Sentar a Cristina Fernández de Kirchner como acusada, dos años en un juicio. Sacar fotos que tengan repercusión internacional y que pudieran interpretarse como un vínculo de CFK con un hecho terrorista. En suma, pegarle un golpe a la expresidenta como líder del peronismo. Todo eso aparece en el espíritu de la apelación de la DAIA --netamente política-- a los sobreseimientos en la causa del Memorándum. Porque la organización de la comunidad judía admite que es cierto que Interpol no cambió las órdenes de captura contra los sospechosos iraníes y que nada benefició, en la realidad, a esos sospechosos, pero interpreta que CFK y el fallecido canciller Héctor Timerman le pusieron a Interpol las cosas a disposición para que beneficien a los iraníes, cosa que terminó no concretándose, no se sabe por obra de quién. En verdad, es público y notorio que el exsecretario de Interpol, el norteamericano Ronald Noble, repitió una y otra vez que todo eso es falso y que ningún funcionario del gobierno de Cristina intentó beneficiar a los iraníes, por lo que demolió desde el inicio la acusación. Nada importa: el único objetivo de la DAIA y de la oposición es que CFK se siente en el banquillo de los acusados.

El escrito de 96 páginas firmado por el titular de la DAIA, Jorge Knoblovits, parece discurrir en lenguaje jurídico, pero con pequeñas jugadas técnicas, reclama que el juicio del Memorándum se haga y que se aparte a los tres jueces del Tribunal Oral 8 --Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini-- que sostuvieron que no existe delito en el Memorándum, en esencia porque no entró en vigencia y porque Interpol afirmó -en un informe de 2020- que la Argentina dejó en claro que no cambiaba nada -desde el punto de vista de las órdes de captura de los sospechosos iraníes- con la firma del tratado.

Una y otra vez, el centro de la argumentación es que el juicio hay que hacerlo y que en todo caso se verá que sucede a lo largo de los dos años que tardarían en declarar unos 300 testigos. Hay muy poca referencia a dos casos recientes -dólar futuro y Plan Qunitas- en que una Sala de la Cámara de Casación y un tribunal oral sostuvieron que, dadas las conclusiones de sendos peritajes, no ameritaba la realización de un juicio oral porque no hubo ningún perjuicio para el Estado. En ambos casos fueron sobreseídos todos los imputados.

La DAIA deja a un costado los hechos concretos porque su objetivo parece ser la foto de CFK en el juicio. Por ejemplo, recurre a la siguiente fundamentación: no importa que el canciller Timerman le haya dicho en una carta a Interpol que la firma del Memorándum no cambiaba nada, sino que “había diálogos paralelos”, una especie de negociación extraoficial. Para colmo, esa negociación blue --se supone que manejada por políticos que no integraban el Poder Ejecutivo, Luis D'Elía, Fernando Esteche, Jorge Khalil-- tampoco cambió las cosas.

También la DAIA sugiere que valdría la pena hacer el juicio porque se puede insistir para que los dos altos funcionarios de Interpol de esa época, Noble y Joel Sollier, declaren en el eventual juicio. Sin embargo, todo el tiempo miraron para otro lado cuando la querella encarnada por dos familiares de las víctimas del atentado, buscaron, de todas las maneras posibles impedir el testimonio de Noble. Es más, la DAIA no hizo absolutamente nada, más bien acompañó, la acusación de traición a la patria contra Timerman, el primer canciller judío de la historia.

Los magistrados del TOF 8 sostuvieron en el fallo cuestionado por la DAIA que hubo dos elementos nuevos, que se produjeron en el último año y que alteraron el curso de la causa Memorándum. El primero es que se descubrió que dos camaristas, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, habían visitado en numerosas ocasiones a Mauricio Macri y que también hubo una visita de la DAIA. En la secuencia parece evidente que se discutió un plan. Primero, aceptar a la DAIA como querellante. Segundo, reabrir el expediente que había sido archivado por el juez Daniel Rafecas, también por inexistencia de delito,. El tercer paso fue darle la causa al juez Claudio Bonadio y, finalmente, procesar, con prisión preventiva, a Cristina Kirchner, Timerman y el resto de los acusados. Los jueces del TOF 8 no tuvieron en cuenta toda esa trama y dijeron que hay una causa penal en trámite por aquellas visitas a Olivos y Casa Rosada, de manera que habrá que ver en qué concluyen esos expedientes.

El segundo hecho nuevo --para los magistrados-- fueron dos informes de Interpol de junio y diciembre de 2020, en los que queda claro que las alertas rojas no se levantaron y que Timerman les notificó que el Memorándum no debía alterar las órdenes de captura. Este punto es el que tuvieron en cuenta los jueces: si no cambió nada, si el tratado ni siquiera entró en vigencia, no existió delito alguno.

Frente a esos argumentos, la DAIA afirma que ya se sabía que las órdenes de captura siguieron vigentes, que ese no es un hecho nuevo, y que por lo tanto el juicio hay que hacerlo igual. El punto es siempre el mismo: hay que sentarla a Cristina en un juicio y, se supone, sacarle todas las fotos posibles.