El 19 de octubre el juez federal Julio Leonardo Bavio elevó a juicio la causa seguida contra el empresario Matías Luis Huergo y otros ocho hombres acusados de integrar una asociación ilícita para cometer delitos fiscales valiéndose de facturas apocrífas confeccionadas por ellos mismos.
El caso involucra a la municipalidad de Salta, porque la asociación también habría cometido una estafa en perjuicio de las arcas municipales, en tiempos en que era intendente el actual gobernador Gustavo Sáenz, aunque esa parte de la investigación quedó radicada en la justicia provincial, donde se mantiene sin avances.
El juez Bavio consideró concluida la investigación, señaló que se reunieron "suficientes elementos de prueba para llevar a juicio a oral a Matías Luis Huergo, por ser jefe de la asociación ilícita tributaria, junto a Aníbal Anaquín, Gerardo Rubén Romero, Héctor Sebastián Silva, Arturo Mimessi Sormani y Juan Nolberto Llanos, Gerardo Rubén Romero; Francisco Antonio Guzmán Garriga, y Oscar Matías Esliman".
Para tomar esta determinación el magistrado rechazó las oposiciones de los abogados defensores e hizo lugar a los requerimientos de la querella de la AFIP –DGI y del fiscal federal Carlos Amad. La causa fue elevada al Tribunal Oral Federal Nº 1, que será el encargado de realizar esta instancia.
Los nueve acusados fueron procesados en junio de 2020. Entonces el juez federal sostuvo que Huergo era "el ideólogo y dueño real" de las firmas Arcadio SRL y SEC SA, y también era "el principal responsable de la administración, gobierno y dirección" de estas empresas, involucradas en un millonario fraude al fisco nacional y en una estafa a la Municipalidad de Salta y al Estado provincial, aunque este último delito no es de competencia de la Justicia Federal y todavía no ha sido investigado por la justicia provincial.
A Huergo y a los otros ocho imputados se les atribuye haber integrado dos asociaciones ilícitas creadas para evadir impuestos mediante la duplicación de facturas apócrifas. Una de esas asociaciones también vendía esos comprobantes a otras empresas que bucaban evadir al fisco.
Con la prueba reunida el juez llegó a la convicción de que existe un "claro el vínculo de Matías Luis Huergo con Arcadio Obras Eléctricas SRL y con SEC SA". Según explicó el magistrado en el procesamiento, para llevar adelante las maniobras delictivas, se creó "un andamiaje de empresas, bajo distintas figuras societarias, integradas con interpósitas personas insolventes, quienes modelaron como pantalla para ocultar al verdadero propietario, responsable y beneficiario de la actividad económica". Entre estas empresa se cuentan Arcadio SRL, SEC SA, Lusal Obras y Servicios SRL y Obrar SRL.
Sobre SEC SA, el juez dijo que era una empresa de "papel", "utilizada al sólo efecto de documentar operaciones que no pudo haber realizado" porque su capacidad económica y financiera no se condecía con la magnitud de su operatoria comercial. Esta firma, y Arcadio, estaban integradas "con personas de escasa solvencia".
Prestanombres
Esos "prestanombres" eran Gerardo Romero, un jubilado. Otra fue una estudiante de 25 años (ya fue desvinculada de la causa penal federal) incluida como accionista de SEC SA por su tío, Silva, un contratista de 47 años. Romero figuraba en ambas empresas y ni él ni Silva "contaban con la capacidad para comprar acciones y dirigir una empresa que, entre abril y junio de 2017, facturó a la Municipalidad de la Ciudad de Salta un monto total de $8.632.540 en concepto de provisión, instalación de luminarias y farolas en el ejido municipal".
Otro prestanombre fue el electricista Jorge Luis Bonifacio, empleado de Huergo, que era parte de Arcadio, "empresa que, entre otras cosas, facturó sumas millonarias al Estado provincial y municipal".
Esta asociación ilicita, dijo el juez en el procesamiento, utilizó desde 2016 "facturación apócrifa (duplicada o melliza) para abultar gastos y documentar operaciones en SEC S.A. y Arcadio Obras Eléctricas SRL, con la finalidad de obtener beneficios fiscales inapropiados, evadiendo así el pago de los impuestos correspondientes".
Los inspectores de la AFIP detectaron en el caso de Arcadio "facturas de contribuyentes apócrifos y duplicadas por montos que en los períodos fiscales 2016 y 2017 rondarían los treinta millones de pesos ($30.000.000), lo que implicaría un ajuste en el Impuesto al Valor Agregado y en el Impuesto a las Ganancias de veinte millones ($20.000.000). En concreto, se determinó que Arcadio es deudor de $ 2.168.863,09 (IVA 2016), $ 5.246.911,09 (IVA 2017), $ 2.991.145,22 (Ganancias 2016) y $ 7.191.400,37 (Ganancias 2017)".
Huergo, los hermanos Anaquín, Mimessi, Romero, Silva y Llanos integraban esta primera asociación ilícita.
La segunda asociación ilícita estaba dedicada a facilitar la evasión de impuestos a terceros, a través de la creación y comercialización de facturación trucha.
Romero proveía las facturas apocrífas a Arcadio y SEC SA, pero además, con Guzmán Garriga y Esliman, "formaron parte de otra estructura criminal, cuyo propósito fue la generación y comercialización de comprobantes falsos, para una gran cantidad de usuarios que buscaron reducir fraudulentamente su carga impositiva".
Esta segunda asociación ilícita se valía del nombre de personas físicas y jurídicas para usarlas como "usinas generadoras de crédito fiscal apócrifo".
Aunque todavía se sigue investigando cuánto se evadió con esta operatoria, la AFIP estimó que la organización habría duplicado facturas por un monto superior a los $100 millones de IVA para los períodos fiscales 2015 a 2018.
