El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario, Miguel Moreno, le imputó a los empresarios los delitos de "estafa, defraudación y balances falsos". Además, el próximo jueves, pedirá la prisión preventiva de algunos de los directivos de la agroexportadora. 

Los cargos, por la estafa cometida contra bancos extranjeros y contra acopiadores de cereales, en el marco de una causa paralela a la del concurso de acreedores, a cargo del juez Fabian Lorenzini, contemplan hasta 50 años de prisión. 

El fiscal Moreno definió las maniobras de Vicentin como "una puesta en escena de una empresa solvente y confiable" a partir de la aprobación de balances falsos para acceder a créditos internacionales y de celebrar contratos de compra y venta cuando ya no contaba con los fondos para hacer frente a los pagos. 

Los 14 imputados son Daniel Néstor Buyatti (presidente de Vicentin), Alberto Julián Macua (vicepresidente), Roberto Alejandro Gazze (director financiero), Máximo Javier Padoan, Cristián Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin y Yanina Colomba Boschi, Raul González Arcelus, Omar Adolfo Scarel (síndico) y Miguel Vallazza.

Buyatti fue imputado, además, por el delito de apropiación indebida de tributos, y junto al resto de los directivos está acusado de estafa contra el Banco Macro, una de las instituciones financieras locales afectadas por las maniobras de la empresa, junto con los bancos Nación y Provincia de Buenos Aires.

El juez que interviene en el caso, Román Lanzón, deberá decidir pasado mañana si dicta la prisión preventiva de algunos directivos, medida que será solicitada por el fiscal, quien considera que pueden alterar el proceso.

Al concluir la audiencia de la jornada, el fiscal Moreno señaló que "si bien la pena contemplada por estafa es de seis años, por la acumulación de delitos imputados estamos en condiciones de pedir la pena máxima, que son hasta 50 años". 

Entre los directivos de Vicentin, sólo Máximo Padoan hizo declaraciones al retirarse del tribunal y manifestó su "desconcierto" por la imputación.

La investigación por la estafa en Vicentin

Las imputaciones son el resultado de una investigación que duró casi un año y medio. Tras la presentación del fiscal, se pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves, cuando los defensores de los imputados harán su descargo. La investigación de la fiscalía consta de 36 millones de archivos electrónicos.

Además de las diligencias de los principales acreedores y bancos perjudicados, la semana pasada el Banco Nación pidió que se investigue a la consultora que auditaba los balances de Vicentin, dados los elementos que permitieron deducir la falsificación  de los balances, aún cuando los auditores adujeron que la caída de la empresa en 2019 fue una crisis que arrastraba desde años anteriores.

La investigación de Moreno sostiene que la actividad desarrollada por los representantes del órgano de dirección y fiscalización de Vicentin permitió celebrar "contratos de compra venta y recibir mercadería, sabiendo y conociendo la imposibilidad de afrontar los pagos de la misma".

A los imputados se les atribuye haber confeccionado, aprobado y utilizado los balances anuales, cerrados en octubre de 2017 y en octubre 2018, que contenían información financiera falsa para ocultar el verdadero pasivo de la empresa.

La fiscalía sostiene que también confeccionaron y presentaron ante los bancos internacionales informes trimestrales falsos correspondientes a los períodos enero 2017, abril 2017, julio 2017, enero 2018, abril 2018, julio 2018, enero 2019, abril 2019 y julio 2019.

Esos informes exhibían una aparente sólida situación patrimonial "con el fin de ocultar su realidad económica financiera, engañar a las entidades financieras y, así, provocaron bajo error disposiciones patrimoniales que superan los US$ 500 millones en virtud de líneas de créditos acordada".
Los bancos extranjeros y firmas locales perjudicadas

El fiscal Moreno definió las maniobras de Vicentin como “una puesta en escena de empresa solvente y confiable”, a fin de generar confianza en los productores, vendedores de granos, acopios, cooperativas y corredores, “quienes, engañados, entregaron toneladas de granos bajo la modalidad de contratos con precio a fijar, con el pleno conocimiento de los directores y síndicos de la imposibilidad de cumplir las obligaciones asumidas”.

Los bancos extranjeros denunciantes son la Corporación Financiera Internacional (CFI, del Grupo Banco Mundial); los holandeses Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V., Coöperatieve Rabobank U.A e ING Bank; y Natixis New York Branch, de Estados Unidos.

Entre la firmas locales afectadas, el fiscal identificó a Cuatro Hojas S.A, Olzen Industria y Comercio de Calzados S.A., Maniagro S.A., La Clementina S.A., Commodities S.A, a las cuales ofrecieron mejores precios que la competencia y plazos muy superiores para fijar precio.