Los números de los balances de las tres más grandes empresas locales fabricantes de alimentos son elocuentes. En el primer año de la pandemia volvieron a contabilizar utilidades dejando atrás el fiasco económico del gobierno macrista-radical, y en la primera mitad de éste consiguieron aumentarlas.

Molinos de la familia Pérez Companc, Ledesma de la familia Blaquier y Arcor de la familia Pagani incrementaron las ganancias y también los márgenes sobre ventas en un período que será recordado como la peor crisis global de por lo menos los últimos cien años.

Para eludir la persistente campaña de confusión deliberada del inmenso dispositivo político y mediático de la derecha, la medida oficial que dispuso el congelamiento transitorio de precios no apunta a solucionar el problema estructural de niveles de inflación muy elevados.

El objetivo explícito es intervenir en una puja distributiva donde los sectores de ingresos fijos no pueden mejorar la débil posición relativa que arrastran de cuatro años de alianza macrista-radical y dos de castigo por la crisis del coronavirus. Una parte del sector empresario está acaparando, en cambio, toda la mejora de la recuperación económica luego del derrumbe de la pandemia. Y lo hace a través de aumentos de precios.

Esta dinámica de marcada desigualdad en la apropiación del ingreso queda reflejada en las cifras de estos tres balances de firmas líderes en la producción de alimentos.

Conocer esos números no debería orientar a un análisis moral acerca del monto extraordinario de las ganancias, puesto que el objetivo de cualquier empresa es sumar utilidades, ni a provocar indignación porque los empresarios quieran acumular ganancias ya que así funciona, por ahora, el sistema de relaciones de producción.

El congelamiento de precios por tres meses de una canasta de casi 1500 productos simplemente es una iniciativa de emergencia para intervenir en una puja distributiva que está teniendo como perdedores a trabajadores y jubilados.

Balances de Molinos, Ledesma y Arcor

En mayo pasado, en estas páginas se revelaron los ejercicios económicos anuales, correspondientes al terrible 2020, de tres de los más importantes grupos económicos productores de alimentos del país. Cada una de las páginas de los respectivos balances demostraba que habían ganado mucho dinero en el año de la pandemia, recuperándose así de las pérdidas registradas en los dos últimos años de recesión del gobierno de Macri. 

La abierta resistencia de esas tres empresas a la decisión del gobierno de Alberto Fernández de lanzar una medida de urgencia de congelamiento temporario de precios de una cesta de consumo familiar obliga a una actualización de esas cifras para averiguar si, en lo que va de este año, disminuyó, bajó o subió el monto de ganancias respecto a 2020.

Los lamentos de estos días pueden llevar a una conclusión errónea. En estos meses aumentaron las utilidades, como se detalla a continuación:

* Molinos: finalizó el ejercicio económico 2020 reportando una ganancia neta de 1746 millones de pesos. En la mitad del actual período (seis meses de 2021) anotó 998 millones de pesos. La ganancia bruta sobre ventas aumentó de 29 a 33 por ciento (el factor precios, entre otros, explica esta mejora).

* Arcor: en el segmento Alimentos había registrado ganancias por 1229 millones de pesos en 2020. A nivel de todas las actividades del Grupo, en el primer semestre de este año, el resultado final ascendió a 8807 millones de pesos.

* Ledesma: en el ejercicio económico junio 2020/mayo 2021, las utilidades netas fueron 5203 millones de pesos. En el primer trimestre del actual (junio-agosto 2021) sumó 750 millones de pesos.

Tres episodios

Los aumentos de precios de alimentos, bebidas y artículos del hogar han tenido tres episodios durante el gobierno de Alberto Fernández, que deben precisarse para no caer en trampas analíticas (no fueron ni por la emisión monetaria ni por el déficit fiscal).

1. Recuperación de márgenes de ganancias. Los años del macrismo fueron pésimos en términos de rentabilidad para la mayoría de las empresas, en especial para las vinculadas al consumo interno. La primera etapa del gobierno de Alberto Fernández tuvo el objetivo explícito de mejorar los ingresos reales de los grupos sociales más postergados, que la pandemia interrumpió en forma drástica. En estas especiales condiciones económicas, laborales, sociales y sanitarias, el consumo de productos de la canasta del hogar no se resintió en gran medida, por el contrario se intensificó al concentrarse el ingreso familiar en esa demanda. Con un mercado beneficiado por una coyuntura inédita –además ayudado por la transferencia directa de recursos del Estado a la población vulnerada-, las empresas de esos rubros iniciaron la recomposición de márgenes de ganancias vía precios.

2. Alza de los precios internacionales de las materias primas de exportación. Cuando China superó la peor etapa de la pandemia, a mediados del año pasado, inició una rápida restauración de stocks, entre ellos los de productos agropecuarios. La demanda china derivó en una fuerte suba de los precios de esos bienes que impactó en los precios de alimentos en el mundo, como registró la FAO. En el caso argentino, el aumento de la carne –por la demanda extraordinaria de "vacas viejas" de China- fue el más visible, pero también subieron mucho la soja, el trigo, el girasol y el maíz. Estas son materias primas básicas de la cadena de producción de alimentos. Estos incrementos presionaron sobre los costos, que las empresas trasladaron a los precios al consumidor. Por ese motivo se aceleró la tasa de inflación desde agosto del año pasado hasta marzo último, cuando marcó el pico de 4,8 por ciento.

3. Suba de los precios internacionales de insumos difundidos (aluminio, papel, acero, metales plásticos, vidrio). Cuando el shock externo por el alza de las materias primas de exportación ya había sido absorbido en costos trasladados a precios locales vino otro, esta vez de insumos y de problemas en la cadena global de suministros. Nuevamente los efectos de la pandemia en el funcionamiento de la economía mundial impactando a nivel local. Hoy existen problemas en la cadena de abastecimiento de insumos, materias primas, máquinas y herramientas, además con escasez de insumos y de logística internacional a lo que se le suma demoras en las cadenas de producción globales e incrementos de precios en origen de manera significativa. Este contexto externo crítico vuelve a presionar en los costos, que las empresas están trasladando a los precios al consumidor. Esto explica el repunte de la tasa de inflación en septiembre luego del descenso mes a mes desde abril a agosto pasado.

Costos

En una economía bimonetaria frágil, de pocas reservas disponibles, endeudada, tasa de inflación elevada y entramado productivo y laboral desarticulado, los shocks externos mencionados derivan en una mayor perturbación macroeconómica.

Para desacelerar el ritmo inflacionario, la estrategia oficial fue la heterodoxa tradicional: intervenir sobre los principales costos de las empresas, que a la vez son variables distributivas. Esto implicó ordenar el recorrido de cada una de ellas:

* El tipo de cambio, primero acompañando con rezago de un mes la tasa de inflación registrada y luego ajustando por debajo de ella.

* Las tarifas de servicios públicos, primero con un leve ajuste al alza para después congelarlas a nivel general, definiendo un sendero de subas en segmentos mayoristas.

* El precio de los combustibles, primero con una rápida recuperación de precios hasta mediados de este año, para luego congelarlo.

* Los salarios, impulsando la recuperación en términos reales en los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández, proceso interrumpido por el estallido de la pandemia. Desde entonces, los ingresos estuvieron corriendo detrás de la tasa de inflación con medidas que intentaban compensarla (bonos y reapertura de paritarias). En estos dos últimos meses, los salarios empataron o ganaron unos puntos respecto a la inflación.

* La tasa de interés, costo financiero que fue negativo en términos reales para el sector privado a partir de una deliberada política del Banco Central.

Esta estrategia heterodoxa colisionó con dos shocks externos mencionados arriba que impactaron en los costos de producción: primero, el alza de los precios internacionales de materias primas, y segundo, la escasez de insumos y problemas en la cadena global de suministros.

La intervención en el mercado de la carne fue una de las medidas oficiales para amortiguar parte del primer shock externo, con la imposibilidad política de subir las retenciones al complejo agroexportador para ampliar el desacople de precios locales de los internacionales. Ahora, el congelamiento temporario de precios de una canasta de consumo busca atenuar el segundo impacto externo, al tiempo de intervenir en una puja distributiva muy desigual.

Más balances

El reciente informe de Cifra-CTA "Algunas consideraciones sobre la inflación actual", elaborado por Pablo Manzanelli y Daniela Calvo, ofrece otras observaciones sobre balances para completar este análisis.

Menciona que un aspecto a destacar es que los elevados niveles de inflación de los primeros nueve meses de 2021 (37 por ciento, según el IPC-Indec) fueron contemporáneos a dos procesos especialmente relevantes:

1. La inflación mundial, que tuvo un capítulo especial en el elevado crecimiento de los precios internacionales de la energía, los alimentos y los minerales, que treparon en dólares 82,1, 29,4, 35,3 por ciento, respectivamente, en los primeros ocho meses de 2021 respecto a igual período del año anterior.

2. Las distorsiones en los precios relativos. Es decir, las capacidades diferenciales de formación de precios que tienen los actores económicos en el marco de la puja por la distribución del ingreso y las presiones que ejercen los precios mundiales.

Esto último se pone de manifiesto, explica el informe, con los precios mayoristas de rubros de elevada concentración económica que se incrementaron por encima de los precios minoristas y de sus derivados durante los primeros nueve meses de 2021. Por ejemplo, el índice mayorista Aceites (111,3 por ciento), Sustancias plásticas (92,6 por ciento), Cereales y oleaginosas (90,7 por ciento), Productos siderúrgicos (70,9 por ciento) y Minerales no ferrosos (54,9 por ciento).

"Como consecuencia de ello los oligopolios que lideran esas actividades registraron una recomposición significativa de sus niveles de rentabilidad", afirma el informe Cifra-CTA. Detalla los siguientes resultados de algunas de esas empresas:

* Ternium Argentina (Grupo Techint de la familia Rocca) registró utilidades netas de 40,1 por ciento de las ventas en el primer semestre de 2021, cuando en el mismo período del año anterior había anotado pérdidas contables (-1,5 por ciento). Se trata de un nivel muy superior a los registros de 2019 (10,2 por ciento). Los minerales no ferrosos, insumo básico para productos de Ternium, aumentaron 70,9 por ciento en los primeros nueve meses de 2021 respecto a igual período de 2020.

* Aluar pasó de -6,7 a 8,8 por ciento de utilidades sobre ventas en esos períodos mencionados.

El informe indica que "no se trata de casos aislados ya que el excedente de explotación del conjunto del sector privado aumentó de 48,2 a 53,1 por ciento entre el primer semestre de 2020 y 2021", de acuerdo al último reporte "Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra" del Indec. "Se trata de un aumento de 10 por ciento en el margen de ganancia, muy superior a los registros del mismo período de los últimos seis años", concluye.

Batalla política

La cámara que agrupa a los fabricantes de alimentos (Copal) emitió un comunicado rechazando el congelamiento temporario de precios. La Asociación Empresaria Argentina (AEA) difundió uno propio diciendo que "era una medida muy negativa", que así "no se resuelve el problema de la inflación" y que se desalienta de ese modo "la realización de inversiones productivas y la generación de nuevos empleos".

AEA es la expresión corporativa de la conducción política del poder económico (integrada por los grupos Clarín y Techint), que le ha declarado abiertamente la guerra al gobierno del Frente de Todos desde que Alberto Fernández decidiera no romper con Cristina Fernández de Kirchner al poco tiempo de iniciado el mandato presidencial.

Desde entonces no hay día en que no busque erosionarlo. La batalla de los precios es uno de esos frentes que la conducción política del poder económico utiliza para facilitar el retorno de otro experimento neoliberal.

La aspiración explícita que tiene es que ese eventual regreso sea tan arrollador como lo fue el menemismo luego de la debacle alfonsinista. Para ello necesitan una verdadera crisis -gatillada por una fuerte devaluación-, no la que fantaseaban para el segundo mandato de CFK que, al no producirse, provocó una inmediata resistencia social en los años del macrismo. El objetivo que no ocultan es arrasar con derechos laborales y sociales, además de ampliar sus propios negocios.

La inflación es, fundamentalmente, expresión de la tradicional puja distributiva que, como ha quedado probado, en la economía argentina adquiere una intensidad que otras no tienen. La inflación entonces no es solamente un fenómeno económico; es también político. 

Las señales en este sentido son tan transparentes que no considerarlas constituye una ingenuidad asombrosa. En ese sentido, cada parte de la coalición del oficialismo pareciera que no dimensiona lo que significa la existencia de un poder económico que trabaja para desestabilizar al Gobierno.