Era el 29 de marzo de 1976 y el Comité Central del PRT-ERP se encontraba a punto de comenzar una reunión urgente: habían pasado cuatro días del golpe de Estado y la agrupación político militar necesitaba un plan. La cosa era velada y sucedía en una quinta ubicada en Moreno, zona oeste del conurbano bonaerense, conocida como La Pastoril. Pero no llegaron ni a empezar: cerca del mediodía un operativo ilegal del Ejército y la Policía bonaerense interrumpió a los tiros: siete militantes fueron asesinades y otras ocho secuestradas, trasladadas a diferentes centros clandestinos de detención y torturadas de las que solo sobrevivieron cuatro, entre ellas quien entonces era un niño de siete años. Este jueves desde las 9.30, el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín comenzará a juzgar a cinco militares y a tres policías, todos retirados, por esos hechos, definidos como crímenes de lesa humanidad. La fiscal María Ángeles Ramos representará al Ministerio público. 

Viviana Losada está ansiosa. Es que “pasaron muchos años, hubo genocidas que se murieron en libertad, rodeados de nietos y compañeros que se murieron esperando Justicia”, completa en diálogo con este diario. El juicio oral y público por las violaciones a los derechos humanos de algunos de los participantes de aquella reunión de la cúpula del ERP, entre ellos su pareja Rodolfo Ortiz, comienza. “Por fin se va a saber públicamente que lo que pasó en La Pastoril fue una verdadera masacre”, espera.

Una reunión política que terminó en masacre

Ortiz era uno entre la veintena de participantes de la reunión a la que acudieron miembros de la cúpula del PRT-ERP y algunas agrupaciones aliadas, como el MIR de Chile, con el objetivo de “analizar la situación, a cuatro días de comenzado el golpe, y reamar el equema politico”, definió Losada. La cita fue en una quinta localizada en Monsegur y Padre Fahy, en Moreno, durante el domingo 28 de marzo y el lunes 29. La idea era que todo pareciera una reunión entre amigos: el domingo jugaron a la pelota, comieron todos juntos. El debate político llegaría el lunes. Charlaron un poco a la mañana, almorzaron y se predisponían a descansar un rato antes de retomar las discusiones, pero el lugar y la reunión ya estaba en el radar del Ejército. El alerta provino de les compañeres que estaban a cargo de vigilar que todo estuviera bien en los alrededores del lugar: a huir. No tuvieron tiempo, estaban rodeados. “Entraron tirando, a los tiros limpios. No tenían pensado agarrar ninguno vivo”, sostuvo la mujer.

La masacre culminó con las muertes de los militantes María Elena Amadío, Emilia Susana Gaggero de Pujals, Víctor Hugo González Lemos y Ruperto Méndez en La Pastoril, cuyos cuerpos fueron trasladados a la Comisaría 1ra de Moreno, inhumados sin identificar en el cementerio local y décadas después hallados e identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Otras siete personas fueron secuestradas: Leonor Inés Herrera, Juan Domingo del Gesso, Héctor Osvaldo Villarreal, Carlos Guillermo Gerónimo Elena y Rodolfo, la pareja de Viviana, habían participado de la reunión en la quinta; Benigno Gerardo Tomadoni y Mariana Alba Pinault eran dos vecinos que se habían acercado al lugar para ver qué estaba pasando, que fueron detenidos ilegalmente, torturados en la Comisaría 1ra de Moreno. Ortiz, Herrera y Del Gesso fueron vistos en el centro clandestino de detención Cuatrerismo/Puente 12. Los dos primeros fueron asesinados, el tercero permanece desaparecido, al igual que Elena. Villarreal fue conducido presumiblemente al Batallón Logístico X de Villa Martelli y posteriormente a diversas Unidades Penitenciarias hasta recuperar su libertad.

“Sólo hubo una esquinita por donde lograron escapar los que pudieron a semejante operativo”, remarcó Losada, quien comenzó a reconstruir los hechos a pura búsqueda y charla con sobrevivientes en 2004. Entre los que tuvieron esa suerte, figuran la dirigencia de la agrupación, Mario Roberto Santucho, Benito Urteaga y Domingo Menna. Los militantes Juan Santiago Mangini, Nelson Alberto Agorio y Héctor Geraldo Chávez también lo hicieron, consiguieron un auto, pero no llegaron muy lejos. Fueron interceptados por la policía en las cercanías y se entregaron, aunque de todos modos fueron asesinados. Con ellos llevaban a Eduardo Garbarino Pico, un nene de 7 años que estaba en La Pastoril. Las fuerzas lo llevaron a “una dependencia policial o del Ejército aún no identificada”, cuenta el requerimiento fiscal de elevación a juicio, y luego dejado en una casa. Será uno de los testigos del debate.

La investigación judicial

La reconstrucción que realizó Lozada también la estaban emprendiendo, por otro lado, las hermanas de Nelson Agorio, Iris y Ofelia. Se juntaron las tres y empujaron luego el caso para que el juez Daniel Rafecas “abriera un expediente sobre el operativo de La Pastoril independiente de la megacausa de Primer Cuerpo del Ejército”, recordó a este diario. “Nosotras y nuestros familiares no somos víctimas sueltas, sino emanadas de un ataque puntual, organizado por al Inteligencia del Ejército, y del que participaron fuerzas conjuntas”, completó.

Los primeros pasos en la investigación suponían que del operativo sólo habían participado efectivos policiales de la Comisaría 1ra de Moreno. Pero luego declararon varios soldados conscriptos de la época que “dijeron que el Ejército estaba desde hacía días en la zona y revelaron que había una operación. Entonces se indagó a Inteligencia”, contó Losada. Y se completó el esquema. En el requerimiento fiscal, quedó establecido que participaron, al menos, la Compañía de Ingenieros 10 del Ejército, con asiento en Pablo Podestá, y la Compañía de Ingenieros de Agua 601 de la fuerza, con asiento en Campo de Mayo del Ejército Argentino, además de la Comisaría 1ra de Moreno, que “prestó” efectivos y funcionó como centro clandestino.

“Existen elementos que permiten afirmar que lejos de haber sido un operativo casual y fortuito, el mismo obedeció a una planificación previa”, sostiene el documento fiscal que pide juicio oral y público para los policías Julio Pérez y Juan José Ruiz, hoy retirados, al momento de los hechos efectivos de la 1ra de Moreno; y a los militares retirados Juan Carlos Jocker, Eduiardo Sakamoto, Juan Manuel Giraud, Carlos Alberto Guardiola y Héctor Alberto Raffo, jerarcas y segundas líneas de las compañías involucradas tras la investigación. Todos están acusados de secuestros y asesinatos.