“Es lo mismo de siempre, corazón, lo único que espero es que los culpables paguen finalmente por lo que hicieron”. Con la ternura y la esperanza de siempre, Raquel Gazanego le dijo a Página/12 que quiere que la Justicia condene a los nueve policías acusados por la Masacre de Wilde, ocurrida hace más de 27 años. Hubo persecución, 200 disparos, cuatro muertos, entre ellos el vendedor de libros Edgardo Cicutín, esposo de Raquel, todo por un “lamentable error” policial. Este martes se hará la “audiencia preliminar” con vistas al demorado juicio oral y público.

“La audiencia se hará 10.152 días después (del hecho), es decir que pasaron 27 años, nueve meses y 16 días”, precisa Gazanego, que cada semana recuerda a los periodistas la vigencia de la impunidad policial en un caso emblemático de gatillo fácil.

“Espero que lleguemos al final de la audiencia preliminar con una fecha para el juicio oral. Yo pido siempre lo mismo, una justicia justa y cárcel para los culpables de fusilar a Edgardo y a las otras víctimas”, insiste Gazanego, quien será acompañada por su abogado, Ciro Anniciarico.

En la audiencia, convocada por el Tribunal Oral 3 de Lomas de Zamora, las partes expondrán sus argumentos y el nombre de sus testigos. Pasó tanto tiempo, que habrá que hacer una ardua tarea para ubicarlos y citarlos a declarar.

Los policías, que pertenecían a la Brigada de Investigaciones de Lanús, están acusados por el delito de cuádruple homicidio y por la tentativa de homicidio del único sobreviviente. El hecho ocurrió el 10 de enero de 1994 en Wilde, partido de Avellaneda. Fueron asesinados en forma alevosa el remisero Norberto Corbo y los dos pasajeros que iban en su Peugeot 505, Claudio Mendoza y Héctor Bielsa. Las otras víctimas se movilizaban en un Dodge 1500: el vendedor de libros Edgardo Cicutín, fallecido, y el conductor del vehículo, Claudio Díaz, sobreviviente.

El hecho ocurrió en plena vigencia de la “maldita policía” bonaerense, encabezada entonces por el fallecido comisario Pedro Klodczyck. Uno de los jefes de la Brigada era Juan José Ribelli, imputado y luego absuelto en el juicio por el atentado contra la AMIA.

Según la versión de los policías, desvirtuada por las pruebas reunidas en la causa, las víctimas fueron perseguidas y acribilladas por ser supuestos responsables del robo a una sucursal del Banco Galicia. Otra de las versiones falsas, a la que apelaron después, fue que en uno de los automóviles transportaban cinco kilos de cocaína. Los policías actuaron vestidos de civil y en autos sin patente ni identificación como móviles de una fuerza de seguridad.

Los policías que llegan a juicio son Roberto Mantel, Osvaldo Lorenzón, Eduardo Gómez, Pablo Dudek, Marcelo Valenga, Marciano González, Julio Gatto, Hugo Reyes y Marcos Rodríguez. Este último es el único que se encuentra detenido.

En instancias anteriores del proceso, todos los nombrados fueron absueltos. En el ataque, donde se utilizaron armas cortas y largas, incluyendo ametralladoras, también participaron los policías César Córdoba y Carlos Saladino, ya fallecidos. Marcos Rodríguez, el único policía preso, estuvo prófugo hasta que fue detenido en 2014 en la ciudad cordobesa de La Falda. Está en prisión por haberse negado a la acción judicial y por la sospecha de que puede volver a escapar.

Después de un largo proceso judicial, lleno de trabas y chicanas, la Suprema Corte de Justicia bonaerense ordenó en 2014 que se hiciera el juicio oral. La audiencia preliminar se iba a realizar en marzo de 2020, pero todo se fue dilatando hasta hoy. “Lo que espero es que los defensores no pongan más palos en la rueda de la Justicia y se pueda realizar el debate de una vez por todas”, recalcó Raquel Gazanego.