Con eje en la problemática de la informalidad laboral, la provincia de Buenos Aires lanzó operativos de control de empleo registrado en barrios privados del conurbano. Se realizaron intimaciones a las administraciones de ocho countries para que presenten el listado de entrada y salida de trabajadores, a fin de determinar la cantidad de días y horas de su jornada laboral y corroborar su situación registral. Los countries tienen tiempo hasta el lunes y, si no lo hacen, serán multados por encima del millón de pesos. Los operativos se llevaron adelante en barrios ubicados en Tigre (Nordelta), Pilar, Hudson, Almirante Brown y San Vicente.
En Argentina el 36 por ciento de los y las asalariadas se encuentra en una relación informal, pero esta tasa asciende al 74,5 por ciento para las trabajadoras de casas particulares. Es la tasa más alta de todo el mercado de trabajo y es, a la vez, una actividad muy compleja de abordar para la inspección por el ámbito donde se desarrolla, un domicilio particular. "No hay facultades de libre acceso, mas allá de que hay algunas ventanas. Esto es un hito en la inspección laboral", explica a PáginaI12 el subsecretario de Inspección del Trabajo de la provincia, Emilio Ré.
La provincia decidió aplicar por primera vez este mecanismo de control entendiendo la propia operativa de los barrios privados, que tienen la particularidad de contar con un registro de ingreso y egreso de trabajadoras y se puede detectar la informalidad sin necesidad de entrar en las casas. En caso de que las administraciones no entreguen los listados, la provincia interpreta que se está "impidiendo el normal desenvolvimiento del sector" y podrá aplicar multas superiores al millón de pesos. Si se entregaran los listados y se detectaran trabajadoras no registradas, la intimación será directamente a los dueños de los lotes.
"Hoy están dadas todas las facilidades. Para monotributistas y familias que no pagan Ganancias, el Estado nacional paga una parte del sueldo de la trabajadora hasta 15.000 pesos durante seis meses. Aquellos que pagan Ganancias, pueden descontar aportes y sueldo. La trabajadora no pierde ni la AUH ni la Tarjeta Alimentar por estar registrada y accede a la tarifa social. El costo del registro hoy es de 2.400 pesos mensuales para las que trabajan más horas y esto cubre los aportes y contribuciones como jubilación, obra social y la ART", destacó el subsecretario, enmarcando la medida en el programa Registradas.
"Sabemos a ciencia cierta que en barrios privados y countries la tasa de empleo es altísima, ya que casi no hay familia que no sea empleadora", explicó a PáginaI12 Matías Isequilla, abogado y asesor legal de la Asociación de Trabajadoras del Hogar y Afines. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reportó que en la Argentina 3 de cada 4 trabajadoras del sector se desempeñan en la informalidad, que en pandemia perdió más de 318.000 empleos. Los y las empleadoras de este universo son personas de clase media, media alta, y es este el motivo por el cual la provincia decidió empezar por los barrios cerrados.