En una audiencia que se realizó de manera virtual, el fiscal Federal Ricardo Toranzos imputó a la directora del PAMI Salta, Verónica Molina, y al ex titular de una de las UDAI en la ciudad de Salta, Marcos Vera, por el delito de concusión en concurso real con malversación de fondos públicos. Ambos se abstuvieron de declarar.

La audiencia se realizó con la presencia del fiscal y la jueza Mariela Giménez en el recinto del Juzgado federal, mientras los acusados escuchaban los argumentos de la imputación cada uno en su domicilio.

La investigación, contó Toranzos, comenzó el 26 de marzo de este año, cuando una persona que solicitó preservar su identidad presentó capturas de pantalla y audios de whatsapp en los que Vera y Molina solicitaban el cobro de un porcentaje de alrededor del 20% del sueldo de algunos trabajadores que habían ingresado, bajo su gestión y por su intermedio, a trabajar en las distintas dependencias del PAMI.

El funcionario del Ministerio Público fue pasando filminas con las capturas de pantallas en donde se pueden ver las conversaciones de Vera solicitando el porcentaje acordado. Pero también hay audios de Molina realizando el mismo pedido.

Esa misma persona que presentó las pruebas, detalló que Vera era secretario general de La Cámpora y secretario de “adoctrinamiento” de la comisión de acción política (CAP) del Partido Justicialista.

Toranzos, en diálogo con Salta/12, añadió que además de la presentación formal “hubo publicaciones periodísticas y declaraciones de funcionarios del PAMI en su juicio por el IFE”. El mismo fiscal lleva adelante la acusación penal contra Viviana Fernández, Emilia Juárez y Javier Eduardo Navarreta, quienes eran gerentes del PAMI en las sucursales de Orán, El Carril y Embarcación, respectivamente, y que debieron renunciar a sus cargos tras conocerse que habían cobrado el Ingreso Familiar de Emergencia.

Juárez fue una de las que en su declaración por la causa IFE, apuntó a los dos funcionarios de pedirles depositar el dinero en los bolsines que utiliza el PAMI para enviar documentos vía Correo Argentino y de esa manera evitar los controles de Gendarmería.

En cuanto a la cantidad de personas que debían realizar ese aporte, el fiscal indicó que aún siguen entrevistando a funcionarios: “no sabemos el número, muchos sostienen que son militantes de La Cámpora y que nunca les pidieron plata”. Así como tampoco tienen certeza de cuál era el destino que le daban al dinero recibido ya que aún falta verificar las cuentas bancarias.

Electrodomésticos

Pero hubo una segunda imputación, esta vez por más de mil electrodomésticos que la Aduana de Orán había donado al organismo para que se entreguen a los jubilados y que, según Toranzos, fueron utilizados en plena campaña. El fiscal dijo que comenzaron las averiguaciones por una “notitia críminis”, en la que el candidato a concejal Fernando Ruarte, en diálogo con una radio local anunciaba que habían entregado más de 300 electrodomésticos “a afiliados del PAMI en Salta”. Pero además, esa información se constataba con las publicaciones en sus redes sociales días antes de las elecciones provinciales, “cuando Ruarte no es empleado del PAMI y no debería estar entregando esos bienes”.

Esos datos, añadió, fueron contrastados con entrevistas que realizó la Policía Federal a varios de los beneficiarios, “algunos reconocieron que habían recibido un electrodoméstico entregado por el candidato Fernando Ruarte”, mientras que otros negaron haber recibido un bien en donación “a pesar de que existe un acta con su firma”.

Los electrodomésticos que la Aduana de Orán puso a disposición de la Secretaría de Presidencia y esta donó al PAMI fueron 1.498, y según estimaciones, el valor en plaza supera los $4 millones.

Toranzos explicó que esta fue “una parte inicial de imputación”, pero que puede haber otros involucrados por lo que la lista de imputados podría aumentar. Solicitó un plazo de investigación de 90 días porque deben peritar el destino de los electrodomésticos entregados y algunas cuentas bancarias.

Los dos imputados podrían ser inhabilitados para ocupar cargos públicos. Pero el fsical no pidió medidas cautelares como prisión preventiva porque consideró que no hay peligro de fuga. A Vera y Molina se los acusa de tres hechos delictivos, exigir un porcentaje del sueldo; la utilización de los bolsines, que son un instrumento oficial, y regalar bienes en campaña “que tendrían que haber sido destinados a personas vulnerables”.