La DAIA se encamina a apelar el fallo que sobreseyó a todos los imputados en la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán. La decisión se estaba tomando en el Consejo Directivo en el que hubo un solo voto en contra, el de Tzafta-Meretz, la sección argentina del partido de izquierda de Israel. El Bloque Unido Religioso, que representa a la ortodoxia religiosa y que tiene una fuerte presencia en la comunidad, al punto que viene ganando desde hace años las elecciones en la AMIA, también está en contra de seguir en una causa que consideran política y que apunta contra Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, los ortodoxos no están en la conducción de la DAIA y no votaron. Con la resolución tomada, el recurso deberá presentarse antes del próximo lunes y será tratado por la Sala I de la Cámara de Casación. Según sostienen los propios abogados comunitarios, las chances de que prospere la apelación son escasas, aunque cosas más extrañas se han visto en Comodoro Py.

La DAIA tuvo un papel protagónico en el expediente del Memorándum, al punto que los jueces del Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8), marcaron que uno de sus directivos estuvo en la Casa Rosada reunido con Mauricio Macri; luego de esa visita, la DAIA se presentó como querellante y, tras cartón, los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky --que visitaban también a Macri-- no sólo posibilitaron la reapertura de la causa que estaba archivada, sino que la pusieron en manos de Claudio Bonadio. El fallecido juez procesó con prisión preventiva a CFK y mandó a la cárcel a Carlos Zannini, Luis D’Elía, Jorge Khalil y Fernando Esteche. Lo más dramático fue que también le dictó la prisión preventiva a Héctor Timerman, razón por la cual no pudo viajar a Estados Unidos a continuar con el tratamiento experimental por el cáncer que padecía. El TOF 8 hizo un relato extenso de la trama que manejó a escondidas la reapertura del caso.

Después de haber protagonizado semejante ofensiva, la mayoría de la DAIA se inclina por “no dar el brazo a torcer”, aunque por lo bajo admiten que la gestión de Ariel Cohen Sabban como presidente de la DAIA cometió un gravísimo error al sumarse como querellante en la causa. Todos los reunidos saben --y lo remarcó la declaración de Meretz-- que una cosa era pelear en contra del Memorándum, cosa que se consiguió con la inconstitucionalidad, y otra muy distinta es encabezar una batalla contra el gobierno de CFK o cualquier gobierno del mundo. Tal como lo señaló el juez Daniel Obligado, era como dar batalla por la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y una vez conseguida la anulación, acusar a Raúl Alfonsín de ser encubridor de los represores del Proceso. Para colmo, el expresidente de la DAIA Cohen Sabban ni siquiera tenía la habilitación requerida por los estatutos para presentarse en el expediente, pero el triángulo Macri-DAIA-Comodoro Py pasó por encima de las formalidades. Y el siguiente paso fue aún peor: se encuadró la acusación en traición a la patria. O sea, una institución judía acusó a un canciller judío de traición a la patria, haciéndole coro al pensamiento antisemita internacional de que un judío no es leal a su patria.

Una razón por la que se apela es que ahora a las instituciones comunitarias les resulta difícil bajarse de la ofensiva que desató la misma DAIA. Pero además se agrega la influencia de Juntos por el Cambio en buena parte de esas organizaciones. Eso quedó claro con la participación de dirigentes comunitarios en el gabinete de Macri entre 2015 y 2019, arrancando por el ministro Sergio Bergman, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, el diputado Waldo Wolf y la ministra Patricia Bullrich, cuyo marido Guillermo Yanco tiene un portal de noticias comunitario, es directivo del Museo del Holocausto y tiene fuertes vínculos económicos con empresas israelíes. De hecho, muchos ironizan que la apelación es de color amarillo-PRO. 

Por supuesto que no faltaron los comunicados de la Coalición Cívica y de otras vertientes de la derecha argumentando que no apelar constituía una ofensa a la memoria del fiscal Alberto Nisman, el denunciante original de la causa Memorándum. Lo llamativo es que Nisman era un fiscal despreciado por la DAIA y que incluso denunció al expresidente comunitario Rubén Beraja. Pero cuando estaba cerca de perder el puesto porque “trabajaba poco y viajaba mucho”, como sostenían los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, se lanzó contra CFK para conservar el puesto. De ahí surgió un insólito enamoramiento de la DAIA, ya alineada con Juntos por el Cambio.

Es una verdad aceptada silenciosamente dentro de la comunidad que el expediente es puramente político y, como señalaron los jueces Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini no existió ningún delito porque el Memorándum nunca entró en vigencia. Fue uno de los argumentos del primer juez del expediente, Daniel Rafecas, que ordenó el archivo de la causa. Pero, además, Interpol ya dijo que cuando Timerman informó la firma del tratado, acompañó una carta dejando en claro que nada cambiaba las órdenes de captura contra los sospechosos iraníes de haber intervenido en el atentado. El status de las alertas rojas sólo podría ser cambiado por el juez, en ese momento Rodolfo Canicoba Corral. De manera que no sólo los jueces de Comodoro Py sostienen que no hubo delito, sino también Interpol mismo. Y la prueba más evidente es que las órdenes de captura con alertas rojas nunca se levantaron y siguen vigentes hasta hoy. 

El fiscal Marcelo Colombo y la querella de dos familiares de las víctimas, Claudio Averbuch y Luis Czyzewski, cercanos a la conducción comunitaria de derecha, también presentarán recursos y la Sala I de Casación ya dijo que tratará la cuestión con su composición actual: Daniel Petrone, Ana María Figueroa y Diego Barroetaveña. Todo hace pensar que el expediente llegará a la Corte Suprema, pero con pocas chances de torcer lo que sostuvieron los jueces del TOF en un fallo muy detallado y contundente. En el horizonte, obvio, también habrá demandas civiles contra los querellantes por el tiempo en prisión y los daños causados a quienes fueron imputados. Ya, hoy mismo, las defensas de los acusados apelaron la decisión del TOF 8 de no cargarle las costas del proceso a la DAIA.