los servicios sexuales, quien reveló que una joven ofrecida para estos "servicios" padecía una evidente discapacidad, lo que lo motivó a indagar sobre su vida. Así supo que era explotada por una mujer a la que llamaba “la madrina”, quien utilizaba como factor de sometimiento una supuesta deuda de la víctima.
Este hombre advirtió el estado de vulnerabilidad de la joven y el 29 de junio último denunció esta situación en el Polo Integral de las Mujeres, organismo provincial de asistencia a mujeres víctimas, desde donde remitieron el caso a la fiscalía federal.
La joven era obligada a tener relaciones con clientes que se contactaban primero con la pareja acusada, que la publicitaban en un sitio web de “encuentros sexuales”. La auxiliar fiscal contó que esto se venía haciendo desde 2013 y pudo extenderse en el tiempo por el extremo estado de vulnerabilidad de la víctima, que padece un retraso madurativo moderado. Esa condición fue aprovechada por la pareja para intimidar a la joven y lograr un sometimiento total.
Gual dijo que la denuncia “motivó no sólo el inicio de las actuaciones penales del caso, sino también una serie de medidas de asistencia y contención hacia la víctima", que se articuló con el Polo de las Mujeres, la Defensoría General de la Víctima y la Unidad Fiscal Salta.
"Servicios" a pedido
Gual destacó que la joven era trasladada hasta los lugares donde se habían acordado las citas “score”, en distintos hoteles del micro y macrocentro de la ciudad de Salta y también en Jujuy. Además, era controlada mediante llamados a un teléfono celular que le proveían, tomándole el tiempo que debía durar cada encuentro.
En la investigación se pudo establecer que por alrededor de un mes la trasladaron a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, donde también fue explotada sexualmente.
Tras la pesquisa, en los allanamientos se secuestró ropa erótica, lencería, preservativos, nueve teléfonos celulares, una computadora y otros dispositivos electrónicos, entre otras pruebas. La auxiliar fiscal contó que la joven relató que la pareja acusada la obligaba a vestir esa ropa y le tomaban fotos, aunque nunca supo el uso que le dieron a estas imágenes.
Gual aclaró que la pareja acusada subía esas fotografías al sitio web de encuentros sexuales, y explicó que esto se pudo establecer a partir de un cotejo entre la IP de la computadora secuestrada y un informe remitido por la página de encuentros.
Una historia de sufrimiento
La joven no contó inmediatamente cómo fue captada por sus explotadores. Le tomó varios meses de tratamiento poder relatar eso; contó que proviene de una localidad del interior de la provincia, donde su familia fue víctima de una tragedia en la que murieron dos hermanos, tras lo cual comenzó a sufrir episodios de violencia y abuso, por lo que decidió trasladarse a la capital salteña.
A poco de llegar, conoció a las personas acusadas, quienes le ofrecieron trabajo como niñera, pero a los meses la obligaron a cumplir con los servicios sexuales. Además, en el resto del tiempo debía realizar las tareas domésticas y cuidar los niños de la pareja.
La fiscalía imputó a la pareja detenida por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. El fiscal Villalba requirió también que queden en prisión preventiva, dada la gravedad del caso, la naturaleza de los hechos, el riesgo de fuga y el peligro de entorpecimiento en el que podrían incurrir en caso de quedar en libertad provisoria.
“Este es el primer caso que traemos en el cual se advierte penosamente la gran extensión en el tiempo de sometimiento por parte de los acusados. Por siete años, la víctima sufrió y padeció a manos de los acusados, quienes prácticamente la cosificaron”, afirmó el fiscal.
Villalba también destacó la asistencia y acompañamiento a la joven, que aún sigue aterrada por las posibles represalias de la pareja.
En ese sentido, informó que mediante terceros la pareja intentó tener contacto con la víctima, lo que refuerza su pedido de prisión preventiva. Al final, recordó el compromiso del Estado Nacional de perseguir el delito de trata de personas, el cual fue asumido mediante tratados internacionales.
La defensa rechazó cualquier posibilidad de entorpecimiento por parte de la pareja, resaltó que no tienen antecedentes penales y solicitó su libertad y, en caso de no tener respuesta favorable, el arresto domiciliario.
Pero el juez coincidió con el planteo de la fiscalía. “Tenemos una víctima vulnerable, con miedo y que debe ser protegida, sin amenazas”, sostuvo Bavio, que también se mostró impactado por “una explotación tan prolongada de más de 7 años”.
