Chile conmemoró este lunes el segundo aniversario de la histórica marcha de más de un millón de personas en Santiago durante el estallido de 2019 y un año del plebiscito en el que más de un 78 por ciento de los votantes apoyó cambiar la Constitución heredada de la dictadura (1973-1990). Dos demostraciones de fuerza ciudadana que, pacífica e institucionalmente, lograron iniciar cambios profundos en una sociedad que se levantó contra la desigualdad, tras protestar contra un Estado ausente en temas sociales y criticar un modelo de grandes éxitos macroeconómicos del cual solo se benefició una élite empresaria y política.
En el marco de esta fecha histórica para los chilenos, Naciones Unidas denunció que siguen registrándose violaciones a los derechos humanos en el país y los resultados en materia de rendición de cuentas siguen siendo "inciertos". El 18 de octubre de 2019, la ciudadanía tomó las calles para pedir salud universal, educación pública de calidad y pensiones dignas en un país donde se impuso durante la dictadura de Augusto Pinochet un plan de corte neoliberal que agudizó las diferencias sociales.
Tras semanas de multitudinarias marchas en todo el país, salpicadas por violentos incidentes que incluyeron incendios, saqueos y una feroz represión policial, el 25 de octubre de 2019 alrededor de 1,2 millones de personas acudieron al centro de Santiago sin convocatoria previa para participar en la que se convirtió en la mayor protesta desde la vuelta de la democracia, una jornada pacífica de rechazo al gobierno del derechista Sebastián Piñera.
Cuentas pendientes
Las movilizaciones de 2019, que dejaron más de 30 muertos y acusaciones internacionales de violaciones a los derechos humanos en la represión de las fuerzas de seguridad, derivaron en la convocatoria de un plebiscito para cambiar la Constitución como salida institucional a las protestas, el cual se realizó justo un año después de aquella marcha, el 25 de octubre de 2020. Un abrumador 78 por ciento votó a favor de cambiar la Carta Magna.
"Chile muestra algunos avances, pero debe profundizar sus esfuerzos para abordar las violaciones y abusos cometidos a fines de 2019", recordó este lunes un comunicado de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), que tras realizar una misión técnica en noviembre de hace dos años, elaboró un informe para realizar un seguimiento a la implementación de sus recomendaciones.
Jan Jarab, representante de ACNUDH en América del Sur, dijo que si bien valoran los esfuerzos, "persisten obstáculos en el acceso de las víctimas a la justicia, reparación y garantías de no repetición, entre otros derechos fundamentales". También recordó que el derecho de reunión pacífica sigue regulado por un decreto supremo que data de la época de la dictadura.
En el informe presentado el lunes, el organismo internacional denunció un "uso inadecuado de cartuchos lacrimógenos y carros lanza aguas contra las personas" y subrayó casos en los que funcionarios del cuestionado cuerpo policial de Carabineros "no prestaron asistencia a personas heridas".
También constató "hostigamiento y violencia contra brigadistas de salud, personas observadoras de derechos humanos y periodistas" durante las marchas, que se han reactivado a propósito del segundo aniversario del estallido y que estuvieron suspendidas durante los meses más duros de la pandemia. "Aunque pueda ser incómoda para la autoridad, la labor de las personas defensoras de derechos humanos es imprescindible y debe de ser protegida", agregó al respecto Jarab.
Sobre acceso a la justicia, la ONU saludó los esfuerzos del Ministerio Público para fortalecer su capacidad para abordar los casos, pero apuntó que "los avances son insuficientes en la mayoría de las investigaciones", ya que apenas hay condenas contra agentes por violaciones a los derechos humanos. También señaló que los programas de apoyo a las víctimas de la violencia policial presentan "limitaciones que no garantizan una reparación integral" y constató "una falta de reconocimiento de la responsabilidad del Estado y una ambivalencia en el discurso público" sobre los abusos de las fuerzas de seguridad. "Observamos en las víctimas una sensación generalizada de desamparo", concluyó Jarab.
Cambio en construcción
"Hace dos años, más de un millón de personas marcharon pacíficamente para exigir el fin de la desigualdad. Hace un año, por primera vez en nuestra historia, se le preguntó a la ciudadanía si quería o no una nueva Constitución. Hoy, estamos cambiando el rumbo de Chile", aseguró en redes sociales el escritor chileno Jorge Baradit, uno de los 155 miembros de la Convención Constituyente, encargada de redactar la nueva Carta Magna chilena.
El resultado del plebiscito supuso la creación de esta convención, que desde el cuatro de julio de 2021 sesiona (por nueve meses prorrogables por tres más) para crear un texto fundamental que recoja todas las demandas que gritaron los chilenos hace dos años en las calles de todo el país.
Ese texto tendrá que ser validado por la ciudadanía de nuevo en otro acto democrático a través de un plebiscito de voto obligatorio. "Hace un año votamos por una nueva Constitución, hoy la estamos escribiendo", destacó en ese sentido la bióloga y hoy constituyente Cristina Dorador.
En el marco del primer aniversario del triunfo del Apruebo, la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, anunció que el martes presentará un proyecto de ley que crea una comisión de la verdad que revise prisiones abusivas y otros hechos registrados durante el estallido de 2019. La propuesta de Provoste llega tras confirmarse la postura del gobierno de Sebastián Piñera, a quien le quedan semanas en La Moneda, contra el proyecto de indulto a los denominados presos de la revuelta.
