La audiencia pública por el barrio de torres de lujo que el Grupo IRSA busca construir en Costanera Sur continuó este miércoles con rechazo unánime de especialistas y vecinos y vecinas de la Ciudad. Con los 39 participantes de este miércoles ya son más de 200 los que expusieron en las primeras cuatro jornadas y todos se manifestaron en contra de levantar torres de hasta 145 metros en las 71 hectáreas de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors. Especulación inmobiliaria en "edificios caja fuerte", emergencia habitacional, acceso al río excluyente e impacto ambiental en zona de humedales son los ejes que atraviesan las exposiciones de una audiencia que continuará hasta el 8 de noviembre.
La cuarta jornada de la audiencia inició con la exposición de Beatriz Pedro, arquitecta de la UBA y profesora titular del Taller Libre de Proyecto Social, quien calificó al proyecto "Costa Urbana" de IRSA como "parte de las políticas que profundizan la emergencia habitacional, ambiental y social en la Ciudad". "Son políticas urbanas de construcción salvaje: concentración de capital especulativo en connivencia con el Estado a través de la Legislatura", sostuvo la especialista, integrante del Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas.
"Vemos a gran escala la forma parasitaria de operar sobre suelo urbano para negocios inmobiliarios especulativos: dejarlos en espera del cambio de uso con un Gobierno favorable", dijo Pedro. El grupo empresarial de Eduardo Elsztain compró el predio en 1997 por 50 millones de dólares y, con el cambio de usos deportivos a inmobiliarios que prevé el proyecto, se calcula que pasará a contar ganancias por más de mil millones de dólares, a razón de unos 6 mil por metro cuadrado construido.
En respuesta a los funcionarios del GCBA que presentan el proyecto como una "recuperación costera" de un predio abandonado, la arquitecta subrayó que fue "por
decisión de sus dueños que se mantuvo en abandono por décadas, privándonos
del acceso a la costa, no desarrollando actividades deportivas y
recreativas necesarias para la salud urbana. Están
construyendo edificios caja fuerte para reserva de valor, ni
parque, ni barrio, ni ciudad”. En su página web, IRSA deja claro el valor que le asigna a Costa Urbana: "Reserva de tierras", es el apartado en el que aparece el proyecto, promocionado a futuro por sus "usos mixtos" que incluyen "tiendas, oficinas, hoteles, clubes deportivos y de yates".
En este sentido, Roberto Villarruel, empresario PyME porteño de la Asociación de Empresarios Nacionales para el desarrollo Argentino, recordó que IRSA "es la empresa modelo de la privatización de espacios públicos que convirtió a los edificios más emblemáticos de Argentina en meros shoppings". Solo en CABA, el grupo es dueño de los centros comerciales Abasto, Paseo Alcorta, Patio Bullrich, Alto Palermo, DOT y Distrito Arcos, mientras que en Provincia de Buenos Aires posee el Alto Avellaneda y el Soleil de San Isidro. En el interior se suman a la larga lista de shoppings las ciudades de Córdoba, Rosario, Mendoza, Neuquén, Salta y Santa Fe.
Maximiliano Díaz, magíster en Políticas Públicas y director del Centro de Estudios Municipales y Provinciales, remarcó que el proyecto "agrava la desigualdad en el acceso al suelo urbano" y que en CABA "no hacen falta más viviendas del tipo que se propone". "Entre 2011 y 2019, el 40 por ciento de las tierras donde el Gobierno porteño aprobó construir fue destinada a vivienda multifamiliar suntuosa. En una ciudad donde el 50 por ciento de la población es inquilina, ¿por qué seguir construyendo viviendas que no se necesitan?", planteó Díaz.
La discusión sobre la crisis habitacional de la Ciudad es uno de los ejes principales que atraviesan la audiencia. "Este proyecto es un despropósito en una ciudad con más de siete mil personas viviendo en la calle. No solo no resolverá el problema de la crisis habitacional sino que elevará por defecto el precio de los alquileres", señaló Tamara García, socióloga integrante de La Defensoría de Laburantes y el Observatorio del Derecho a la Ciudad.
En la jornada del martes, los expositores habían hecho hincapié en el impacto de las torres sobre la Reserva Ecológica Costanera Sur, humedal protegido por la Convención internacional Ramsar. "Los humedales cumplen funciones ecológicas de vital importancia para el medioambiente y la salud, imposibles o costosas de reemplazar", advirtió Graciela Falivene, investigadora de la Universidad de Concepción del Uruguay e integrante de la Red Nacional de Humedales. "Proteger la calidad del agua, filtrar metales pesados y otros contaminantes" y "proporcionar un medio natural de control de inundación", son algunas de esas funciones enumeradas por la especialista. Durante la jornada del miércoles diversos expositores pidieron por el avance en el Congreso de la Ley de Humedales.
Del total de 2593 inscriptos, ya expresaron sus posturas 220 participantes en las cuatro jornadas desarrolladas hasta el momento. Según el seguimiento realizado por el ODC, todos se manifestaron en contra de Costa Urbana, sin contar a los funcionarios del GCBA que defendieron el proyecto en la apertura de la primera jornada. Alicia Rainoni, que se presentó en la audiencia como una "ciudadana común", pidió "por favor que alguna vez se tenga en cuenta la palabra de la mayor cantidad de habitantes".
