En el Chaco salteño el empresario Gianfranco Macri (hermano del ex presidente Mauricio Macri) impulsa demandas de desalojo contra al menos dos familias de campesinos. Los procesos se tramitan en el juzgado Civil y Comercial de Tartagal, a cargo de Griselda Nieto.

Salta/12 accedió al expediente de la demanda que el empresario sigue contra la familia Torrez, cuyos abogados pusieron a disposición de la jueza actas de nacimiento de quienes se criaron en el puesto Las Delicias, y solicitaron el reconocimiento de una ocupación de 1800 hectáreas sobre el inmueble N° 3498, del departamento Rivadavia, comprada por Macri en 2006. Esa es la misma matrícula en la cual René Segovia, de puesto El Blanco, había pedido el reconocimiento de su posesión sobre unas 1500 hectáreas y que ahora está intimado a "devolver".

Según el fallo contra los Torrez, “surge del Acta Notarial N° 99" que "Agustín María Ocampo en representación de Gianfranco Macri, en fecha 08/11/2006 (el mismo año que compró los papeles de las tierras en conflicto), solicitara a la escribana Marta Beatriz Lafuente se constituya en los inmuebles 3498 y 4377 del Depto. Rivadavia para que proceda a dejar constancia de las personas o instalaciones que existan a la fecha” en esas matrículas. Por testimonios, se hizo constar que los Torrez no estaban en ese lugar. 

En la misma acta se indica que, según pobladores del lugar, “en el paraje El Blanco esta René Tranquilino Segovia que se domicilia en Dragones y está haciendo trabajos”. Salta/12 acccedió a un resumen del fallo contra Segovia, del cual surge que en esa acta, pero en fojas anteriores, “también acredita con la copia del Acta de la Escribana Lafuente N° 99 obrante a fs. 21/22, Acta de entrega del inmueble de fs. 278/280, prueba informativa, testimonios, prueba pericial e inspección ocular que recibió la posesión de su transmítete junto con la titularidad, no acreditando los demandados (Segovia) ocupación animus domini”. Es decir que aunque los relatos de los testigos habrían valido para sentar que los Torrez no ocupaban el puesto, no valieron para dejar establecido que los Segovia sí lo ocupaban.

Del expediente de Torrez surge que hubo entre los actuantes un perito agrónomo que en su recorrida por las tierras afirmó haber visto el puesto Las Delicias en estado de abandono y sin ningún ocupante. Esta y otras pruebas producidas por la parte de Macri, le ganaron a las actas de nacimiento de los Torrez, cuyos padres vivieron allí desde 1939, además de los testimonios de otros vecinos. Se añadió que los campesinos vivían lejos del puesto (dado que sus domicilios estaban en Pluma de Pato, Tartagal o Ballivián) y para la jueza esto es suficiente para entender que ya no estaban ocupando el puesto. Aquí es necesario aclarar que muchos campesinos suelen vivir en los pueblos más o menos cercanos y vuelven intermitentemente para seguir con sus producciones, o dejan a alguien encargado, como (surge del expediente) habría sucedido al menos en este caso. Es que los servicios educativos suelen estar lejos a los puestos y esto obliga muchas veces a las familias vivir en un centro urbano cercano durante el período escolar para que sus hijos e hijas puedan acceder a estudios.

“La acción reivindicatoria se vincula con el título”

La Cámara Civil y Comercial ratificó lo resuelto por Nieto en primera instancia. En un fallo que lleva las firmas de los jueces Ricardo Casali Rey y Gonzalo Mariño, del 4 de agosto de 2020, se deja de lado el derecho a la posesión (cuya causa de reconvención, que es la que hace el demandado al contestar la demanda, fue desestimada por Nieto en primera instancia). Al explicar la “acción reivindicatoria”, los magistrados afirmaron que “se vincula con el título, con el derecho a poseer, con independencia de la posesión misma”.

Aunque del fallo de Nieto surge que el inmueble en disputa fue transferido de las firmas Las Primicias SA a Casabu SA y de allí a Gianfranco Macri, con presuntas ocupaciones (que los campesinos demandados negaron ante la Justicia), los jueces pusieron el foco de los “antecesores” de la titularidad de las tierras. En parte de los considerandos afirman que “la jurisprudencia ha entendido que quien es titular del derecho de dominio de un inmueble por haberlo adquirido de sus antecesores en dicha titularidad, puede ejercer la acción reivindicatoria aun cuando no haya ejercido personalmente la posesión”. 

Continuaron indicando que para establecer que el titular registral no es poseedor “se requiere probar que ninguno de sus antecesores tuvo jamás la posesión”. Las pruebas son los testimonios de personas que trabajaron para las empresas como encargados. Para los jueces esto resulta suficiente, dado que Macri recibió “la posesión” de las tierras “de manos de su antecesor, a través de apoderado con facultades suficientes para la celebración del respectivo acto de compraventa inmobiliaria”.

Una interpretación judicial que genera preocupación entre el campesinado del Chaco salteño porque se teme que la estrategia de titulares registrales a quienes no se los conoce en la zona y que en su mayoría tienen sus domicilios en el centro del país (Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba), accedan al beneficio de la “reivindicación” para sacar a los campesinos de sus tierras.

La marcha llegaría el 1 de noviembre

Ayer continuaba la marcha que salió el lunes desde Fortín Dragones (en el límite entre Rivadavia y San Martín) a Salta Capital encabezada por el Frente Nacional Campesino (FNC). Según se indicó, ya son 80 referentes del campesinado los que se dirigen a la ciudad de Salta en representación de unas 400 familias.

Este sábado estaban ya en Yuto (Jujuy), para continuar con la marcha. Mientras, informaron que el tramo entre Pichanal y Urundel se realizó en transporte público y otros medios de movilidad “debido al fuerte desgaste físico”, de quienes vienen marchando a pie.

“Los voceros y las voceras campesinos y campesinas se proponen llegar a la ciudad de Salta el lunes 1 de noviembre con el propósito de dialogar con el señor gobernador y lograr soluciones para las sufridas familias campesinas”, se indicó en un  comunicado al sostener que los integrantes de la pequeña producción quieren “seguir viviendo, trabajando y produciendo en los lugares donde nacieron en los puestos y parajes del Chaco salteño”.

“Abundan los problemas y precariedades en el Chaco salteño, a los años de sequías, destrucción del monte nativo y pobreza rural se suma la principal amenaza, amenaza que desvela a las familias campesinas: los desalojos judiciales y extrajudiciales en marcha. Existen elementos que hacen sospechar que los terratenientes cuentan con complicidad judicial y política. El caso emblemático del momento es el intento de desalojo de Gianfranco Macri contra don René ‘Morocho’ Segovia y familia al igual que decenas de familias de los departamento Rivadavia y San Martín”, se afirma en el comunicado.