Quienes conocieron el despacho que tuvo durante muchos años en el centro de la ciudad recuerdan la cruz y las incontables estampitas y oraciones que rodeaban su oficina, más parecida a un altar religioso que a una dependencia judicial. La decoración de su estudio podría constituir solo un detalle, si es que no fuera porque llevó a la práctica judicial su posición conservadora y antiderechos.

En diciembre, cuando deje de ser la jueza de Menores n° 2, Silvia del Valle Bustos Rallé, habrá ocupado ese cargo durante más de 33 años, un tercio de siglo en el que aplicó con rigor la ley 22.278, la norma sancionada durante la última dictadura militar conocida como “Régimen Penal de la Minoridad”. 33 años en los que se resistió a aggionarse a los nuevos tiempos en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Los cuestionamientos y denuncias contra la jueza casi jubilada se remontan a los años oscuros de la última dictadura militar. Según los extrabajadores de La Veloz del Norte que denunciaron al empresario Marcos Levin por las torturas de las que fueron víctimas en 1977, Bustos Rallé, entonces secretaria del juez Jorge Trincavelli, estuvo presente cuando los obligaron a firmar una declaración para que se autoincriminaran en el supuesto robo a la empresa, con el objetivo de despedirlos. La ahora magistrada avaló el procedimiento.

Pero no sería la única ocasión en que la jueza se hiciera la distraída. El ex monaguillo Juan Carlos García, uno de los denunciantes del exsacerdote de Rosario de Lerma, Emilio Lamas, relató que en 1991 tuvo la oportunidad de contarle a Bustos Rallé de los abusos que sufría y le pidió ayuda, pero la jueza no hizo nada al respecto. García demoraría más de dos décadas en animarse a denunciar a su abusador.

Cuando fue consultada en noviembre de 2018 respecto de ese episodio, la jueza de Menores reconoció que existió, pero lo relató de la siguiente manera: “Él (por García) va a mi Juzgado denunciado por un delito donde él es el imputado y ahí recién me habla del cura Lamas y me dice que el Concejo Deliberante y una monja sabían lo que pasaba. Como él tenía 15 años yo lo llamé a su padre y él me dijo que estaba cansado de todo esto y no quiso denunciar”, se justificó la magistrada.

Propensión a la detención

Bustos Rallé ha sido protagonista de resonados casos en los que dispuso la detención de adolescentes en conflicto con la ley penal en lugar de buscar métodos alternativos de resocialización. De hecho, es un secreto a voces en la Ciudad Judicial que los menores de edad cuyas causas son tramitadas en el juzgado de Bustos Rallé tienen más chances de ser detenidos y durante una mayor cantidad de tiempo que quienes van a parar a los otros juzgados de menores.

Uno de los casos que tuvo trascendencia a nivel nacional fue cuando en 2011 un niño de 11 años llevó un arma a una escuela de la localidad vallista de Cachi y disparó 2 veces, provocando pánico entre sus compañeros. Bustos Rallé decidió detenerlo en la entonces Comisaría del Menor, generando el repudio de especialistas en derechos del niño. La jueza se vió obligada a liberarlo.

En 2012, otro hecho conmocionó a la población salteña. Dos chicas adolescentes fueron acusadas de haberle provocado grandes heridas a un perro callejero de nombre “Dardo”, al hacer detonar un petardo en la boca del animal. Hubo marchas de repudio, y a la jueza de Menores no le tembló el pulso a la hora de ordenar la detención de las presuntas autoras del ataque. Después se descubrió que “Dardo” se había lastimado al morder el artefacto y no como consecuencia de una agresión directa por parte de las adolescentes.

Bustos Rallé tomó intervención también en el caso del adolescente de 17 años que asesinó a su madre y a sus dos hermanos en el barrio Solidaridad en 2013. Después de tomarle declaración, la jueza participó de una inspección ocular, al término de la cual declaró, en un claro prejuzgamiento, que el imputado “tiene una frialdad que espanta. No se olviden que tiene 17 años y es prácticamente un chico y la frialdad asusta”.

La posición de la jueza de Menores no se ha modificado a través de los años, a pesar de los cambios de paradigma que se han dado en la última década respecto de la protección de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, y pese a que la propia Bustos Rallé participó de la elaboración de la ley que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil en Salta, aprobada en 2018 pero que todavía no entró en vigencia.

En una entrevista que le concedió al diario El Tribuno en julio de este año, la magistrada fue consultada respecto de la decisión de su par de Metán, Ramón Alberto Haddad, de citar a declarar a un niño de tan solo 9 años que estaba acusado de haber rayado un auto. En esa ocasión, Bustos Rallé no solo destacó la figura del juez metanenese, a quien consideró “honesto y responsable”, sino que valoró positivamente el Régimen Penal de la Minoridad de la dictadura, todavía vigente: “La ley de la que hablan y hablaron políticos y todos, que me extraña, es la Ley 22.278. Sí, es antigua, pero es la ley que está en vigencia y es nacional y los jueces no podemos dejar de aplicarla porque es una ley que lleva sus años”, le respondió al matutino local.

En esa misma entrevista, la magistrada se manifestó en favor de que los adolescentes puedan ser penalmente responsables a partir de los 14 años: “hay que bajar la edad de imputabilidad porque la franja de 14 y 15 años es usada para delinquir porque generalmente la usan los mayores, no hablo de menores”, expresó, y agregó que “no les puedo hacer juicio, no los puedo condenar y el chico cree que lo que está haciendo es bueno”.

Fiel a su perfil antiderechos, en 2010, en ocasión en que se discutía el proyecto de ley de Matrimonio Igualitario, se manifestó públicamente en contra de la posibilidad de que parejas del mismo sexo pudieran adoptar. “A dos personas del mismo sexo se las debe respetar y no se las debe discriminar porque tienen derecho a vivir plenamente su vida, pero no estoy de acuerdo con la adopción porque no se puede confundir la mente de los niños”, opinó.

Alivio

Mariel Agüero fue directora General de Justicia Penal Juvenil de Salta entre 2009 y 2012 y conoció en detalle cómo era el funcionamiento del régimen que manejaba a gusto y piacere la jueza Bustos Rallé. La trabajadora social describió a la entonces Comisaría del Menor (ahora denominado “Centro de Atención a Jóvenes en Conflicto con Ley Penal N°1”) como “un infierno”. “Funcionaba bajo la órbita de la Policía. Obviamente, se trataba a los chicos como presos sin ninguna distinción. No había proyectos de inclusión social, y estaban detenidos ahí tiempos interminables, en un vacío legal, no tenían los juicios porque no se los podían juzgar”, explicó.

El lugar tenía 42 camas en 6 o 7 habitaciones y la infraestructura se asemejaba a la de una cárcel. Según Agüero, allí estaban alojados niños, niñas y adolescentes de todas las edades, desde los 9 años en adelante, algunos acusados de cometer delitos, pero otros que tenían medidas de protección por haber sido víctimas de abusos sexuales o de hechos de violencia. La Comisaría del Menor estaba superpoblada: había 84 chicos en un lugar que estaba pensado para 42, y entre ellos había niños del interior de la provincia que habían sido desvinculados de sus familias.

La directora General de Justicia Penal Juvenil de Salta se propuso realizar algunos cambios, como evitar que hubiese chicos menores de 14 años, impedir el encierro de niños con figuras de protección, trasladar a las niñas al Hogar de Tránsito, terminar con la superpoblación y cerrar el pabellón de menores que funcionaba en la cárcel de mayores, además de realizar actividades que contribuyeran a la resocialización de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal y garantizar sus derechos. Pero todos esos intentos de cambio se toparon con la resistencia de la jueza Bustos Rallé.

Un episodio que grafica esta reacción al cambio de paradigma por parte de la jueza de Menores n° 2 ocurrió el 16 de junio de 2011. Habían organizado un evento en el Centro de Atención a Jóvenes en Conflicto con Ley Penal N°1 para celebrar las fechas patrias del 17 y el 20 de junio, para lo cual habían conseguido juegos para los chicos, estaba previsto que un profesor diera una charla sobre la Pachamama, y recibían la visita de niños de otras escuelas con quienes pensaban disputar un partido de fútbol, además de inaugurar un mural que habían hecho en homenaje a las Madres de Plaza de Mayo.

“Estábamos en eso y aparece una camioneta blanca con un chofer, una policía y la jueza”, rememora Agüero. “Se baja la jueza, entra abruptamente, toma el micrófono, le dice a los chicos que no van a salir más de ahí, lo mismo hace con los trabajadores, psicólogos y trabajadores sociales… Los chicos, que la conocían, habían pedido un aplauso para la jueza, pero se quedan pálidos y le alcanzan a decir que 'no se enoje, estamos festejando'. La jueza dijo que estaban suspendiendo sus actividades escolares, cosa que no era así porque la escuela funcionaba por la tarde. Así como vino, se fue abruptamente, y nos hizo una denuncia que fue desestimada por el fiscal”, completó la licenciada.

Para Agüero, tanto Bustos Rallé como la entonces jueza de Menores n° 1, Lucrecia Palavecino (ya jubilada), “eran personas que sentían cierto grado de propiedad sobre ese lugar (por la Comisaría del Menor) y sobre lo que pasaba en ese lugar”. “No acompañaron nunca el cambio de paradigma que en ese momento estaba en un camino de transformación y que tenía que ver con que ese lugar fuese un lugar de inclusión (....), era el encierro, el maltrato, era un esquema punitivo, exclusivamente, era no tenerlos en cuenta como sujetos de derecho”, agregó, y consideró que “era totalmente arbitraria la forma en que se daba la libertad y se detenía”.

En ese sentido, Agüero celebró que la jueza Bustos Rallé esté cerca de jubilarse: “creo que va a ser un alivio para esos chicos que están situación de riesgo y vulnerabilidad, que esa jueza se vaya”.