El campesinado que marcha a pie a Salta Capital fue convocado el miércoles por una comisión liderada por el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos (hombre del PRO dentro del gobierno de Gustavo Sáenz), en el municipio de Embarcación (en el departamento San Martín), hasta donde el contingente había llegado tras dos días de caminata desde Fortín Dragones, en el límite con Rivadavia.

La reunión se realizó en horas de la siesta en el complejo deportivo de Embarcación y referentes del sector desarrollaron los puntos de solicitudes pero, sobre todo, los casos concretos de posibles desalojos, “sea por la vía judicial o extrajudicial”, contó a Salta/12 Benigno López, presidente del Frente Nacional Campesino (FNC).

En la percepción del referente campesino, De los Ríos “esquivó en todo momento”, hablar de las situaciones de posibles desalojos. Aunque este medio intentó comunicarse con el funcionario, no hubo respuestas. No obstante, en el comunicado oficial emitido por el gobierno provincial tras la reunión se sostuvo que “en relación a los casos que tienen sentencia judicial, por el sistema de división de poderes, el Ejecutivo no puede intervenir: ‘Sin embargo, podemos volver a empezar las negociaciones con titulares’, para lo cual (De los Ríos), solicitó la conformación de una comisión de representantes para trabajar los puntos del petitorio”.

López indicó que el ministro sostuvo que sólo conocía de tres notificaciones que involucran posibles desalojos de pequeños productores en causas que reconocen el dominio de las tierras a los titulares registrales. “Pero solamente en la reunión saltaron 12 casos” de familias ahí presentes, dijo López; añadió que también hay situaciones de presión de terratenientes para que las familias dedicadas a la pequeña producción abandonen sus tierras.

La propuesta del gobierno en ese momento fue “firmar un acuerdo”, pero “era muy abstracto lo que proponían. Queremos fechas”, dijo el titular del FNC al sostener que continuaron con la asamblea tras la partida de De los Ríos y decidieron que quieren una reunión con el gobernador Gustavo Sáenz, o de lo contrario continuarían con la marcha, que para hoy prevé llegue a Pichanal, municipio del departamento Orán.

El intendente de Embarcación, Carlos Funes, había abierto las puertas del Polideportivo. Pero a las 19 les dijo a los campesinos que debían retirarse. Como no lo hicieron, “llamó a De los Ríos para decirle que nosotros habíamos tomado el edificio”, contó López indignado. Sostuvo que el funcionario le dijo que “habían llegado a un acuerdo” y que este implicaba que los manifestantes debían volver a sus respectivos puestos. “Pero parece que él no entendió lo que dijimos”, sostuvo López.

Asamblea en Rivadavia

Por su parte, organizaciones criollas de la ruta nacional 81, donde también llegaron notificaciones que intiman a algunas familias a desocupar sus puestos, decidieron realizar mañana otra asamblea a partir de las 10 en el puesto de Antolín Soraire, en Los Blancos (en Rivadavia). “Con esto queremos acompañar la medida que realizan las otras organizaciones a Salta Capital”, dijo Lucía Ruiz, dirigente campesina de la zona.

Al igual que quienes marchan con el FNC, la Coordinadora Zonal de Tierra de la Ruta 81 solicitó a Sáenz una audiencia en los próximos 15 días para poder plantear allí las problemáticas por las sentencias judiciales que ponen al sector de la agricultura familiar en peligro de desalojo.

En la nota elevada, se indica que las sentencias salen del juzgado que preside la jueza Griselda Nieto, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de 1ª instancia de Tartagal, “quien al igual que su antecesora, la jueza (Ana) María de Feudis, nunca sacó un fallo a favor de las familias campesinas”. Apuntaron contra la magistrada por estigmatizarlos como usurpadores u ocupas sin reconocer sus derechos y pese a la existencia de la Ley 7658, que suspende los desalojos.

Al hacer una descripción de lo que acontece en el departamento donde viven, indicaron que el 88.3 por ciento de la población es rural y la densidad poblacional lega a 0.8 habitante por kilómetro cuadrado. El índice de pobreza se ubica en el 81.3 por ciento, porcentaje que convierte a Rivadavia en el segundo departamento más pobre del país luego del de Ramón Vista, en Formosa.

A esta situación se suma que cuando De Feudis era jueza en 2010, tenía en su poder 70 expedientes en trámite por conflictos de tenencia y “muchos están siendo resueltos con dictamen de sentencia arbitrarios por quien hoy preside dicho juzgado. Cambiaron los actores, pero nuestros derechos siguen siendo avasallados sin ninguna contemplación de lo que esto significa”, advirtieron. “Queremos creer en la Justicia (…) pero nos da una cachetada”, sostuvieron los pequeños productores al solicitar que el gobierno actúe bajo los parámetros constitucionales para mantener la paz social en su región “que se ve amenazada (…) por el accionar de una jueza que piensa que está por encima de la ley y los poderes del estado”.

La espera de una prórroga con presupuesto

Hasta ayer el Senado provincial no había dado sanción definitiva a la prórroga del artículo 9 de la Ley 7658 que frena los desalojos de campesinos. En este nuevo proyecto se planteó la necesidad de un presupuesto que permita cumplir finalmente con lo establecido en la ley , que apunta a la regularización dominial de las tierras y las condiciones óptimas que permitan el desarrollo del campesinado.

Desde la Zonal de la Ruta 81 se recordó que tuvieron que esperar desde 2010 (cuando se promulgó la normativa) hasta 2017 (cuando se la reglamentó), para que la ley se aplique. Pero la reglamentación se hizo “en tiempo récord”, dado que fue en menos de dos semanas y sin permitir la participación del campesinado.

“Es correcto decir que dicha reglamentación del gobierno provincial de turno en ese momento encabezado por Juan Manuel Urtubey, no se preocupó por trabajarla con seriedad, en forma participativa y respetando los derechos de los campesinos”, adujeron. En la Ley se disponía la articulación de diversos ministerios que cambiaron de denominación con el cambio de gestión y nadie sabe qué le toca hacer a quien.

La falta de aplicación de la normativa fue advertida incluso por la jueza Nieto en un comunicado en el que sostuvo que envió expedientes a la provincia para que señalen la condición de pequeños productores de los demandados. Y aunque no lo especificó, evidentemente no obtuvo respuestas. A ello agregó que ya se resolvió hacer lugar a instancias de caducidad presentadas en el caso de Ramón Segovia (demandado por Gianfranco Macri por tierras de Rivadavia), y por lo tanto se suspendieron las notificaciones para desocupar las tierras. Añadió que en ningún momento su juzgado dispuso desalojos.

En el comunicado del Ejecutivo provincial tras la reunión de De los Ríos con integrantes del FNC se afirmó que “la tenencia de la tierra es el problema a resolver, no sólo en Salta sino en toda la Argentina. Y está en nuestra agenda de trabajo”. Allí surgió una vez más el conocido compromiso de que “ya se han previsto los recursos en el presupuesto que se está discutiendo en este mismo momento, junto a un enorme equipo para trabajar con todas las personas que lo necesiten".

Mientras, a 11 años de la ley provincial el fantasma de los desalojos sigue persiguiendo la tranquilidad de las familias de la agricultura familiar, que en caso de acceder a negociar por alguna parte de las tierras en las que vivieron y trabajaron siempre, lo hacen en desventaja.