El Estado Nacional y la Policía Federal Argentina deberán pagarles 10 millones de pesos más intereses a dos mujeres que fueron abusadas por efectivos de esa fuerza cuando eran adolescentes de 13 y 15 años y atravesaban una situación de extrema vulnerabilidad económica y social, informó el Ministerio Público de la Defensa.

Por los hechos, ocurridos entre 2009 y 2011, seis efectivos de la Policía Federal y un agente del Servicio Penitenciario Federal fueron condenados a penas de entre 7 y 16 años de prisión.

En esa ocasión, el Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación (DGN) actuó como querellante a favor de las víctimas.

La condena indemnizatoria fue emitida por la titular del Juzgado Civil y Comercial Federal N°1, Silvina Andrea Bracamonte, quien tuvo en cuenta los hechos expuestos en la demanda por la defensora pública oficial ante los Tribunales Federal de la Ciudad de Buenos Aires, Florencia Plazas.

Según indicaron fuentes judiciales, los montos ordenados en esta sentencia no registran antecedentes similares y se fijaron “como reparación del daño moral y psicológico sufrido por las víctimas de esta red de abuso y promoción de corrupción de menores de 18 años, que fue organizada por funcionarios públicos”.

Por pedido de la defensoría y en función de la situación de vulnerabilidad y las características de los daños ocasionados a las víctimas, la suma deberá pagarse en el plazo de veinte días desde que la sentencia quede firme.

Además, entre las medidas que solicitó la defensa pública y fueron incluidas en la sentencia, se encuentran el otorgamiento a las víctimas de una beca integral de estudios en instituciones públicas para que culminen tanto su educación secundaria como luego la universitaria o terciaria, o bien cualquier otro curso de capacitación en un oficio.

Esta medida, que apunta a reparar el daño al proyecto de vida de las dos mujeres, incluye la cobertura integral de sus gastos en transporte y material educativo, señalaron.

También como forma de reparación, “el fallo condenó al Estado a implementar y cumplir, en un plazo de ocho meses, programas de capacitación sobre violencia contra las mujeres y perspectiva de género destinados a miembros de la Policía Federal”.

El resarcimiento también prevé los gastos futuros para el tratamiento psicológico de las que hoy son dos jóvenes adultas.

Sobre los peritajes psicológicos y psiquiátricos sobre las víctimas, la jueza consideró al dictamen como “absolutamente incompletos y desligados de la labor encomendada”. Además, esos peritajes habían sido impugnados por la Defensoría por no haber sido desarrollados con perspectiva de género. Los consultores de la defensa sostuvieron que “el daño psíquico se detecta consolidado y es irreversible porque comprometió la identidad de las niñas”.

Entre 2009 y 2011, las víctimas, que “atravesaban una situación económica y socioambiental precaria”, fueron inducidas y persuadidas bajo amenazas por agentes de la Policía Federal a mantener relaciones sexuales con otros agentes de la fuerza y también con personas ajenas a ella.

A partir de esa explotación, las adolescentes recibían dinero y parte de lo obtenido por el ilícito era repartido entre los uniformados.

De acuerdo con lo denunciado por las víctimas y confirmado en la sentencia, los policías se valieron del cargo que ocupaban para amenazarlas y utilizaron todos los elementos a su alcance para cometer el delito como armas de fuego, intercomunicadores y predios a los que únicamente ellos tenían acceso: departamentos, edificios, pensiones, dependencias varias, baños y boleterías de la estación de tren de la línea San Martín, entre otros, entre los que se destacan la pensión de Warnes 2105, el destacamento del Cuerpo de Policía Montada ubicado debajo de la autopista Presidente Héctor Cámpora (AU 7) y en el predio de Policía Federal ubicado en la avenida Figueroa Alcorta.