Al ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura Jaime Lamont Smart le fue bastante bien durante el gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, en el último año, la Corte Suprema repuso al magistrado que él buscó apartar de sus causas por delitos de lesa humanidad, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, y ahora anuló una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal que le concedía la prisión domiciliaria. Desde la comodidad de su casa porteña, “Jimmy” Smart estuvo abocado a una tarea específica: sugerirles a otros integrantes del gobierno de facto que dejen a resguardo la información que tenían sobre lo sucedido durante el terrorismo de Estado hasta 2040, así se habrán llevado a la tumba las verdades que durante décadas familiares y organismos de derechos humanos persiguieron.

Los supremos Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti dejaron sin efecto un fallo de la Casación que le otorgaba la prisión domiciliaria a Smart en la causa por crímenes cometidos en la brigada de investigaciones de Lanús --conocida como El infierno--. En una carilla, los integrantes del máximo tribunal remitieron a lo que habían dicho en 2013 en el caso de Jorge Olivera Róvere, responsable de la subzona de la Capital Federal, sobre que las domiciliarias no eran automáticas para mayores de 70 años y que se debía tener en cuenta los riesgos procesales. Por el contrario, Carlos Rosenkrantz, en soledad, votó por rechazar el recurso que había presentado en queja el fiscal ante la Casación Ricardo Wechsler.

La resolución que anuló la Corte había sido firmada por los casadores Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky desde la Sala IV, pero, en una especie de juego de cajas chinas, se hacía eco de lo que había dictado la Sala I de ese mismo tribunal en otra causa. Smart es ahora uno de los imputados en el juicio de las brigadas, en el que se ventilan los crímenes cometidos en los centros clandestinos conocidos como Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno. Smart sólo estuvo conectado desde su departamento al inicio del juicio y después no volvieron a verle la cara.

“Vamos a informar al juzgado de instrucción acerca del fallo de la Corte e impulsar que se revoquen las domiciliarias”, confirmó a PáginaI12 Ana Oberlin, integrante de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata.

Con los fallos de la Casación, Smart --que, antes ser ministro de Gobierno bonaerense, fue uno de los integrantes del llamado “Camarón”, el tribunal que se dedicó a juzgar a militantes durante los años ‘70-- no solo consiguió la domiciliaria, sino que logró apartar a Kreplak, por entonces el único juez federal penal en La Plata. En septiembre del año pasado, la Corte repuso a Kreplak al frente de las causas en las que está Smart involucrado. Desde entonces, el juez lo procesó y elevó a juicio por los crímenes en la Comisaría VIII y por el homicidio del militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) Horacio “Chupete” Benavides. Ya está indagado por el centro clandestino que funcionó en 1 y 60 y restaría que Kreplak resuelva su situación en esa causa también. Kreplak es el único juez penal que interviene en las causas contra Smart, ya que Alejo Ramos Padilla está excusado por haber sido uno de sus denunciantes cuando actuaba como abogado querellante.

“Smart logró muchísimos beneficios durante el macrismo, seguramente con la intervención del entonces ministro de Justicia Germán Garavano. Con el apartamiento de Kreplak, lograron trabar y obturar el desempeño en todas las causas”, opinó la abogada querellante Guadalupe Godoy.

El exministro de Gobierno de facto y fundador del Foro de Estudios sobre Administración de Justicia (FORES) fue condenado a prisión perpetua en tres causas: Circuito Camps (2012), La Cacha (2014) y Brigada de San Justo (2020). Ninguna de esas sentencias aún está firme. Tanto la del Circuito Camps como la de La Cacha fueron confirmadas por la Cámara Federal de Casación en el plazo del último año. “Los retrasos más escandalosos que tuvo Casación tuvieron que ver con Smart”, apunta Godoy.

Desde la comodidad de su elegante departamento en la calle Libertad, Smart estuvo dedicado a sugerirles a sus compañeros del régimen dictatorial que resguarden información sobre lo sucedido hasta 2040. El cálculo es sencillo: los perpetradores no estarán vivos para entonces y muchos de los familiares de las víctimas, tampoco. “Papá está recomendando a los que están presos, ya con cadena perpetua, que dejen información en algún lugar seguro con la indicación de que se conozca en 2040”, le dijo su hijo homónimo, Jaime Smart, a las periodistas Carolina Arenes y Astrid Pikielny en el libro Hijos de los 70. “Creo que tiene que ver con la posibilidad de que los que hoy tienen información sientan que pueden contarla con la seguridad de que no serán perseguidos por sus compañeros”.

Smart no dio información en los juicios, incluso llegó a decir que no se enteraba de lo que sucedía y sólo sabía lo que publicaban los diarios platenses.