El Índice de Vulnerabilidad Inquilina (IVI) señala que los hogares sostenidos por mujeres, por jóvenes, por personas trans o inmigrantes son los que afrontan situaciones de mayor gravedad. Estos grupos están obligados a destinar “una proporción más alta de sus ingresos al pago del alquiler”. Eso los lleva a que alquilen sin contrato escrito y a conformarse con viviendas más precarias, de manera especial los que alquilan en villas o asentamientos.

Estos son los resultados del informe realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Escuela IDAES de la Universidad Nacional de San Martín. Las situaciones descriptas se producen en “un contexto de incertidumbre económica y precariedad laboral”, en el cual crece el peso de los alquileres, junto con “el riesgo de que se interrumpan los ingresos”, lo que abre “la posibilidad de un desalojo”. Todo lleva a que para muchos la alternativa de alquilar sea “cada vez más frágil”.

El IVI, basado en una encuesta telefónica de hogares inquilinos del área metropolitana de Buenos Aires, fue presentado como un instrumento destinado a medir el grado de vulnerabilidad de los que alquilan. Se toman distintas variables, desde las características del contrato, hasta las posibilidades que tienen los grupos familiares para poder cumplirlo.

El resultado de la encuesta “muestra con claridad que existen inquilines cuya situación es particularmente vulnerable”. Es el caso “de los hogares sostenidos por mujeres o por personas trans-travesti o no binaries, de quienes alquilan de palabra, de las personas desocupadas, de quienes reciben la AUH, les jóvenes, les migrantes recientes, quienes alquilan en villas y asentamientos, entre otros”. Lo más frecuente es que destinen un alto porcentaje de sus ingresos al pago del alquiler y que acumulen deudas por no poder cumplir. Además, están obligados a alquilar viviendas precarias “de palabra”, sin contrato firmado.

El informe precisa que “en el caso de los hogares sostenidos por mujeres y personas trans-travesti o no binaries, la alta vulnerabilidad llega al 34% y 38%, respectivamente”. Mientras tanto, “en aquellos hogares que son sostenidos por un varón, la alta vulnerabilidad se reduce al 26%”.

En cuanto a las diferencias por edad, “la franja etaria de entre 16 y 29 años registra el mayor nivel de vulnerabilidad: 33%”. La proporción desciende “a medida que crece la edad del sostén de hogar”. La tendencia de los más jóvenes es “alquilar solamente una habitación, y (...) de palabra”. Eso los conduce a “tener menor estabilidad habitacional”.

Los que alquilan en villas o en asentamientos “también concentran altos niveles de vulnerabilidad. En esta población la alta vulnerabilidad”, que alcanzan “el 44%, contra el 26% de quienes lo hacen en el resto de la ciudad”. Además, el alquiler en estos barrios populares “necesariamente es de palabra, por lo que quedan excluidos de los mecanismos de protección previstos” por ley para los que alquilan con contrato.

Por otro lado “el 35% de los hogares inquilinos con niñes u otras personas que requieren cuidados tienen alta vulnerabilidad, pero si el hogar está sostenido por una mujer llega al 40%”. El contraste es “muy marcado” con el de los hogares sin niños u otras personas de cuidado ya que en esos casos “la alta vulnerabilidad se reduce al 15%”.

Se señala además que “el 54% de los hogares inquilinos encuestados respondió que alquila ‘de palabra’, sin contrato por escrito”. De ese porcentaje “el 43% está en una situación de vulnerabilidad alta, mientras que entre quienes cuentan con contrato escrito solo un 14% registra ese nivel de riesgo”.

Por si fuera poco “uno de cada tres inquilines declaró tener deudas de alquiler, una proporción que llega al 41% en los hogares que recibieron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en 2020”.

El informe dice que “las mujeres jefas de hogar, les migrantes, les jóvenes y quienes alquilan en villas y asentamientos, requieren políticas urgentes que respondan a sus dificultades particulares”. Hoy, las medidas de protección de inquilinos están dirigidas “sólo a quienes tienen un contrato escrito, mientras que --de acuerdo a la encuesta-- en el AMBA más de la mitad” pueden alquilar “solo de palabra”. En ese segmento se concentran los mayores índices de vulnerabilidad inquilina.