Producción: Natalí Risso

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De la política social al empleo

Por Darío Romano (*)

Históricamente el liberalismo económico argentino planteó que el problema para la generación de empleo o la formalización del trabajo eran los “altos” costos laborales. Pregonaban como solución reducir los aportes patronales, limitar la capacidad de negociación salarial y flexibilizar los contratos laborales. Existen sobrados ejemplos en nuestra historia que demuestran que estas iniciativas, lejos de generar más empleo, aumentan la precariedad laboral y reducen el poder adquisitivo de las y los trabajadores.

Desterrar esta idea del debate público, que tan profundamente ha calado en el sentido común de nuestra dirigencia empresarial, constituye un necesario punto de partida. Ahora bien, ¿cómo generamos empleo genuino y de calidad en los próximos años?

No debemos buscar fórmulas mágicas para salir de este embrollo. La respuesta también la tenemos en nuestra historia reciente. Desde el 2003 al 2011, Argentina logró generar más de 5 millones de puestos de trabajo de los cuales el 70 por ciento fueron empleos formales privados colocando al empleo como eje central del crecimiento a través de una política macroeconómica sólida, la consolidación de las instituciones laborales (convenios colectivos, consejo del salario mínimo) e implementación de políticas de empleo y protección social de alta cobertura (inspección laboral, subsidios a desocupados, programa de empleo para jóvenes, red de oficinas de empleo nacional). También la educación para el trabajo ha sido un eje central de las políticas de empleo de aquellos años a partir de un trabajo tripartito entre sindicatos, cámaras empresariales y Estado y que resulta imprescindible para lograr competitividad a nivel mundial por la vía alta - con mayor formación y productividad de cada trabajador/a- y no a partir de la reducción del “costo salarial” de nuestra mano de obra.

Actualmente existen propuestas desde distintos sectores políticos y sociales para combatir el desempleo. Sin embargo, no existe política de empleo eficaz sin una política económica orientada a la producción y al trabajo. La reducción de contribuciones patronales no es ni mala ni buena en sí misma, depende siempre del contexto macroeconómico en el que se implemente y a partir de qué tipo de política pública se la aplica. En los años 90, cuando se redujeron las contribuciones del 33 al 23 por ciento, el desempleo alcanzó su techo histórico.

Ahora bien, si las contribuciones patronales se aplican solo para nuevos trabajadores/as con dificultades para acceder al mercado laboral (por un tiempo determinado, para empresas pyme que no registren sanciones laborales ni despidos masivos y que demuestren un aumento en la nómina de empleados/as), puede convertirse en un importante incentivo para contratar. Un ejemplo es el programa Te Sumo lanzado por el Gobierno Nacional.

También es fundamental que desde el Estado Nacional se empiece a focalizar en segmentos de la sociedad por fuera de la población joven que, si bien reviste importantes dificultades para acceder a un trabajo, no es la única. Existen universos poblacionales con similares problemáticas como mayores de 45 años con bajos niveles de calificación, jefas de hogar o trabajadores con 10 años o más sin un empleo formal. En este sentido, resulta auspicioso el Programa Registradas.

Otras de las propuestas en debate es la de Sergio Massa, sobre la posibilidad de convertir los Potenciar Trabajo en empleos registrados. Cabe aclarar en primer lugar que un importante porcentaje de las personas incluidas en el Programa realizan una contraprestación en tareas comunitarias en comedores que son esenciales en el marco de un país con un 40 por ciento de pobreza. Esto es trabajo y es trabajo genuino. En segundo lugar, un importante número de personas realizan trabajos vinculados a la economía social o popular, cuyos principios, valores y dinámica laboral difiere de los empleos generados por empresas cuya finalidad es el lucro. El potencial del programa radica en que puede significar para un gran porcentaje de la población en condiciones de precariedad laboral, una oportunidad para tener un empleo registrado con mejores condiciones. Su éxito requerirá de un fuerte involucramiento del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Productivo para lograr una efectiva intermediación laboral entre los beneficiarios y beneficiarios del Programa y potenciales empleadores. Esto implica un cambio de paradigma fundamental: pasar de la política de contención social a una política activa de empleo con un fuerte eje en el desarrollo productivo, clave para esta etapa de la economía argentina.

(*) Coordinador del área trabajo y producción del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM)

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Juntos por el despido

Por Juan Manuel Ottaviano (**)

Un día antes del cierre de campaña de las primarias, Horacio Rodríguez Larreta propuso “ir de la indemnización a un seguro” porque “en la Argentina nadie toma un empleado”. Se paró sobre la propuesta Mochila Argentina (MA) de Teddy Karagozian, a la vez inspirada en el modelo indemnizatorio austríaco “mochila de derechos”, y sobre el proyecto de Seguro de Garantía de Indemnización del diputado Antonio Stefani (JxC), técnicamente idénticos, y basados en la misma premisa según la cual ninguna empresa contrata empleados debido a los costos variables del despido.

Luego, Martín Lousteau presentaría su Fondo Nacional de Cese Laboral más similar al Fondo de Indemnización y Retiro Universal impulsado por Industriales Pymes Argentinos (IPA). Ante las confusiones, Karagozian intentaría deslindarse sin éxito de los proyectos que se pararon sobre su propuesta. Mochila Argentina tiene tantos huecos, que solo podían ser llenados con contenidos de corte neoliberal o libertario. Cayó en la trampa.

El diagnóstico que supone que los derechos de los trabajadores son los culpables de la desocupación es tan antiguo como las propias regulaciones laborales. En 1928 la Confederación Argentina de Comercio, Industria y Producción afirmaba que “...la desocupación (...) sería el primer resultado que obtendría el proletario de las leyes destinadas a beneficiarlo”, según lo reseña Héctor Recalde en el indispensable “Una historia laboral jamás contada” (2012).

La falta de ideas es centenaria. Karagozian alcanza a afirmar que la securitización del despido es “la llave para salir de la pobreza” y agrega que solucionaría el desempleo, el estancamiento económico, reduciría el gasto público, la cantidad de gente que se jubila (sic), terminaría con la imprevisibilidad, la inflación, la conflictividad y el desprestigio de la política. Semejante epopeya no podía ser soslayada.

Mochila Argentina cumple con el objetivo de diluir los costos del despido, amortizando el efecto disuasorio de la indemnización, pero nada más. El sistema castigaría a las empresas que menos despiden porque aportarían una prima baja pero considerable y financiaría los despidos de las que más recurren a la rotación, aunque pagarían una prima más alta. Contrario a lo pregonado, impone costos laborales fijos y prorratea los variables.

Mochila Argentina no explica, aunque sugiere, que el monto acumulado en el seguro constituiría la totalidad de la indemnización por despido, como ocurre en el sistema indemnizatorio de Austria (Abfertigung Neu), o si las empresas debieran completar parcialmente el monto hasta alcanzar una indemnización equivalente a un mes de salario por año trabajado. Siquiera aclara cuál es la base de cálculo para determinar la cuota que pagarían las empresas.

Los fondos austríacos (Mitarbeitervorsorgekassen o MVK) no mejoraron la movilidad de trabajadores entre empleos ni tampoco redujeron el desempleo, que se encontraba entre 4 y 5 por ciento antes de aplicar el sistema en 2003, y luego osciló entre 5 y 6 por ciento. Sí se redujeron las indemnizaciones por despido para trabajadores con contratos por tiempo indeterminado, y aumentaron las indemnizaciones de los trabajadores con contratos temporales. Austria tiene una tasa de empleos temporales de 9 por ciento. El hecho es que Austria buscaba aumentar la temporalidad laboral y financiar esas indemnizaciones, que eran especialmente bajas. En Argentina, los contratos temporales se encuentran en 8,6 por ciento y a esos trabajadores se les reconoce la indemnización por despido anticipado.

En Austria, cuando la persona trabajadora es despedida puede 1. cobrar la indemnización 2. no cobrar y mantener la inversión en el fondo 3. transferir los fondos a otro MVK. En las últimas dos opciones, los fondos permanecen en su “mochila”. Es decir, la mochila no es el derecho a cambiar de empleo y mantener la antigüedad u otros derechos, sino que es el “derecho” a no cobrar la indemnización por despido y mantener la inversión hasta el próximo. La trampa está en el nombre, en el diagnóstico y en las confusiones que atollan el debate por el futuro del trabajo.

(**) Abogado investigador de cetyd (IDAES-UNSAM).