La ley de agricultura familiar fue aprobada por unanimidad en Diputados y Senadores en diciembre de 2014. Sin embargo, la reglamentación y aplicación efectiva sigue esperando. Diferentes organizaciones de la agricultura popular se reunieron con el ministro de Agricultura y Ganadería, Julian Dominguez, para discutir la implementación de la ley. También estuvo el titular de la Secretaría de Agricultura Familiar, Miguel Gómez.

Uno de los objetivos principales de la norma es multiplicar el número de productores de alimentos en todas las provincias, reducir la intermediación y concentración del canal comercial y llegar con precios accesibles a los consumidores. Frente a la suba de precios de los alimentos y las medidas de urgencia para frenarla, la necesidad de empezar a transformar el esquema de producción y comercialización se torna urgente. Dos aspectos centrales de la ley son la creación de un banco de tierras para la agricultura familiar, mediante el cual el Estado organice y ponga a disposición de productores tierras fiscales, y la generación de un centro de producción y distribución de semillas.

Hipolito Madariaga es militante del frente agrario Evita, la UTEP y el consejo nacional de agricultura familiar. En relación al banco de tierras, cuenta que "es fundamental para que el agricultor y la agricultura sea soberano también en su tierra. Tenemos la posibilidad, con este ley, de ir pagando esas tierras en algún programa de 20 o 30 años y poder planificar ahí una vida digna y, lógicamente, generar trabajo para más familias".

Gómez explicó que "la reglamentación permitirá iniciar un camino para democratizar la economía, para desconcentrar y potenciar la agricultura familiar, campesina e indigena y la pesca artesanal, como proveedores de alimentos básicos en la producción y comercialización. Debemos desconcentrar la producción y trabajar fuertemente para que ningún productor deje la tierra. Debemos pensar una producción de alimentos sanos y accesible y que además cuide el ambiente".

Mercedes Taboada es militante del movimiento nacional campesino indígena-vía campesina. Señaló a este medio que durante la reunión con el ministro se analizaron los puntos de la ley que contemplan reclamos históricos de las organizaciones campesinas. "El paro a los desalojos; los fondos rotatorios, que son créditos blandos manejados por las organizaciones en forma rotatoria que tienen como objetivo desarrollar un incentivo que permita sostener la producción, garantizando las necesidades básicas de las familias productoras de alimentos; la comercialización de la producción; el arraigo, que tiene que ver con mantener a los productores en sus territorios pero brindarles acceso a las necesidades básicas como la salud, la educación, la conectividad y que nuestros hijos puedan quedarse en los campos a seguir produciendo pero con oportunidades como todos. Además, de esa manera, se daría una vuelta al campo de los que fueron desalojados y no se engrosarían más las periferias. Si tenemos las mismas oportunidades eso es posible. Estamos convencidos de que somos la verdadera alternativa para alcanzar la soberanía y la seguridad alimentaría”, mencionó.

 “El ministro -continuó- dijo que trabajará para que sea reglamentada lo antes posible y conseguir el presupuesto para hacerla viable. Es importante trabajar en conjunto para que los ejes más urgentes se conviertan en una política pública para el sector”, agregó Taboada.

Madariaga remarcó que la reunión fue importante, no solo porque se están definiendo detalles finales de reglamentación, sino porque "el hecho de que el gobierno se siente a dialogar muestra la importancia del rol productivo que tenemos en todo el país y que también tuvimos durante la pandemia. Ahora queremos duplicar la producción en la medida que tengamos políticas públicas que nos respalden".

Según afirma el dirigente, las organizaciones de la agricultura familiar tienen la capacidad para que el Estado les compre de manera directa. "Eso nos puede dar una salida al problema de que la producción se paga muy poco y llega a las góndolas a precios muy altos. Articular políticas de comercialización es urgente y achicar la cadena y generar circuitos cortos: mercados de cercanía y abastecimiento local es una opción. Para que los alimentos sean más accesibles y el pueblo tenga seguridad alimentaria", reclamó.

Roberto Solano, de la Federación Nacional Campesina, comentó sobre la reunión: "Vemos como algo positivo que el ministro a tan poco tiempo de asumir nos haya recibido. Necesitamos que la ley tenga sus propios fondos y reglamentarla es importante porque tiene cosas fundamentales como el acceso a la tierra y la comercialización. Nos sirve que la red esté reglamentada y tenga presupuesto para que todo lo que tenga se ejecute en tiempo y forma".

También se pidió por la prórroga de la ley 26.160. Esta ley declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país y suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objetivo sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupan. La finalización de esta ley dejaría a las comunidades sin resguardo ante la posibilidad de ser desalojadas. Taboada mencionó que “se ha prorrogado anteriormente y volvemos a pedirlo".

Las organizaciones acordaron tener otra reunión a fin de año con Dominguez para seguir avanzando con la instrumentación de la ley.