Desde Santa Fe

La acción de amparo contra la provincia que interpuso esta semana el director del Organismo de Investigaciones del MPA Marcelo Sain dejó en evidencia al senador radical Lisandro Enrico, quien es su denunciante y acusador en un proceso administrativo que instruye la Legislatura para aplicarle la ley 14.016 –sancionada a su medida en noviembre de 2020 en 20 minutos- y echarlo del cargo. El amparista presentó el recurso el martes 19 ante la justicia laboral de Rosario al impugnar la ley anti Sain –como se la llama-, pidió que se la declare “inconstitucional” en su caso y solicitó una medida cautelar para que la comisión de Acuerdos que lo persigue “se abstenga de tomar cualquier medida disciplinaria” en su contra. Pero en el arranque del proceso judicial, cuando apenas se había definido el juez competente, un mensaje público de Enrico –que después borró- generó el rechazo y la denuncia del Colegio de Magistrados de la provincia (Zona Sur) que interpretó la “conducta” del legislador como otro intento para “intimidar a magistrados del fuero laboral ante la iniciación de una causa de trascendencia pública”. “Un hecho de suma gravedad institucional que pretende interferir en el normal funcionamiento del Poder Judicial”, lo calificó.

El amparo del martes es el segundo que plantea Sain ante el mismo fuero en cuatro meses. En el anterior, la Fiscalía de Estado se allanó a la demanda. Y el 30 de junio, la jueza Laboral Nº 10 de Rosario, Paula Calace Vigo, ordenó a la comisión de Acuerdos “dejar sin efecto y archivar” el sumario con el que pretendía suspender a Sain como director del Organismo de Investigaciones -durante seis meses- por supuesto hechos cuando era ministro de Seguridad. El pase al archivo aún está pendiente.

El mismo martes, la mesa de entrada unificada de los juzgados laborales de Rosario giró el segundo amparo de Sain a la jueza Calace Vigo, al asociarlo con el anterior. Sin embargo, la magistrada consideró que no había “conexidad automática” entre uno y otro, que eran hechos distintos. Por lo tanto, el miércoles devolvió el expediente para el “sorteo del Juzgado” y pidió que se excluyera del bolillero a su tribunal para que “no sea adjudicado nuevamente por conexidad”.

El jueves, un colega de Rosario informó que Sain había presentado otro “amparo contra la provincia” y pedía “una cautelar para que la comisión de Acuerdos de la Legislatura se abstenga de aplicarle una sanción disciplinaria”. En el tuit adelantó que la causa “quedó radicada en el Juzgado Laboral Nº 2”, sin aclarar lo obvio, que el titular del Juzgado es el doctor Fabián Vega. La guía judicial está disponible en la web.

Apenas se viralizó la noticia, Enrico respondió: “Si otra vez la misma jueza impide la investigación del funcionario y la aplicabilidad de la ley, luego de que fuera ratificada su constitucionalidad, vamos a solicitar que se aboque el Tribunal de Enjuiciamiento por notoria parcialidad”, tiró. Quedó claro que aludía a la jueza Calace Vigo, que resolvió el primer amparo de Sain, pero sin saber que la magistrada ya se había eximido de entender en el segundo.

El jefe del bloque de diputados peronistas Leandro Busatto cruzó a Enrico. “¿Y cuál sería tu mensaje? ¿Resolvé como quiero o te vamos a destituir?”, lo interpeló. “Lisandro: sos senador. Tratá de apelar un poquito al menos a la división de poderes”. Lo tuyo “suena como que estás apretando a jueces públicamente, aún antes de que pronuncien” sus sentencias. “Es llamativo tu republicanismo”, lo corrigió. Sain se hizo eco del retruque de Busatto a Enrico, con un comentario: “No es mafia, pero se le parece”.

Enrico borró el mensaje a Calace Vigo –aunque sin nombrarla- porque ya no está disponible en su cuenta. La advertencia era que si “la misma jueza” impedía la “investigación” de Sain en la Legislatura, pediría que se “aboque el Tribunal de Enjuiciamiento” por supuesta “parcialidad”. Cuando escribió eso, la magistrada ni siquiera tenía el amparo de Sain en su despacho, ya lo había devuelto a la mesa de entradas del tribunal y el juez sorteado era el doctor Vega. Calace Vigo está a cargo del Juzgado 10 y Vega del 2.

El Colegio de Magistrados de la provincia (Zona Sur) rechazó la “conducta” de Enrico y consideró que sus “nuevas declaraciones” están “dirigidas a intimidar a magistrados del fuero laboral ante la iniciación de una causa de trascendencia pública”. El pronunciamiento –que firman el presidente del Colegio Gustavo Salvador y el secretario Iván Kvasina- interpretó entonces que la destinataria del mensaje no era sólo la jueza Calace Vigo, sino por extensión, su colega el doctor Vega, que deberá resolver el amparo.

En el retruque, el Colegio de Magistrados asoció el planteo de Enrico con dos hechos anteriores: las expresiones “de un diputado provincial contra una jueza laboral” el 1º de julio de 2021, al día siguiente del fallo de la doctora Calace Vigo que ordenó el “archivo” del trámite disciplinario a Sain en la Legislatura, y de un senador contra “un camarista de Rosario” el 13 de agosto de 2021, una semana después de la sentencia del juez José Luis Mascali que dictaminó que los fueros no impiden investigar al senador Armando Traferri. Esta serie de "quiénes integran" la Legislatura "revisten suma gravedad institucional por cuanto pretenden interferir el normal funcionamiento del Poder Judicial”.

“Nuestra institución rechaza las conductas públicas aquí denunciadas pues tienden a condicionar la independencia con que deben ejercer sus funciones los distintos operadores de justicia en el marco de causas judiciales en trámite”, concluyó.

En el amparo, Sain recordó que la ley 14.016 que le hicieron para él y ahora le quieren aplicar para echarlo del cargo “fue dictada a poco del comienzo de una persecución política que comenzó en marzo de 2021 y continúa en la actualidad”. “Como director provincial del Organismo de Investigaciones del MPA he llevado adelante medidas investigativas por delitos que tienen como partícipes a integrantes de la Legislatura Provincial. No he tenido reparos en mencionar con nombre y apellido a aquellos legisladores involucrados en el crimen organizado. Y eso tiene un costo, que se refleja en esta acusación”.