Milagro Sala denunció ante una fiscalía jujeña torturas y malos tratos sufridos por ella y por otras internas en el penal de Alto Comedero, al mismo tiempo que el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Clara de Langhe de Falcone, y su aliado sindical Carlos Santillán descalificaban al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria, que visitó la provincia. El grupo insistió en el cumplimiento de la decisión que adoptó en octubre del año pasado, reclamando la libertad inmediata de Milagro. Morales dijo que la opinión sobre el caso “fue parcial” y que “quien no ha vivido los últimos 15 años en Jujuy no tiene un cuadro de situación de lo que aquí ha ocurrido”. De Langhe de Falcone, a quien todos llaman Titina sostuvo que los expertos de la organización internacional ya venían con una opinión negativa formada (cosa que el gobierno supo desde el principio pero prefirió desconocer porque intentó utilizar la visita para su propaganda política). Santillán, conocido como El Perro, sugirió que el Grupo de Trabajo no visitara Jujuy sino Siria. Las tres reacciones parecen calcadas de las que recibió en 1979 la CIDH, cuando constató las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura cívico-militar.
Balcarce no es un perro
Ante el grupo de trabajo, Milagro y otras internas denunciaron las torturas padecidas, la utilización de celdas de castigo y el permanente hostigamiento. Lo reiteró luego en la Fiscalía Nº 3. Milagro había sido denunciada por amenazas a otra detenida, Rosa Susana Miranda. Según Miranda otra interna le pegó el 2 de abril de este año, por directivas de Milagro en represalia por haberse negado a participar en un motín. Esa es la pauta de la mayoría de las causas: alguien declara que fue agredido o amenazado por órdenes de la líder social, aunque ella no haya participado ni existan pruebas de su intervención. Cuando el fiscal Carlos Farfán le cedió la palabra, Milagro negó las acusaciones y dijo que fueron instigadas por la subdirectora del penal, Patricia Balcarce, quien fue relevada antes de la llegada del Grupo de Trabajo, por temor a las denuncias de Milagro.
Dijo que las compañeras de los pabellones 1, 3 y 4 le pidieron que hablara con Balcarce, “para que se terminen los maltratos” que padecían las internas. “Cuando ingresé al despacho de ella, me dijo que tenía que hablar por mi sola, que yo vine sola y me iba a ir sola. Yo le dije que quería cumplir con el mandato de mis compañeras. Ella golpeó el escritorio, se paró, me metió una cachetada, me agarró la ropa del cuello y me dijo que más vale que no salga ni diga nada de lo que había pasado ahí”. Agregó que hace un mes pasó algo similar. “Los maltratos hacia mi persona, los insultos y puteadas continuaban, me mandaba a seguir con las celadoras y me tenían que hacer informes. La oficial Balcarce decía que hablaba todos los días con [el ministro de gobierno] Ekel Meyer y que todo lo que ella hacía era por orden de él, que ella tenía que pasar informe de todo lo que yo hacía durante el día. La segunda vez que discuto con ella me volvió a pegar una cachetada, primero me pegó una patada en la pierna y me pellizcó en el brazo, yo se lo mostré a la doctora Adriana Fernández, Secretaria del Tribunal Criminal N° 2. Balcarce me dijo que la que manda en el penal era ella, y que iba a hacer de todo para hundirme, que no me iba a hacer fácil la convivencia”. A partir de allí comenzaron las peleas entre internas de distintos pabellones, instigadas por Balcarce. Milagro agregó que luego de una de esas peleas en las que ella no participó, una celadora le dijo que Balcarce le ordenó a Rosa Susana Miranda que la involucrara. “Miranda dijo que cómo me iba a nombrar si yo no estaba ahí, entonces Balcarce le dijo que me involucre que el Ekel Meyer iba a hacer que el expediente lo gane ella”.
Hace tres semanas los organismos jujeños de derechos humanos y la organización de abogadxs del noroeste ANDHES, presentaron un recurso de hábeas corpus que fue rechazado por el juez Gastón Mercau por las torturas padecidas el 3 de abril por tres mujeres en el mismo penal de Alto Comedero. A una de ellas, que fue arrancada con violencia del lugar donde dormía desnuda, personal penitenciario masculino y femenino le fracturó un brazo. Le colocaron una manta en la cabeza y la llevaron a patadas a la celda de aislamiento conocida como los chanchos. Recién a la noche de ese día la llevaron al hospital para ser atendida por la fractura. Otras dos internas fueron obligadas a arrodillarse y en esa posición las golpearon. A pesar de la gravedad de sus lesiones, no recibieron atención médica externa. Mercau constató las lesiones pero igual rechazó el pedido de hábeas corpus y sólo recomendó al director del penal que evite “nuevos sucesos de similares características”. No obstante, avaló el uso de los chanchos al considerar que “el aislamiento provisional está previsto” para infracciones disciplinarias graves. Los organismos advirtieron que las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de Reclusos, conocidas como Reglas Mandela, establecen “que las restricciones o sanciones disciplinarias no podrán, en ninguna circunstancia, equivaler a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, como en este caso.
Milagro amplió detalles de este episodio ante el fiscal Farfán. “A las cinco de la mañana abrí la ventana porque se escuchaba fuerte como gritaban las chicas por cómo les pegaban. La Oficial Balcarce me involucra en la causa porque la segunda vez que ella me pega yo le dije que la iba a denunciar, que iba a hablar con mi familia y con mis abogados, ahí me repitió nuevamente que me calle la jeta, que no vaya a ser cosa que algún día no amanezca en la celda, ahí fue cuando me asuste más, insisto no quería denunciar acá en los Tribunales porque no le tengo nada de confianza al doctor Mercau, porque responde al gobierno de la provincia y la Justicia no tiene independencia, más sabiendo que Balcarce dijo que ella recibía directivas del ministro Ekel Meyer y del Secretario de seguridad Miguel Singh”. Agregó que cuando llevaron a sus compañeras a las celdas de castigo una de ellas vomitaba sangre. “Con mí grupo de compañeras, hicimos una sentada en la cancha para que la lleven al hospital, porque lloraba de dolor. Recién a las 10 de la noche la llevan al hospital donde se dan cuenta que tenía los ligamentitos rotos, y lastimados los pies y la frente”. Las internas lastimadas fueron vistas dos o tres días después por el juez Mercau, su secretaria y un médico. Mercau constató que una de las chicas “tenía muchos moretones en la cabeza, en la parte del hígado, lastimadas las rodillas, las pantorrillas, y la lesión del brazo. Mercau en ese momento refirió que esas lesiones nunca se las pudo haber provocado ella, por lo cual nos sorprendió cuando le rechazan el Habeas Corpus, recomendando al Servicio Penitenciario que no ocurran estas cosas, siendo algo totalmente contradictorio”. Por esta denuncia se inició una nueva investigación, a cargo del fiscal Darío Osinaga, uno de los pocos funcionarios que no ha cedido a las presiones del gobierno provincial contra Milagro Sala: al iniciarse el acampe en la plaza Belgrano durante la primera semana de gobierno de Morales, Osinaga aceptó el pedido del gobierno de investigar el presunto delito que se estaría cometiendo pero no de imputar como autora a Milagro Sala, por lo cual el gobernador lo denunció por “omisión, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”. El 5 de mayo, el mismo Osinaga solicitó el sobreseimiento en dos de las últimas causas inventadas en contra de Milagro Sala por “inducción a cometer delito de amenazas agravadas”. Dijo que en los expedientes no había pruebas para sostener la imputación.
Coco Basile dixit
Morales invitó al Grupo de Trabajo con la intención de que modificara ese dictamen, pero los expertos independientes Sètondji Roland Adjovi (de Benín) y Elina Steinerte (de Letonia) lo ratificaron. Tal como habían anticipado en Buenos Aires al equipo de defensa de Milagro Sala, le informaron a Morales, a Titina y al resto de los funcionarios del oficialismo jujeño que esa opinión era irrevocable y que lo único que podían recibir eran explicaciones sobre los pasos dados para su cumplimiento. Pero además visitaron la cárcel de Alto Comedero, el jueves y el viernes. Allí recibieron las mismas denuncias de torturas padecidas por la dirigente de la organización barrial Túpac Amaru y por otras mujeres detenidas, que Milagro Sala denunció ante la justicia provincial. El jueves 18, al concluir su misión, los visitantes darán una conferencia de prensa que constituirá un nuevo revés para el gobierno jujeño. El Poder Ejecutivo Nacional tomó prudente distancia del caso y espera que la Corte Suprema de Justicia le quite el problema de encima disponiendo la libertad de Milagro. Si bien el presidente Maurizio Macrì comparte el propósito de disciplinamiento de los movimientos sociales por medio de la criminalización de sus protestas y sus dirigentes, el caso de Milagro Sala alcanzó una repercusión nacional e internacional que cada día resulta más gravosa para el sector de la Alianza Cambiemos que no milita en la Unión Cívica Radical, convertida en su ala derecha en un tema tan sensible como las libertades públicas. El poder radical en las sombras, Ernesto Sanz, justificó públicamente la detención de Milagro en los requisitos de la gobernabilidad de “mi amigo Gerardo Morales”.
Morales apenas hizo una breve declaración luego de la audiencia con los miembros del Grupo. Contra toda evidencia dijo que no pretendía que cambiaran su opinión sino que conocieran toda la verdad. En cambio, Titina Falcone fue sincera. En un tono más esperable en el Coco Basile que en una jurista, no ocultó su amargura por el resultado de la visita. Sus términos fueron tan descomedidos que al terminar intentó establecer que no los había vertido como presidente del Superior Tribunal de Justicia sino “como una abogada del foro local que tiene 52 años de ejercicio de la profesión”. Esta ficción recuerda la del ex presidente Carlos Menem, cuando dijo que me querellaba por calumnias e injurias no como presidente sino en su carácter de ciudadano, pero como fundamento sostuvo que yo había lesionado su investidura. Titina dijo que tiene libertad para opinar porque se excusa en todas las causas en las que interviene su yerno y ex socio en el estudio jurídico, Gastón Mercau, el juez a cuya disposición está privada de su libertad Milagro Sala. En este caso, al menos, eso es falso: en enero del año pasado, el juez Raúl Eduardo Gutiérrez ordenó la detención de Milagro y de inmediato pidió licencia. Titina Falcone, que era la presidente de turno del tribunal superior designó para suplirlo al padre de sus nietos, cuyo nombre no figuraba en la Acordada de diciembre que estableció quienes serían los jueces de feria en la justicia provincial. Mercau sigue a cargo hasta hoy y es actor principal en el hostigamiento a la prisionera, que según su suegra “no es una presa política sino una política presa”. El martes 9, Mercau se dirigió al Servicio Penitenciario para indicarle que debía proveer personal femenino “formado en acompañamiento terapéutico o similar” para acompañar en forma permanente a Milagro Sala. Esto implicaría un refuerzo a la vigilancia constante que se ejerce sobre ella, cuando habla por teléfono, cuando duerme y hasta cuando va al baño. Milagro ha dicho que no aceptará esta imposición. Por otra parte, la expresión “acompañamiento terapéutico o similar” indica que coincide con la opinión del cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia. “Similar” quiere decir cualquier cosa.
Falcone ingresó al tribunal en 2010, luego de haber sido vicepresidente del bloque radical en la Legislatura. En 2015, luego de la victoria electoral de su partido fue designada presidente del Superior. Además recibió refuerzos. Morales amplió de cinco a nueve el número de miembros del Tribunal y designó para integrarlo a cuatro abogados radicales. Dos de ellos votaron la ampliación y, como dijo Milagro en su declaración indagatoria en diciembre pasado, “cruzaron el patio” y juraron como miembros del tribunal. La diferencia es que el copamiento del vértice judicial a Menem le llevó más de un año y a Morales menos de una semana.
Según la jueza, el Grupo de Trabajo vino con una decisión tomada “que no es la que Jujuy merece”. Sin ocultar la identidad entre el gobierno de Morales y el tribunal que ella preside dijo en primera persona del plural que si la Corte Suprema de Justicia “no dice la solución a favor nuestro” y ordena la libertad de Milagro “acataremos”. También se quejó porque el grupo de trabajo rechazó el pedido que ella les hizo para que “escucharan a los jueces que han dictado la prisión preventiva, pero no les interesa porque vienen con una opinión formada. Ellos ya vienen con una opinión, la opinión del negativo de Verbitsky, de Zaffaroni con el cual yo doctrinariamente en absoluto estoy de acuerdo ¿Entendés?”. El final de la entrevista fue desopilante:
–¿Se han llevado información?
–Sí, la doctora Lamas les preparó dos cajas enormes. Les mandó la Constitución, la doctrina. Si tienen el trabajo de leer van a estudiar mucho.
–¿Les pareció que vienen con algo ya prearmado?
–Pero querido, no me preguntés lo que vos sabés mejor que yo. Seamos honestos entre nosotros. Es el CELS y el CELS no está con nosotros no se equivoquen, si ustedes saben positivamente. Porque yo no me voy a meter con esta señora, pero lo que te digo no es presa política es política presa. El comentario se los reservo para ustedes. Eso me hago cargo yo, no estoy hablando en nombre de Presidenta del Poder Judicial, está hablando la doctora Falcone como abogado del foro local con una trayectoria de cincuenta y dos años en la Justicia, ojo no tengo un año, cincuenta y dos.
Falcone fue denunciada por la defensa de Milagro Sala junto con el apoderado de Morales (Federico Wagner, del estudio Gil Lavedra), el fiscal de Estado Mariano Miranda y el entonces representante para Derechos Humanos de la cancillería, Leandro Despouy, por los mails en los que analizaron la forma de justificar la detención de Milagro ante la misión de la CIDH que llegará esta semana a la Argentina.