Llegar a sus territorios es una tarea poco abordada por el Estado. No hay un registro de cuántas comunidades indígenas existen hoy en la provincia; en consecuencia no hay un relevamiento discriminado de su población y de sus necesidades.

El camino que debiera iniciarse con la llegada del Estado a las comunidades, hoy es inverso: “Existen algunos números sueltos de cuando algunas comunidades se inscriben en el INADI, pero no todas lo hacen, y de ahí puede sacarse el censo. En la provincia recién alrededor de 16 comunidades iniciaron la tramitación”, explica la abogada de la Unión Diaguita de Belén y Tinogasta, Andrea Morales Leanza.

En este contexto, la noticia de que 46 mujeres lograron ser incluidas en el Programa Nacional Acompañar es un avance en el alcance de sus derechos.

“La primera semana de septiembre junto a algunas caciques de la Unión Diaguita de Belén y Tinogasta nos reunimos en Buenos Aires con la Ministra de Mujeres Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y una abogada indígena Aymara Choque Choque, para plantear la situación de más de 500 mujeres indígenas en Catamarca que no estaban siendo incluidas dentro del Programa Acompañar, que aborda a mujeres en situación de violencia”, comenta la abogada.

“Sabemos que es un programa muy importante porque se trata de llevar empoderamiento económico a la mujer a través de un sueldo, y que luego pueda ingresar a otros programas cooperativos, al Potenciar y otras políticas con acompañamiento profesional y técnico para mujeres en situación de violencia”, evalúa. Pero “este programa no estaba incluyendo a mujeres indígenas de la provincia; a un año de su ejecución no se estaba llevando a cabo en los territorios indígenas”, señala.

La defensora de las comunidades cuenta que por ese motivo decidieron viajar a Buenos Aires, explicar la realidad del tema y plantear la necesidad urgente de que se las incluya en este programa, “por cuanto estas mujeres se encuentran atravesadas por un tipo de violencia que nunca se tiene en cuenta, que es la violencia en sus territorios a través de sus cuerpos”, plantea.

“Estas mujeres han sido históricamente objetos de terratenientes, y ahora de empresas mineras que se establecen en sus territorios. Son objeto de abusos sexuales también de quiénes se arrojan aún hoy ser dueños de esas tierras. A lo largo de estos años estas prácticas perduran y son poco abordas por las políticas con respecto a las mujeres”, denuncia.

Alcance

“En un principio nos decían que era imposible incluirlas dentro del Programa Acompañar porque no se adecuaba a los marcos legales, por cuanto solo contemplaba la violencia contra la mujer referida por un hombre. Y tenía que ser actual, no se estaba teniendo en cuenta la violencia en los territorios”, advierte.

Las gestiones dieron sus frutos: “Afortunadamente después de estas gestiones que comenzaron en Buenos Aires pudimos concretar charlas con María Carrizo (secretaria de Mujeres, Género y Diversidad) y Tamara Franco (directora de Atención Integral de Víctimas de Violencia), y así la llegada a los territorios indígenas con sus equipos, que se realizaron los días 18 y 19 de este mes”.

“Tuvimos una gran colaboración de la Secretaría de Mujeres de la Provincia, y se va a seguir trabajando con ese equipo. También quedó concretado el diálogo con Nación para vengan a relevarnos e introducirse en los territorios, que es donde se debe ir y no se estaba haciendo, para alcanzar a las otras comunidades donde no se ha llegado aún con el acompañamiento”, evaluó.

Explicó además que es la primera vez que el Estado llegó al territorio a entrevistar a estas mujeres que siguen siendo víctimas de violencia. La visita solo se concretó en principio en las comunidades de Laguna Blanca y Corral Blanco.

Desde el Gobierno, aseguran que “con la finalidad de promover la participación y promoción de todos los programas, consultas y constitución en cooperativas para la autogestión de mujeres y LGBTI, el operativo próximamente llegará a Carachi y Aguas Negras, para proseguir en el departamento santamariano”.