La asombrosa ofensiva contra Cristina Fernández de Kirchner por el memorándum firmado con Irán se retomó en la semana que pasó con el copiado de mails de la Casa Rosada y el pedido de entrecruzamientos telefónicos entre CFK y sus funcionarios, principalmente el canciller Héctor Timerman, el secretario de la Presidencia Oscar Parrilli, el de Legal y Técnica Carlos Zanini y muchos otros. La nueva movida es irracional, en primer lugar porque Cristina no usó mails mientras fue presidenta y la supuesta línea punto a punto entre Cancillería y Presidencia no funcionó nunca: no hubo ni una sola comunicación. De manera que se encontrarán con vastas planillas de llamadas entre CFK y sus funcionarios –sin saber de qué hablaron–, cosa que no servirá para nada ya que es lógico que un presidente hable con sus colaboradores. 

Ya se vió el grotesco uso que se le dió a las escuchas telefónicas entre CFK y Parrilli –todo lo que encontraron fue un “soy yo, pelotudo”–, por lo que puede esperarse cualquier elucubración sobre el entrecruzamiento de llamados o tal vez utilicen intercambios de mails, no con CFK, pero entre otros funcionarios para filtrar a la prensa cuestiones personales o incluso de gestión, pero referida a otros temas. Es notorio que se trata de una causa política ya que el memorándum fue convertido en ley por el Congreso. Si fuera instrumento de una maniobra a favor de los sospechosos iraníes, habrá que tener en cuenta que participaron con su voto mayorías de diputados y senadores. 

Nisman

El origen de este expediente es la denuncia formulada por Alberto Nisman cuatro días antes de su muerte. Después que varias instancias sostuvieran que no existe delito en el memorándum, el gobierno de Cambiemos más la DAIA, alineados con las derechas norteamericana e israelí, presionaron para que el caso se reabra. Internacionalmente viene bien una condena para cualquiera que hubiera negociado con Irán, pese a que lo mismo hicieron las principales potencias del planeta. En esta causa y en la de la muerte del fiscal, hay una visible desesperación por culpabilizar a CFK. 

Mails

El juez Ariel Lijo delegó el expediente en Gerardo Pollicita y convalidó que se le pidiera a la Casa Rosada el acceso a las computadoras para hacer un copiado en los servidores de los mails enviados por Cristina a sus colaboradores. Se utilizaron palabras clave, como Irán o memorándum, o los nombres de los sospechosos iraníes con orden de captura con alertas rojas. Parece impensado que en cualquier lugar del mundo se acceda a las comunicaciones entre un presidente y quienes trabajaron con él. 

Quienes estuvieron en la Casa Rosada con la ex presidenta señalan que CFK nunca les mandó un mail, ya que las directivas se daban personalmente o por teléfono. Incluso está el recuerdo de que los términos del memorandum los hablaron CFK y Timerman en forma personal, recorriendo punto por punto. Una vez aprobado, el Canciller viajó para firmarlo en Addis Abeba, Etiopía, el 27 de enero de 2013.

Rojo

Recientemente, el fiscal Raúl Taiano, que investiga la muerte de Nisman, pidió informes sobre las comunicaciones en una especie de teléfono rojo existente entre Timerman y Cristina. En rigor se trata de una línea punto a punto, o sea que sólo comunicaba a la Cancillería con la Presidencia. 

Colaboradores de Timerman recuerdan que el entonces canciller se encontró con ese teléfono que nunca había sonado y preguntó para qué servía. Le explicaron que era la línea punto a punto con la Presidencia y Timerman verificó que no funcionaba. En rigor, nunca durante su gestión había funcionado. Por lo tanto, desconectó el teléfono y lo guardó en el cajón de su escritorio. O sea que Taiano pidió informes sobre un teléfono rojo que nunca se usó. 

Uso

El juez que ordenó las copias en los servidores de Casa Rosada es Ariel Lijo, el mismo que estuvo a cargo de las escuchas de los diálogos de Cristina con Parrilli que luego aparecieron difundidos en los medios relacionados con Cambiemos. Ni siquiera aquellos diálogos tuvieron que ver con el objeto procesal, la supuesta protección del prófugo Ibar Pérez Corradi, ni con delito alguno. Lo que se difundió fueron opiniones de CFK sobre Stiuso y los jueces, con interpretaciones desopilantes luego llevadas a la justicia. Lijo argumentó que él no filtró nada, el fiscal de aquella causa, Guillermo Marijuán, tampoco se hizo cargo y todos apuntaron a que la filtración vino de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). 

Los abogados de Cristina y Timerman, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, presentarán un escrito esta semana exigiendo que se respete la privacidad y todo lo que tenga que ver con instrucciones de la ex presidenta respecto de otros temas de gobierno. “Todo esto es ridículo y gravísimo  –señaló Rúa a este diario–. Es una excursión de pesca: van a ver si encuentran algo y ni ellos saben lo que buscan. Eso está prohibido por la legislación. Es inimaginable que se revisen las comunicaciones, por ejemplo, entre Barak Obama y el titular de la CIA durante un año o dos. Seguro hablan de todo y sobre todo. Acá pasa lo mismo, pero el marco es la persecución. La realidad es que no van a encontrar nada, por lo que nosotros esencialmente vamos a pedir que se respete la privacidad y todo lo que tenga que ver con otros temas de Estado. Que actúen responsablemente, algo que no hicieron con las escuchas telefónicas anteriores”. 

Aunque los abogados de CFK y Timerman no lo plantearán, la medida es de dudosa legalidad. Desclasificar los mails y las conversaciones de un presidente equivale a desclasificar documentos de Estado. Queda sentado el precedente de que un juez puede pedir la desclasificación de los mails de Macri, por ejemplo, con Arribas, sin que siquiera haya un límite: se toman todos los mails y recién después la justicia elige las palabras clave con las que buscar en esos mails. 

Objetivo

En esta causa, como en la de la muerte de Nisman, se intenta encontrar algún elemento para inculpar a la ex presidenta. Como se ha dicho mil veces, para algunos el memorándum puede ser bueno o malo, pero otra cosa es que sea un delito. Ni los camaristas que lo declararon inconstitucional sostuvieron la existencia de un delito y lo mismo opinan Raúl Zaffaroni, León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Luis Moreno Ocampo o Julio Maier. A lo largo de todo el debate parlamentario no hubo ningún diputado o senador, ni siquiera los que votaron en contra, que expusiera que se trataba de un delito. 

El memorándum fue un tratado firmado por Timerman con su par iraní Alí Akbar Salehi, para sortear una situación de parálisis en la causa AMIA: la ley iraní no permite la extradición de iraníes –una ley que rige en muchos países– mientras que la Argentina no permite, al menos hasta ahora, los juicios en los que no estén presentes los imputados. Ante ese cuadro se buscó una manera de que los sospechosos iraníes presten declaración indagatoria, en Teherán, ante el juez Rodolfo Canicoba Corral y con la presencia de todas las partes. Como parte del tratado se conformaba una Comisión de la Verdad, integrada por juristas internacionales, que funcionaba como observadora del proceso, aunque sus informes o resoluciones no eran vinculantes. Por esta cláusula, el tratado fue declarado inconstitucional. La ofensiva ahora es para imputar a CFK por encubrimiento de los iraníes e incluso hay una causa paralela por traición a la patria, impulsada por dos particulares allegados al PRO y respaldada por dos familiares cercanos a las autoridades de la comunidad judía. 

El memorándum tenía y tiene un interés internacional, ya que significó un acuerdo con Irán, país al que se acusa por los atentados en Buenos Aires y por su hostilidad hacia Israel y Estados Unidos. Lo curioso es que en tiempos de Obama, Washington firmó también un acuerdo con Teherán. Ese pacto de limitación nuclear lo firmaron China, Rusia, Alemania, Francia y el Reino Unido. Hoy en día, Donald Trump quiere dar marcha atrás con ese tratado e Israel siempre lo condenó. Esta lógica geopolítica, más la ofensiva contra el gobierno anterior, configuran el menú del expediente cuyo puntapié inicial dio Nisman, un fiscal alineado con las derechas de Estados Unidos e Israel, según surgió con claridad de las filtraciones de la organización Wikileaks y las vinculaciones políticas y económicas que se le encontraron después de su muerte. 

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